Publicado el 30 de junio de 2014

Absoluto silencio del gobierno por comprobados hechos de corrupción

El Alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez Pedraza, no se pronuncia para encarar las denuncias sobre contrataciones irregulares de jóvenes que no llenan requisitos. En Tránsito la respuesta de su Director, Rafael Horacio Núñez Latorre, es tenue y complaciente.

Luego que el periódico Vanguardia Liberal hiciera serias denuncias sobre nuevos hechos de corrupción al interior del actual gobierno de la capital santandereana, el autollamado “Alcalde Social” Luis Francisco Bohórquez Pedraza, ha mantenido un mutismo total que pareciera aceptar lo que es denunciado.

Mientras tanto, el director de Tránsito, Rafael Horacio Núñez Latorre, ‘untado’ en la contratación de personas sin el lleno de los requisitos, apenas acató a aceptar que no sabe qué pasó en un contrato firmado por él, donde la persona contratada no cumple con las exigencias para la ocupación del cargo.

HECHOS

Según la denuncia periodística, el gobierno de la capital de Santander (Alcaldía y Dirección de Tránsito) han  contratado desde tiempo atrás a través de contratos de prestación de servicios, llamados CPS, a jóvenes estudiantes o recién egresados “cuyas obligaciones y responsabilidades no parecen guardar relación con la poca experiencia de sus hojas de vida”.

Son contratos hechos a la medida del contratista, adecuados al perfil de la persona amiga que contratan, pero no a una necesidad real de la administración. “Son estudios previos y perfiles acomodados. Se ve que los contratos se ‘confeccionan’ y no que realmente el municipio tenga una necesidad que se deba cubrir”, afirmó un abogado experto en contratación estatal consultado por el periódico.

Las contratadas son familiares de exfuncionarios del gobierno local, de dirigentes políticos cercanos a los directores que aceden a contratarlas. Caso concreto, el de Deisy Dayán Burgos, quien ha tenido contratos paralelos vigentes en la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, pero no cumple con las exigencias para ser contratada.

Para la Dirección de Tránsito se solicitaba una persona que hubiera terminado estudios de Derecho o que se encontrara en último año de carrera, sin embargo Daisy Dayán Burgos solo cursó hasta octavo semestre de Derecho en la UNAB y adelantó dos horas semanales de inglés en noveno semestre. Pero después de 2013 no volvió a estudiar Derecho.

El periódico que adelantó la investigación, le preguntó a Rafael Horacio Núñez Latorre, Director de Tránsito quien firmó el contrato, por qué vinculó como estudiante de Derecho a una persona que no tiene esta condición. Núñez Latorre respondió que “lo que nosotros miramos es que cumpla con el requerimiento de al menos octavo semestre, porque significa que está estudiando. Si terminó o no ha terminado los estudios no sé qué habrá pasado, porque eso no se mira en el contrato”.

Si “eso no se mira en el contrato” entonces ¿por qué lo exigen en el Pliego de Condiciones?, se pregunta un abogado experto en contratación estatal, consultado por periodicoportada.com. Otro experto sostiene que “no podían contratarla. “Se pide un estudiante de último año y ella dejó de serlo. Además, hay una falsedad en la hoja de vida, pues ella afirma que terminó 10 semestre de Derecho y eso no es cierto”. Pese a estas irregularidades que violentan el Código Único Disciplinario por parte del contratista, Daisy Dayán Burgos fue contratada de nuevo por el Director de Tránsito en enero de 2014. (Ver contrato).

REACCIONA EL CONCEJO

Ante la pasividad de los funcionarios comprometidos, el Concejal del partido ASI, John Jairo Claro Arévalo, reaccionó y exigió pronunciamientos claros y precisos sobre lo ocurrido: “La ciudad necesita explicaciones. Este es un hecho que hay que entrar a mirar a fondo y la Alcaldía tiene que entrar a desmentir o a explicar por qué se están haciendo contrataciones de ese tipo”, dijo a la prensa el Corporado.

Piensa que la falta de un pronunciamiento oficial por parte de los funcionarios comprometidos, “deja en el ambiente la idea que algo raro está pasando”.

Indica que el bumangués del común, ante el silencio, “podría pensar que hay tráfico de influencias y que no importa cuánto se esfuerce no va a conseguir un cargo acorde a su perfil en lo público”.

Por su parte, la Concejala Sandra Pachón de Cambio Radical, insistió que la contratación irregular del municipio y la Dirección de Tránsito “no es coherente que los niveles salariales no sean proporcionales a los niveles académicos de los empleados del Municipio”.

El Vicepresidente del Concejo, Raúl Oviedo Torra, advirtió que no es posible que con los esfuerzos normativos para acabar las ‘corbatas’, “estas figuras no se puedan seguir dando en Bucaramanga, es necesario mayor control por parte del mismo gobierno local, así como más responsabilidad del personal contratado”.

¿DÓNDE ESTÁ EL CONTROL POLÍTICO?

Luego de varios días de haberse descubierto la ‘cascada’ de contratos irregulares a mujeres con cercanías a dirigentes políticos, el Concejo de Bucaramanga no han hecho un pronunciamiento oficial sobre su real participación en el control político que está obligado a ejecutar para que actos de corrupción no ocurran al interior de las oficinas del gobierno local.

El presidente de la corporación, Édgar Suárez, quien en el pasado se destacó por su beligerancia para denunciar hechos irregulares en el gobierno, ahora solo atina a decir que la contratación de niñas influyentes alrededor del alcalde “es preocupante” y solicitó al gobierno que hiciera un estudio “para determinar el personal de planta” (¿?). Ese estudio previo es una obligación del contratante y debe exteriorizarse en el Pliego de Condiciones.

El presidente Suárez le dijo a la prensa que este “es un problema que viene de tiempo atrás y radica en que no se ha hecho un estudio para determinar cuál es el personal de planta que debe estar y las prestaciones de servicios que deben existir”.

Ante esta reacción del Concejal Edgar Suárez, entendidos en contratación se interrogan sobre los parámetros que sigue el gobierno local de Bucaramanga (incluidos Institutos y Direcciones descentralizadas) para contratar a su personal, “parámetros que al parecer son de tipo político para beneficiar a sus amigos del partido Liberal”.

De la totalidad de concejales de Bucaramanga, solo John Jairo Claro Arévalo el representante del partido ASI, anunció que solicitará una relación de todos los contratos de prestación de servicios, que están activos con el perfil del cargo, su objeto y el salario, para entender (si es que se entiende) los criterios con los que se adjudicaron dichos contratos. “Aquí hay que sacar promedios de sueldos y mirar si existen cargos iguales con diferentes pagos, porque esto es algo que realmente preocupa”, sentenció.

¿Y LOS ENTES DE CONTROL?

La pereza laboral de los funcionarios públicos en los órganos de control de Santander y en especial de Bucaramanga, es latente y en momentos hasta “descarada” como lo indican abogados bumangueses.

Las denuncias periodísticas son graves, por cuanto van en contravía al Código Único Disciplinario e incluso al Código Penal, sin embargo en Bucaramanga, las Procuradurías (Provincial y Regional) y la Fiscalía no actúan si no reciben un escrito directo de alguien que denuncie, porque nunca tienen en cuenta las denuncias públicas de los medios de comunicación, que por Constitución Política, están en la obligación de iniciarlas de oficio. Incluso cuando reciben denuncias que involucran a funcionarios públicos de cierta relevancia, que involucra como en este caso al alcalde y uno de sus funcionarios de segundo orden, reciben la queja para ‘engavetarlas’, con lo que se violan principios legales que exigen el esclarecimiento de cualquier hecho que vaya en contravía a las normas legales y constitucionales. 

JAIME ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ OTRA VEZ EN LA MIRA

Ordóñez Ordóñez quien durante su paso como Secretario General de la Gobernación de Santander de Horacio Serpa Uribe, fue involucrado en distintas investigaciones de periodicoportada.com, por contrataciones irregulares que nunca tuvieron eco en la Procuraduría Regional, vuelve a estar en el ‘ojo del huracán’, como Secretario Administrativo del gobierno del alcalde “Lucho” Bohórquez.

Ordóñez, en una primera citación debía responder ante la plenaria del Concejo por los cuestionamientos en la contratación, sin embargo no lo hizo y solicitó hacerlo por escrito, porque para los Concejales prima más el Mundial de Fútbol que buscarle solución a los problemas ciudadanos. En esa oportunidad los Corporados no recibieron las aclaraciones de Jaime Ordóñez porque “había afán para poder ver el Mundial”, según lo dicho por el presidente Édgar Suárez.

Jaime Ordoñez Ordoñez, respondió a los medios que no existen irregularidades en la contratación del personal: “Tenemos una planta de personal mínima, por lo que se hace necesario complementarla con personal CPS que está dedicado a labores específicas. Ya estamos analizando un ajuste a la planta de personal, situación que ya estamos discutiendo con los sindicatos de la alcaldía”.


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