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Publicado el 01 de noviembre de 2017
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A juicio gobernador de Norte de Santander

La Fiscalía lo acusa de dilapidar $6.000’000.000, en un contrato de suministro de materiales pétreos, donde al parecer, se violaron los principios de contratación
pública lo que causó un detrimento al departamento.


El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, no aceptó los cargos que la Fiscalía General de la Nación le imputó ante la magistrada Martha Patricia Trujillo Quiroga. Los argumentos presentados por el mandatario, llevaron al Tribunal Superior de Bogotá a descartar su medida de aseguramiento.

Los delitos que se le atribuyeron a Villamizar fueron peculado por apropiación y contrato sin requisitos legales, por haber celebrado un contrato de suministro de materiales pétreos por cerca de $6.000’000.000, en el cual al parecer, se vulneraron los principios de contratación pública y causaron un detrimento al departamento.

Al salir de la audiencia Villamizar ofreció una entrevista en la que reiteró que es inocente, “que los materiales de ese contrato fueron entregados, ejecutados y están sirviendo a las vías del departamento"; recalcó que la Contraloría General de la  República revisó el contrato 2083 del 14 diciembre de 2009, luego fue archivado. Después de la revisión, la conclusión de esta entidad era que no había detrimento.

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De acuerdo con la investigación, durante la celebración del contrato la administración departamental, en cabeza de William Villamizar, “no observó los requisitos legales para llevar a cabo el convenio mencionado y tan sólo dejó un oferente para la suscripción de dicho documento”.

Sin embargo, el mandatario de los nortesantandereanos se defiende al asegurar que el caso también fue estudiado por la Procuraduría General de la Nación, que consideró que no había ninguna situación disciplinaria. Y agregó que los contratos están completamente terminados y liquidados. Villamizar dijo que iba a demostrar en el juicio que viene que "hicimos las cosas bien, con apego a la ley" y pronosticó que van a salir "airoso e inocente".

LO QUE DICE LA FISCALÍA

El ente acusador señaló que “el contrato se suscribió entre Wilder Carrillo Mendoza, Secretario de Infraestructuras del departamento, y Pedro Antonio Silva, propietario del establecimiento de comercio ‘Triturador La Roca’, por un valor de $4.003’740.000”.

De acuerdo con la entidad, la Secretaría de Infraestructura del departamento tenía la obligación de remitir los presupuestos, diseños, localización de canteras y precios unitarios del contrato entre ambas partes. Sin embargo, “a la hora de ejecutar el contrato, la Fiscalía encontró que la administración departamental no tenía definidas las actividades propias del mismo, ni la forma en que sería ejecutado el proyecto”.

En medio de la diligencia judicial, el fiscal del caso reveló que una de las irregularidades presentadas en el contrato se evidenció en “la compra desmedida de material para llevarse a cabo dicha obra”. Incluso, según el fiscal, la administración departamental meses después “llegó a celebrar una adición a dicho contrato por un valor de $2.000’0001.666”. Para el fiscal del caso, la responsabilidad de Villamizar Laguado es “relevante en los hechos, ya que él estaba obligado a seguir el curso del contrato”.

Así mismo, el fiscal del caso reveló que “la administración departamental en cabeza de Villamizar Laguado, no definió la necesidad específica a suplir, ni registró un verdadero proceso de selección del contratista, que garantizara la transparencia de la obra”. Así como “tampoco garantizó la asignación de recursos en iguales circunstancias y permitió que terceros se hicieran cargos de las obras, cuando no debía fomentarse de esa manera”. La fecha del juicio contra el gobernador de Norte de Santander, no ha sido definida.

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