Publicado el 24 de septiembre de 2014

Los abusos del Ejército de Colombia

Después de mantener retenido por 13 días a joven que se declaró objetor de conciencia,
debió dejarlo en libertad y entregarle su libreta militar.

Un nuevo error administrativo por parte del Ejército de Colombia, acaba de ser corregido por un fallo de la Corte Constitucional, al obligar a la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército y al Distrito Militar 34 de Barrancabermeja, desincorporar del servicio militar obligatorio a un joven que al momento de su reclutamiento se declaró objetor de conciencia.

Jhonatan David Vargas Becerra, de 19 años de edad, después de permanecer 13 días privado de la libertad en el Batallón Nueva Granada de Barrancabermeja, por el presunto delito de deserción, quedó en libertad, luego que la Corte Constitucional que encontró válida las razones de formación religiosa que adujo al momento de ser reclutado.

Para la Corte, se debe respetar por parte del gobierno a través de sus Fuerzas Militares, los derechos fundamentales de la libertad de conciencia y a la libertad de cultos y de religión, los que no fueron tenidos en cuenta por el comando del batallón Antiaéreo Nueva Granada de Barrancabermeja, pese a que el joven manifestó desde un comienzo que por su formación religiosa se negaba a empuñar un arma y recibir el correspondiente entrenamiento para su  manejo.

EL ABUSO MILITAR

La odisea que tuvo que soportar Jhonatan David Vargas Becerra, inició el 16 de marzo de 2013, cuando el entonces estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Industrial de Santander, sede Barrancabermeja, se presentó al Distrito Militar Nº 34, con el fin de definir su situación militar.

Vargas Becerra certificó que adelantaba estudios universitarios, lo que de acuerdo con la Ley implica el aplazamiento del servicio, sin embargo fue reclutado y enviado a una guarnición militar del departamento de Tolima y de allí al Batallón Nº 28 Bochica con sede en Puerto Carreño, departamento de Vichada.

El estudiante de Ingeniería Industrial fue amedrentado por sus superiores, que lo amenazaron con abrirle procesos penales por insubordinación y desobediencia, cuando nada de esas amenazas eran ciertas.

BATALLA JURÍDICA


La familia de Jhonatan David Vargas Becerra ante el reclutamiento abusivo, inició una batalla jurídica para que prevaleciera su derecho de objetor de conciencia. Las acciones se iniciaron con la presentación de una Acción de Tutela ante el Tribunal Administrativo de Santander el pasado 25 de abril, contra el Ministerio de Defensa Nacional y el Comandante del Batallón Bochica, para  amparar los derechos a la libertad religiosa y de cultos, a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander declaró improcedente dicha la Acción de Tutela.

Luego de este intento fallido, el 16 de junio de 2013, ante el Defensor del Pueblo de Vichada, se firmó un acta en la que Vargas Becerra confirmaba que no asistía al acto de juramento de bandera, por lo que ese mismo día, salió con permiso, para regresar al 30 de junio.

Vargas Becerra regresó al seno de su familia en Barrancabermeja. Sus familiares determinaron que no tenía por qué regresar al batalló Bochica, para que continuara con sus estudios universitarios, sin descuidar el proceso penal iniciado.

SEGUNDO ABUSO DEL EJÉRCITO

Debido a que el estudiante no regresó al batallón, el 30 de abril de este año el Juzgado 63 de Instrucción Penal Militar expidió orden de captura en su contra por el delito de deserción; mientras se iniciaba el proceso militar, el Consejo Superior modificó el fallo del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, que había negado la tutela presentada por la familia de Vargas Becerra en la que se solicitaba que prevaleciera su derecho de objetor de conciencia. Para ello,  solicitaron a los magistrados de la Corte Constitucional que la sentencia fuese tenida en cuenta  para revisión. Sin embargo, un pronunciamiento de la justicia penal militar confirmaba la orden de captura contra el joven estudiante, orden que fue ejecutada por la Policía el 14 de septiembre cuando Jhonatan David Vargas Becerra salía de la universidad. Una vez capturado lo dejaron a disposición del comando del Batallón Nueva Granada, donde permaneció aprehendido durante 13 días, cuando la Corte Constitucional se pronunció e hizo valer su derecho de objetor de conciencia y ordenó al Ejército su desincorporar de las filas.

¿HABRÁ DEMANDA?

Para abogados constitucionalistas, los errores cometidos por el Ejército de Colombia en contra de los objetores de conciencia son frecuentes, errores que debe pagar el Estado, si es instaurada una demanda ante las altas cortes colombianas.

Los abogados consideran que en caso de que se presente una demanda por los abusos cometidos contra Jhonatan David Vargas Becerra y esta salga favorable a la víctima, el Estado deberá desembolsar lo que ordene el fallo y luego revertirlo para que este tenga efecto en contra de los militares que ordenaron el reclutamiento a sabiendas de que era ilegal.

LA LEGALIDAD DESCONOCIDA

Según la Corte Constitucional ningún colombiano debe ser obligado a prestar el servicio militar. La sentencia C -728 de 2009 aclara que las personas que no desean entrar en las fuerzas armadas pueden declararse ‘objetores de conciencia’; es decir, argumentar las razones psicológicas o religiosas por las cuales no desean prestar el servicio.

Una persona que no desea prestar servicio militar tiene derecho a explicar sus razones. La sentencia C -879 de 2011 , señala que en las “compilaciones”, mejor conocidas como “batidas”, los jóvenes que al momento de ser detenidos por hombres del ejército y no tengan su libreta militar, deben ser citados para que se presenten a un distrito militar con la documentación o disposición  para prestar el servicio. “Solo puede ser retenido de manera momentánea mientras se verifica tal situación y se inscribe (…) no puede implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares”, según el pronunciamiento de la corte.

Es “ilegítimo” que lo jóvenes sean reclutados a la fuerza. Los militares están obligados, con relación a la sentencia de la corte, a citar a los jóvenes para resolver su situación, pero en ningún momento forzar su enlistamiento en el ejército.

Hace falta divulgación sobre los derechos fundamentales de los jóvenes, pues en muchos casos el desconocimiento en los mismos hace que sean susceptibles a ser enlistados en las fuerzas militares.

EL EJÉRCITO VIOLA NORMAS JURÍDICAS

El proceso de reclutamiento se realiza en los meses de enero, mayo y agosto y “compeler” no puede ser considerado el hecho que un joven sea subido a un camión y transportado hasta un distrito militar. “Eso está en contra de los derechos humanos y no lo diferencia del reclutamiento que hacen lo grupos ilegales”, sostienen activista contra el servicio militar obligatorio.

Dicen los activistas, que los militares procuran abordar a personas que sean de bajos recursos económicos y escolaridad, pues eso los hace más proclives a que sean reclutados por el desconocimiento de sus derechos. “Muchos jóvenes no saben cuáles son sus derechos  y además les da miedo confrontar a los militares. Los soldados manejan un lenguaje que no les permite reaccionar y son tratados como si estuvieran arrestando a un delincuente con antecedentes penales”.

Los jóvenes que vean vulnerados sus derechos al ser víctimas de las llamadas ‘batidas’, pueden recurrir a organismos de control como la Procuraduría o a alguna Unidad Permanente de Derechos Humanos de las Personerías en el país.

Un hecho grave que comete el ejército es que de acuerdo con órdenes de altos mandos, existen “metas” para enlistar a jóvenes. El ejército requiere de cierto número de nuevos soldados por lo que salen a las calles a adelantar los reclutamientos ilegales.


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