Periodismo independiente para la promoción de los Derechos Humanos, la Democracia y la Paz.

 

Publicado el 16 de enero de 2018
PORTADA-FM
   


LA RADIO ONLINE QUE MÁS CRECE EN AUDIENCIA
¡Explosión Radial en la Internet...!

Escuche los sábados, desde las 9 am,
nuestra franja informativa:
- MPM-NOTICIAS (Resumen noticioso)
- EL BULLERENGUE (La noticia comentada)
- CONTROVERSIAL (Entrevistas, reportajes, polémicas
sobre temas de actualidad)

La procuraduría toca a la corrupción:
Abrió investigación al gobierno de Barrancabermeja

De oficio, el Ministerio Público, abocó investigaciones contra el cuestionado alcalde del puerto petrolero y una exfuncionaria, por presunto detrimento por más de mil millones de pesos en contra de las arcas municipales. La contralora también es investigada.


La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra Darío Echeverry Serrano, alcalde de Barrancabermeja, y Genny Rocío Suárez Domínguez, exsecretaria de Desarrollo Económico y Social del mismo municipio, por presuntas irregularidades presentadas en un contrato celebrado con la Fundación para el Desarrollo Social y Científico de Colombia (FUNDESOCOL).

La contratación por valor total de $1.213’196.710, de los que el municipio aportó $1.102’906.100.000 tenía como objetivo la realización de talleres de pintura, folclor, cuenteros y expresiones musicales, dirigidos a menores de edad de Barrancabermeja. En la repartición de los recursos, una parte les correspondió a los medios de comunicación del puerto petrolero, que hoy defienden al alcalde Echeverri Serrano, a través de la venta de pautas publicitarias de 30 segundos para promocionar los talleres “en dos emisoras radicales”. (¿?). Esta repartición a los medios amigos, fue hecha a través de un Otrosí.

Lea también: Más y más corrupción en Barrancabermeja ¿Hasta cuándo?

En un informe especial del periodista investigador Alberto Donadío, titulado “Corrupción en Barrancabermeja: niños fantasmas para cumplir un contrato”, el periódico El Espectador, destapó la corrupción en el Convenio 0901 de 2016. Donadío ´descubrió en su labor investigativa, un fraude de grandes proporciones, que incluía la falsificación masiva de documentos públicos, donde las identidades de más de 3.000 menores de edad fueron falsificadas o usurpadas.

En 2016 la Secretaría de Desarrollo Económico y Social de Barrancabermeja contrató con una fundación privada la realización de talleres de pintura, folclor, cuenteros y expresiones musicales. La entidad, Fundación para el Desarrollo Social y Científico de Colombia (Fundesocol), recibió del municipio más de $1.100 millones. A cada taller supuestamente asistieron 840 niños.

En el artículo publicado por el diario El Espectador el pasado 24 de diciembre de 2017, por el cual se origina la actuación adelantada por la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, se denuncia que existe falsedad en documentos, teniendo en cuenta que al verificar las planillas de registro de los estudiantes que participaron en los talleres, al parecer, un gran número de los niños que figuran como asistentes no concurrieron.

Señala el medio de comunicación que sus documentos de identificación no corresponden con los reales ni tampoco sus edades. Otra de las irregularidades denunciadas indica que la mayoría de los números telefónicos que figuran en las planillas no se encuentran activos ni pertenecen a quienes supuestamente asistieron a los eventos programados.

En la nota periodística se denunció que las direcciones de residencia de los participantes, no corresponden realmente a los lugares donde habitan, encontrándose posiblemente frente a una situación de 'niños fantasmas'.

Lea también: “Corrupción en Barrancabermeja: Niños fantasmas para cumplir un contrato”

TAMBIÉN A LA CONTRALORA

Por los mismos hechos la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja investiga en el campo disciplinario a la Contralora del mismo municipio, Oliva Olivella Guarín quien, al parecer, dio concepto favorable en una auditoría express practicada a dicho contrato.

La escogencia de Olivella Guarían ha sido cuestionada desde el mismo momento en que el concejo de Barrancabermeja anunció su nombre para desempeñar dicho cargo. La hoy contraloría cuestionada de Barrancabermeja, fue alcaldesa encargada de Barrancabermeja, cuya labor despertó sospechas por presuntas persecuciones laborales y un posible manejo inadecuado de los recursos.  

En enero de 2017, un año después de firmado y ejecutado el convenio 0906-2016 (este fue firmado en el 2016) la contralora municipal de Barrancabermeja, Oliva Olivella Guarín, informó en una carta al alcalde Darío Echeverri Serrano que después de investigar los talleres “la gestión en este tema fue favorable”. La investigación se hizo, según la contralora, por “denuncia interpuesta por presuntos hechos de corrupción administrativa, carrusel de fundaciones, con la fundación FUNDESOCOL”. El paz y salvo de la contralora al alcalde se basó en un llamado “informe de auditoría exprés”, de 163 páginas. Dicho informe, se basa en las mismas listas examinadas por el medio que denunció este hecho de corrupción, y concluyó que “revisadas las planillas se pudo verificar que se encuentran debidamente relacionados 840 niños por cada ítem”. Es decir, 3.360 para los cuatro talleres.

Por su parte, El Espectador solicitó a la contralora una explicación sobre una gran cantidad de teléfonos fijos y celulares donde se podrían localizar los niños “beneficiados” que aparecen en los informes finales, cuyos números resultados inexistentes, la contralora Olivella respondió: “Este cuestionamiento se debe elevar a la empresa de telefonía y no a un ente de control”. Olivella en ningún caso desvirtuó los casos concretos de teléfonos inventados que le planteó el, periódico. En cuanto a los teléfonos celulares, donde no conocen a los supuestos asistentes a los talleres, la contralora, en un acto de prepotencia, señaló: “Dicha pregunta es absurda e irrespetuosa para el ente de control, en ningún momento se establece que las contralorías tengan competencia de adivinanza”.

La Contralora Oliva Olivella, en otro acto de prepotencia administrativa indicó al periodista, como queriéndole dar órdenes: “Se le recomienda abstenerse de formular peticiones irrespetuosas contra las entidades públicas”. También sobre las explicaciones solicitadas por el periódico a la contralora Olivella sobre los menores que dijeron no haber asistido a los talleres pero que sin embargo figuran en la lista del informe final entregado por FUNDESOCOL, la funcionaria indicó en un oficio: “Tal pregunta se sale del campo propio de la entidad” y agregó: “No somos la entidad competente para responder sobre las personas que elaboraron, suscribieron o manipularon las planillas, o señalar cómo, por qué y cuándo se elaboraron dichas planillas”, e indicó que: “Nuestra función consiste en verificar el cumplimiento del objeto contractual”.

Oliva Olivella reconoció que la Contraloría se abstuvo de llamar a los estudiantes relacionados en las planillas, pues en su concepto no se puede entrevistar a niños de menos de 14 años, porque lo prohíben las normas de protección al menor. Anotó que “presumir una falsedad en los documentos relacionados en un expediente sería una falta gravísima para el equipo auditor; por el contrario, se debe respetar el principio de buena fe”.

Por esos desacatos al cumplimiento de sus obligaciones, la contralora Oliva Olivella Guarín, también es investigada por la Procuraduría General de la Nación.

A LA FISCALÍA

La Procuraduría General de la Nación, compulsó copias a la Fiscalía, por cuanto considera muy grave el desenlace del contrato en referencia, y porque la Fundación para el Desarrollo Social y Científico de Colombia (FUNDESOCOL). Responsable de ejecutar el contrato en investigación, ha sido objeto de reproche por parte de la comunidad, ante otras presuntas acciones dolosas en contra del erario de Barrancabermeja.


El Periódico Portada no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios que aquí se publican son responsabilidad directa del usuario que los escribe.
El Periódico Portada se reserva el derecho a eliminar aquellos que agredan a otras personas, utilicen un lenguaje vulgar, o sean comentarios sobre publicidad de cualquier tipo.