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Publicado el 16 de mayo de 2019

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EN EL MAGDALENA MEDIO:
Defensor de Derechos Humanos,
huye ante amenazas contra su vida

Grupo de desconocidos atacó a tiros su residencia. Organizaciones locales,
nacionales e internacionales se pronuncian sobre el atentado.


Jonel Pardo es un joven inquieto por las comunicaciones, el periodismo y la defensa de los Derechos Humanos, quien reside en el municipio de San Pablo, (Sur-sur del departamento de Bolívar), a la márgen izquierda del río Magdalena.

Desde hace algún tiempo incursiona en la radio local donde hace denuncias sobre las irregularidades administrativas y sociales que en la región se presentan, como vocero de una 'sociedad sin dolientes'.

Los hechos que atentaron contra la vida de Jonel Pardo ocurrieron sobre las 5 de la mañana el día 7 de mayo; sus familiares ya estaba en pie preparandose para ir a la jornada laboral, cuando "unos hombres llegaron a mi casa y propinaron unos disparos a la puerta principal y me dejaron un panfleto en donde me daban 24 horas para salir del pueblo y en donde me reprochaban el discurso que siempre he dado en favor de la Paz, esa paz que tanto hemos pedido llegue a nuestros territorios", expresó Jonel a periodicoportada.com y a la emisora Online PortadaFM.

Una vez conocido el hecho, de inmediato se activaron las alarmas por parte de la comunidad y llegaron las autoridades a registrar los acontecimientos; Jonel fue escoltado por la Policía Nacional hasta una ciudad cercana, pero luego de presentar denuncias en la Defensoría Regional del Pueblo que tiene sede en esa nueva ciudad a la cual se había trasladado, fue abordado una vez más por actores armados ilegales de su municipio de residencia.

"Llegaron a mi nuevo lugar de residencia y aunqué en esta ocación no me dejaron panfleto ni cruzaron palabras conmigo, su acto de presencia para mí significó un mensaje contundente, no dudé en tomar la medidas de autoprotección”, dijo.

Ante esta otra amenaza, Jonel tuvo que desplazarce de nuevo; ello implicó tener que dejar toda su vida en esa subregión del pais en la que confluyen diferentes actores armados que han tenido historicamente dominio sobre el territorio. Esta nueva víctima del terrorismo estudia Comunicación Social, carrera que tuvo que abandonar debido al nuevo desplazamiento.

LA HISTORIA NO MIENTE

La presencia paramilitar en el sur del departamento de Bolívar estuvo en comienzo representada por el grupo Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) que, además de la labor de terror adelantada contra el campesinado, arremetieron de frente contra la resistencia que ejercían los mineros artesanales organizados, a través de distintos Comités locales afiliados a Fedeagromisbol. Se suman a estos trágicos hechos las diversas masacres e incursiones a los municipios y veredas.

El Bloque Central Bolívar -BCB- fue la siguiente estructura paramilitar que hizo presencia en el sur de Bolívar, para desestabilizar la región y ejercer control sobre el negocio del narcotráfico. Este Bloque es reconocido como la estructura paramilitar más grande del país -a mediados de 2004 se calculaba en 5000 hombres su pie de fuerza- y tuvo presencia en 23 departamentos.

Los pobladores rurales fueron el principal sector golpeado en el departamento. Cientos de  campesinos fueron asesinados, desaparecidos y  torturados, muchos exiliados y desplazados, por responsabilidad según denuncia de campesinos, de miembros del Ejército y paramilitares que actuaban en forma conjunta para azotar la zona en el periodo comprendido entre 1995 y 2003.

De acuerdo con las denuncias, entre las unidades militares que han actuado en el sur de Bolívar “están el Batallón de Artillería de Defensa Aérea Nº 2 Nueva Granada, pero es la Brigada Móvil Nº 1 la principal responsable de Crímenes de Lesa Humanidad en esta región entre 1966 y 1998, desde la acción conjunta con los paramilitares. También han tenido injerencia en los crímenes el Batallón Héroes del Majagual y el Batallón Nariño y Batallón de Alta Montaña 46 – Manuel María Torices”.

Desde el 2017, organizaciones sociales de la región han denunciado la injusticia, atropellos y persecución judicial a la cual están siendo sometidas las personas lideres sociales, hombres y mujeres. El operativo más grande capturó a 12 integrantes de movimientos sociales señalados de tener nexos con el ELN y fue ordenado por la fiscal María Bernarda Puentes López, investigada por hechos de corrupción qpara favorecer a grupos paramilitares del departamento.

En la actualidad, Pardo es activista de Derechos Humanos y hace trabajo en los distintos municipios del Sur de Bolívar en conjunto con la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria -ANDAS-; además hace parte del Consejo de Paz Reconciliación y Convivencia del municipio de San Pablo, Bolívar.

LOS ATAQUE NO PARAN

A comienzos del presente mes de mayo, fue asesinado en el corregimiento de Micoahumado, jurisdicción del municipio de Morales, (también sur de Bolívar) el líder social y precandidato al Concejo, Belisario Arciniega García.

El hecho de sangre se presentó en el trayecto que conduce a la vereda La Providencia a unos 20 minutos del casco urbano de La Plaza a las 5:40 de la tarde del miércoles 8 de mayo, un día después de ser atacado el líder social de San Pablo, Jonel Pardo.

De acuerdo con lo dicho por el inspector de Policía de Mico Ahumado, José Lasarid Moreno Acosta, “Nos dirigimos a la vereda La Providencia en jurisdicción del corregimiento de Micoahumado, para efectuar el levantamiento de un cadáver que correspondía al señor Belisario Arciniega García, un campesino agricultor y aspirante al Concejo del municipio de Morales’’. Según Melissa Pereira, Personera del municipio de Morales, se habían emitido una alerta temprana en la que se expone la situación de riesgo para la comunidad y líderes.

Por su parte, Neguib Antonio Eslit el defensor de Derechos Humanos de la región, se pronunció al indicar que “nos solidarizamos con la familia y la comunidad en general por este hecho. Rechazamos el asesinato del joven Belisario Arciniegas. Estamos en defensa de los Derechos Humanos de todos los pobladores’’.

SIN GARANTÍAS PARA SU VIDA

En comunicación directa con periodicoportada.com y la emisora Online PortadaFM, el dirigente defensor de Derechos Humanos Jonel Pardo, manifestó que no ha recibido garantías por parte del Estado colombiano para seguir ejerciendo liderazgo social en su territorio.

"El único respaldo que he recibido por parte del aparato estatal fue el acompañamiento que me hizo la Policía Nacional que me posibilitó la salidad del municipio con todas las garantías de seguridad, hoy estoy refugiado pero es gracias a la solidaridad y protección de una Organización del Gobierno de Eslovenia".

Jonel, es un líder social, y activista de Derechos Humanos que inicío su carrera cómo defensor de los derechos de las víctimas cuando fue elegido en el año 2013 para integrar la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del Municipio de San Pablo, Bolívar; durante 2 periodos consecutivos estuvo como miembro de ese espacio creado por la Ley 1448 de 2011. En el año 2016 fue elegido presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio Nueva Alianza de San Pablo, cargo que vence en junio del proxímo año.

PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD

Presidida por el padre Francisco de Roux, amplio conocedor de la problemática social del Magdalena Medio desde que creó el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio con sede en Barrancabermeja, la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, se pronunció sobre los últimos hechos violentos ocurridos en la región, entre ellos los ataques de los que ha sido víctima Jonel Pardo.

En su página de la Internet, la Comisión a través de un Comunicado, rechazó las acciones violentas y denuncia que "de nuevo, el derecho a la vida es vulnerado y sobre él, se levanta una mancha que atenta contra el desarrollo de las comunidades, su participación electoral, y su defensa por el territorio".

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición expresó su solidaridad "con las familias de las víctimas, sus amigos y compañeros de trabajo, así como a la sociedad de los municipios de San Pablo y Morales". (Este es el texto del comunicado).


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