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Publicado el 07 de julio de 2017
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Procuraduría investiga a alcalde de Barrancabermeja

Por la expedición de un decreto con visos de corrupción, la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja abrió indagación preliminar contra el alcalde del municipio, Darío Echeverri Serrano, y el encargado, Óscar Jaramillo Jiménez, por presunto incumplimiento de sus deberes y extralimitación de sus funciones.

Como un presunto acto de corrupción administrativa, al obstruir el libre acceso a las sedes de votación el pasado domingo cuando se registraba la revocatoria contra el alcalde de Barrancabermeja, es considerada la expedición de un decreto que restringió la circulación del parrillero en motocicleta, con la burda argumentación de disminuir los problemas de seguridad en el puerto petrolero.

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la Alcaldía de Barrancabermeja ante una visible disminución en el servicio de transporte público en la ciudad, durante la jornada electoral.

El presidente de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, sostuvo que "se evidencia la gran disminución del servicio de transporte público en el día de hoy, en la zona urbana y rural del municipio, generando una obstaculización al ejercicio del derecho fundamental de carácter político, en este caso de participar en la revocatoria del mandato del de Barrancabermeja".

ADMINISTRACIÓN CORRUPTA

Para el Ministerio Público esa limitación a la movilidad "está afectando el proceso democrático que se está adelantando, con una abstención de la ciudadanía por la imposibilidad de movilizarse a los puntos de votación a través del servicio de transporte público, el cual ni se ha presentado en el porcentaje que se estableció en el decreto mencionado (249 del 28de junio) y emitido por la administración municipal. Por lo anterior le sugiero que se tomen las medidas pertinentes para superar esta dificultad", dijo 24 antes de los comicios.

En la tarde del sábado la Procuraduría solicitó al alcalde encargado la suspensión del artículo 14 del Decreto 249 que prohíbe la circulación de parrilleros en motos, por considerar que la norma podía obstaculizar el derecho de los ciudadanos a participar en la jornada electoral, fundamentado en que el 80% de la población de Barrancabermeja en la zona rural y urbana se moviliza en moto carro, moto triciclo o como acompañante.

El alcalde encargado, Óscar Jaramillo Jiménez, hizo caso omiso a la solicitud del Ministerio Público, en atención a órdenes recibidas por el alcalde titular Darío Echeverri Serrano. La negativa provocó la apertura de una investigación preliminar contra Jaramillo Jiménez quien ahora deberá absolver las acusaciones que en su contra existen.

Junto con esa investigación disciplinaria, la fiscalía entrará a investigar la presencia de grapas en las calles de Barrancabermeja y la presencia de volantes amenazantes que no permitieron a la comunidad, cumplir con su derecho de votar, por lo que la revocatoria no dio los frutos esperados para quienes querían un cambio estructural en el gobierno local.

Con la decisión de la revocatoria, el municipio de Barrancabermeja continuará bajo el mandato del alcalde Darío Echeverri Serrano de la corriente liberal del senador Horacio Serpa Uribe.  Echeverri ha sido acusado de entregar su administración a la clase política liberal de Bucaramanga, la que ha colocado un alto porcentaje de ‘foráneos’ en el gabinete local; de igual forma en Barrancabermeja un buen número de personas que trabajan en el municipio a través de las llamadas OPS (Órdenes de Prestación de Servicios), no son oriundas del puerto petrolero, lo que ayuda a aumentar el índice de desempleo en la ciudad y de paso a recrudecer el índice de pobreza.

MÁS DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN AL ELECTOR

De acuerdo con informaciones procedentes de Barrancabermeja, varios mototaxistas y conductores de buses han denunciado después de las elecciones de este 2 de julio, que el sábado, día antes del proceso, varias personas allegadas al alcalde Darío Echeverri los invitaron para el domingo a un "día de integración en una finca", ofreciéndoles $50.000 en efectivo. Todo con el fin de que no se acercaran a las urnas a depositar sus votos.

Otras denuncias, responsabilizan a personas desconocidas de amenazar a la población para que no sufragaran el voto el domingo, día del proceso revocatorio.

Hasta el momento, las autoridades judiciales y de policía no han hecho pronunciamiento alguno sobre estas graves denuncias, que de sewr confirmadas, podrían comprometer ante la justicia al alcalde Echeverri Serrano y al personal cercano que le sigue.


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