Periodismo independiente para la promoción de los Derechos Humanos, la Democracia y la Paz.

 

Publicado el 26 de diciembre de 2017
PORTADA-FM
   


LA RADIO ONLINE QUE MÁS CRECE EN AUDIENCIA
¡Explosión Radial en la Internet...!

Escuche los sábados, desde las 9 am,
nuestra franja informativa:
- MPM-NOTICIAS (Resumen noticioso)
- EL BULLERENGUE (La noticia comentada)
- CONTROVERSIAL (Entrevistas, reportajes, polémicas
sobre temas de actualidad)

Más y más corrupción en Barrancabermeja ¿Hasta cuándo?

Un fraude de grandes proporciones, que incluye la falsificación masiva de documentos públicos, descubrió el periódico El Espectador en la alcaldía de Barrancabermeja. Las identidades de más de 3.000 menores de edad fueron falsificadas o usurpadas para cobrar un Convenio interinstitucional. La contralora avala el fraude.


En 2016 la Secretaría de Desarrollo Económico y Social de Barrancabermeja contrató con una Fundación privada la realización de talleres de pintura, folclor, cuenteros y expresiones musicales. La entidad, Fundación para el Desarrollo Social y Científico de Colombia (FUNDESOCOL), recibió del municipio más de $1.100 millones. A cada taller supuestamente asistieron 840 niños.

Al examinar las planillas de la Secretaría, donde supuestamente constan los nombres de los estudiantes que participaron en los talleres, El Espectador detectó todo tipo de falsedades. El nombre de Kevin Alexander Orozco aparece en la planilla 417 como uno de los asistentes al taller de pintura que supuestamente se realizó el 21 de mayo de 2016. Orozco dijo que no asistió a ese taller. Además, señaló que el documento de identidad que figura en la planilla (98012459050) no es el suyo. Tampoco tenía 14 años, sino 16. Los únicos datos que no son falsos en relación con Kevin Alexander Orozco son su nombre y teléfono de su casa.

Cristian Sajonero, que habría participado en el taller de pintura el 13 de mayo de 2016, indicó que la información no es cierta. Su documento de identidad sí es correcto, pero no tenía seis años en 2016, como señala la planilla oficial, sino 15. La menor Astrid Atencio dijo que no asistió al taller de pintura. Su mamá confirmó la información y agregó que la niña es enfermiza y por eso nunca la sacan del colegio a otros sitios.

Thomás Sanabria negó haber estado en el taller de cuenteros. “No me he metido en ningún taller”, respondió. En las planillas aparece como un menor de 14 años, pero el año pasado tenía 18 y no vive en el barrio Limonar, sino en Las Playas. Luis Alberto Camargo, de 16 años, aunque en las relaciones del taller de cuenteros figura como de 19, indicó: “Yo no he ido por ahí ni nada”. Valentina Londoño, que en la planilla aparece como de 14 años, pero tenía 16 en 2016, también expresó que no había estado en el taller. Al taller de cuenteros supuestamente asistió Smith Dayana Drego. En realidad, su apellido es Arango. Dijo que no recuerda haber asistido al evento.

DE FALSEDAD EN FALSEDAD

En las planillas se evidencia otra falsedad frecuente: los números telefónicos no existen. Cuando El Espectador llamó a decenas de teléfonos fijos de los supuestos asistentes, con mucha frecuencia se escuchó la grabación que indica que el número no está instalado o no está asignado.

Brenda Capataz supuestamente asistió a los talleres de pintura, pero su teléfono (6027402) no está instalado. Además, su nombre aparece dos veces en las planillas, una como residente en el barrio San Judas y otra en el barrio Las Flores. Cuando presuntamente asistió al primer taller, el 3 de mayo, la hacen aparecer como una niña de 9 años y para el segundo taller, el 10 de mayo, ya figura con 13 años.

Los casos de teléfonos que no están en servicio son muy frecuentes. El teléfono de Jonathan Cordero (6100154) no está instalado. El de Yursam Peña (6107355) tampoco. El joven supuestamente asistió al mismo taller, el 4 y el 5 de mayo. La primera vez lo hicieron figurar con 16 años, y en la segunda, le rebajaron la edad a 14 años.

En otras ocasiones el teléfono fijo existe, pero no conocen al niño citado en las listas. Dayana Padilla, según la planilla de 7 años, supuestamente vive en el barrio Buenavista. En el teléfono que figura en las planillas (6021031) no la conocen. El número corresponde al restaurante Big Pollo de Barrancabermeja. El teléfono 6201980 supuestamente corresponde a la niña Karina Riaño. Pero allí no la conocen y han tenido el mismo número telefónico hace años.

A Dewmerguiz Fonseca, de 14 años según la planilla, cuyo teléfono supuestamente es 6102187, no lo conocen en ese número, que corresponde al barrio El Chicó y no al barrio Las Flores, como señala la planilla. A Lady Ardila no la conocen en el 6031433. El titular del teléfono lo ha tenido desde hace cuatro años. El número 6025550 corresponde a un negocio de jugos naturales, no al supuesto o real Michell Gómez, quien supuestamente asistió al taller de cuenteros.

NI TELÉFONOS NI DIRECCIONES

Las falsedades se repiten al llamar a los jóvenes que figuran con teléfonos celulares. Vanessa Rojas, según la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, es una niña de 10 años que vive en el barrio Santa Isabel. Al llamar a su celular 3115872438 contestan en Zambrano (Bolívar). En ese número no conocen a la niña. El celular de Daniela Miranda (3115191860) lo contesta en Valledupar una persona que dice que no tiene nexos con Barrancabermeja ni conoce la ciudad.

Kony Álvarez, según los registros oficiales, es una niña de 11 años que vive en el barrio Floresta de Barrancabermeja. Pero en su supuesto celular 3118323038 no la conocen. El número corresponde a la familia Rivera de Mariquita (Tolima). La persona que contestó el celular 3212763810 dijo que vivía en una finca en Madrid, Cundinamarca, y que no conoce a Jahir Antún, el niño que según la Alcaldía de Barrancabermeja tiene nueve años y supuestamente asistió al taller de cuenteros.

Jonathan Mora supuestamente vive en el barrio Fundadores del puerto petrolero y según la Alcaldía tiene nueve años. Pero no lo conocen en el celular 3208587684 que figura en la planilla. El número corresponde a un abonado de una vereda de Puente Nacional (Santander), a más de 200 kilómetros por carretera de Barrancabermeja.

El caso del estudiante Robby Quiroga resume las distintas falsedades de las planillas. Dijo que en 2016 no asistió a talleres de ninguna clase, antes de graduarse del colegio Real de Mares. Sin embargo, la Alcaldía de Barrancabermeja señala que asistió a tres talleres. El 4 de mayo Robby Quiroga aparece asistiendo con su verdadero documento, pero figura con un teléfono (6203809) que no está instalado. Ese día tenía 17 años. El 6 de mayo Robby Quiroga aparece asistiendo con su verdadero documento y con el mismo teléfono no instalado. Ese día tenía 14 años. El 25 de mayo Robby Quiroga aparece asistiendo con un documento falso, pero con su verdadero teléfono. Ese día tenía 11 años.

Si se buscan las direcciones mencionadas en las planillas también se encuentran falsedades. Un ejemplo es el de Grace Daniela Pacheco, supuestamente residente en la Diagonal 58 Nº 19-26, pero esa dirección no existe en la nomenclatura urbana de Barrancabermeja. El teléfono que consigna la planilla (6105683) no está instalado. Con ese mismo teléfono inexistente aparece otra Grace Pacheco asistiendo al taller con el mismo documento de identidad de Grace Daniela Pacheco.

Lea también: Horacio Serpa, máximo enemigo del desarrollo del Magdalena Medio

LA CORRUPCIÓN PATROCINADA DESDE LOS ENTES DE CONTROL

En enero de 2017 la contralora municipal de Barrancabermeja, Oliva Olivella Guarín, informó en una carta al alcalde Darío Echeverri Serrano que después de investigar los talleres “la gestión en este tema fue favorable”. La investigación se hizo, según la contralora, por “denuncia interpuesta por presuntos hechos de corrupción administrativa, carrusel de fundaciones, con la fundación FUNDESOCOL”. El paz y salvo de la contralora al alcalde se basó en un “informe de auditoría exprés”, de 163 páginas. El informe se basa en las mismas listas examinadas por El Espectador y concluyó que “revisadas las planillas se pudo verificar que se encuentran debidamente relacionados 840 niños por cada ítem”. Es decir, 3.360 para los cuatro talleres.

El Espectador pidió a la contralora una explicación sobre los teléfonos fijos inexistentes. La contralora Olivella respondió: “Este cuestionamiento se debe elevar a la empresa de telefonía y no a un ente de control”. Olivella en ningún caso desvirtuó los casos concretos de teléfonos inventados que se le plantearon.

En cuanto a los teléfonos celulares donde no conocen a los supuestos asistentes a los talleres, la contralora señaló: “Dicha pregunta es absurda e irrespetuosa para el ente de control, en ningún momento se establece que las contralorías tengan competencia de adivinanza”.

La Contraloría indicó al periodista: “Se le recomienda abstenerse de formular peticiones irrespetuosas contra las entidades públicas”. El Espectador pidió explicaciones a la contralora Olivella sobre los menores que dijeron no haber asistido a los talleres y señaló en un oficio: “Tal pregunta se sale del campo propio de la entidad”. Agregó: “No somos la entidad competente para responder sobre las personas que elaboraron, suscribieron o manipularon las planillas, o señalar cómo, por qué y cuándo se elaboraron dichas planillas”. También afirmó: “Nuestra función consiste en verificar el cumplimiento del objeto contractual”.

Oliva Olivella reconoció que la Contraloría se abstuvo de llamar a los estudiantes relacionados en las planillas, pues en su concepto no se puede entrevistar a niños de menos de 14 años, porque lo prohíben las normas de protección al menor. Anotó que “presumir una falsedad en los documentos relacionados en un expediente sería una falta gravísima para el equipo auditor; por el contrario, se debe respetar el principio de buena fe”. Olivella fue gerente del Banco de Bogotá en Barrancabermeja antes de ser contralora.

El 22 de noviembre El Espectador envió al alcalde Darío Echeverri Serrano un cuestionario detallado sobre 45 fraudes detectados. El alcalde no respondió. (Tomado de El Espectador).

Para el fotógrafo Jesús Villamizar, quien fue víctima de la Fundación para el Desarrollo Social y Científico de Colombia (FUNDESOCOL), la publicación que hizo el periódico El Espectador en la edición del 24 de diciembre del 2017, encierra entre otros, el convenio Nº 0330-16 firmado entre FUNDESOCOL y la Secretaría de Desarrollo Social de Barrancabermeja por valor de $31’716.000. Para “Chucho” como se le conoce a Villamizar, “El Espectador sí vio, lo que la Contraloría de Barrancabermeja no vio”.

Ver también: Los “CHANCHULLOS” en la alcaldía de Barrancabermeja

UNA CONTRALORA CON ANTECEDENTES

En el pasado, la hoy contralora de Barrancabermeja, Olivella Guarín, tuvo un fugaz paso, primero como secretaria de gobierno municipal y luego como alcaldesa encargada, cargo donde solo estuvo 51 días, debido a que su nombramiento no estuvo dentro de las normas por el entonces gobernador de Santander, Jorge Gómez Villamizar.

Olivella Guarín, reemplazó de manera temporal al alcalde titular Julio César Ardila, vinculado en un proceso judicial por la muerte del locutor José Emeterio Rivas y otras cuatro personas más, tras ser suspendido del cargo el 16 de julio de 203. En esos 51 días hubo una inestabilidad política administrativa, aprovechada por el paramilitarismo para reforzar su control social y realizar sus acciones perversas., según lo, indicaba en su momento el entonces obispo de la diócesis de Barrancabermeja, monseñor Jaime Prieto Amaya. En esa inestabilidad política administrativa, la entonces alcaldesa, hoy contralora, asumió funciones persecutorias contra algunos funcionarios, los que destituyó sin justa causa, con el fin de ubicar a fichas políticas de su apetencia.

El 18 de septiembre de 2003, el obispo Jaime Prieto Amaya dijo en un comunicado público, que la marcha normal de la ciudad había sufrido un choque por la inestabilidad de los gobiernos municipales encargados. Y, agregó, que la población no entendía el proceso que se dio para reemplazar al alcalde, los cambios administrativos y la gestión de la alcaldesa encargada, que se cuestiona hasta llegar a serias acusaciones.

Oliva Olivella es cercana al alcalde Darío Echeverri Serrano, hasta el punto en que Carmelo Castilla (esposo de la funcionaria) y su familia, respaldaron la aspiración del ahora alcalde según el portal La Silla Vacía. Incluso, Oliva Olivella laboró en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, feudo político liberal, al que pertenece el hoy alcalde Echeverri Serrano, a quien Olivella Guarín debe vigilar.

Para algunos conocedores de la vida política de Barrancabermeja, la llegada de Oliva Olivella a la contraloría, obedeció a arreglos políticos entre el alcalde y el concejo, lo que valió para que la Procuraduría General de la Nación abriera investigación disciplinaria contra las 17 personas que integran el Concejo local, por haberse presentado presuntas irregularidades en la elección de Oliva Olivella Guarín como contralora de Barrancabermeja, en enero de 2016. Para el quejoso, Dayron Hernández Thomas, “Oliva Olivella fue elegida por ocho concejales de Barrancabermeja de manera ilegal e irregular, el 9 de enero de 2016, pues no existían mayorías para tal elección, ya que el Concejo lo conforman 17 concejales”.

El 31 de mayo de 2006, la Procuraduría General de la Nación, luego de una denuncia del PERIÓDICO PORTADA, formuló pliego de cargos contra el ex gobernador de Santander, Jorge Gómez Villamizar y la ex alcaldesa (e) de Barrancabermeja, Oliva Olivella Guarín, por posible participación en política, cuando el día 15 de agosto de 2003, fecha en la que los funcionarios habrían asistido a un acto de entrega de subsidios de vivienda de interés social en el barrio Ciudadela Pipatón de Barrancabermeja que resultó ser, según la investigación adelantada por la Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública, un acto de proselitismo político en favor de Luis Francisco Bohórquez, Hermes Corena y Gilberto Jiménez Taborda, aspirantes en esos momentos, a la Gobernación de Santander, a la Asamblea Departamental y a la Alcaldía del municipio de Barrancabermeja, de manera respectiva.

De forma provisional, la falta fue calificada como gravísima a título de dolo por cuanto el gobernador Gómez Villamizar y la alcaldesa Olivella Guarín, ambos del partido Liberal, tenían perfecto conocimiento de sus deberes y las limitaciones que impone la Constitución, sobre todo en materia de proselitismo político, sin embargo, como ocurre en el país, la investigación feneció sin sanciones para los presuntos responsables.


El Periódico Portada no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios que aquí se publican son responsabilidad directa del usuario que los escribe.
El Periódico Portada se reserva el derecho a eliminar aquellos que agredan a otras personas, utilicen un lenguaje vulgar, o sean comentarios sobre publicidad de cualquier tipo.