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Publicado el 05 de julio de 2018
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En Bucaramanga:
Juez abusa de su autoridad e ignora la Constitución y la Ley

Sin escuchar la parte denunciada, en Bucaramanga un juzgado
impuso sanciones a periodistas por evidenciar corrupción y deslealtad de
parte de un funcionario del pasado gobierno del municipio.


La libertad de prensa, la libertad de expresión y la garantía para fundar medios de comunicación, no solo son atacados por los corruptos y delincuentes en Colombia; ahora, la justicia creada para defender al ciudadano de bien y castigar a los bandidos, está en medio de un escándalo en Bucaramanga, donde un juez civil local, intenta atropellar la Ley y la jurisprudencia que él mismo juró defender, acatar y hacer cumplir, cuando se posesionó en el cargo.

El juez Juzgado Trece Civil Municipal de Bucaramanga con un fallo, al parecer acomodado, busca censurar a los periodistas dedicados a las investigaciones contra hechos de corrupción administrativa. La garantía de la que habla el Artículo 20, sobre “la rectificación en condiciones de equidad”, quedó por el suelo en este juzgado que no tiene competencia para conocer de acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación, de acuerdo con lo expresado por la Fundación para la Libertad de Expresión -FLIP-.

LOS HECHOS

El 26 de junio de 2018, el Juzgado Trece Civil Municipal de Bucaramanga dictó una orden de arresto contra un periodista y una extrabajadora del medio de comunicación Corrillos, con lo que el mencionado Juzgado violó los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad de prensa.

Corrillos es un medio de comunicación digital e impreso de la ciudad de Bucaramanga que se especializa en temas públicos, políticos y electorales. En enero de este año, el medio publicó un artículo en el que contaba que Jorge Enrique Rueda, director de la Caja de Previsión Social de Bucaramanga, fue informante de la Fiscalía en el caso que la entidad adelanta contra el exalcalde Luis Francisco Bohórquez. Rueda había sido Secretario Administrativo de dicha administración. En consecuencia, Rueda interpuso una Acción de Tutela en contra del medio, la que fue concedida en marzo con claras violaciones a las normas legales que reglamentan la Tutela.

EL JUEZ Y LAS VIOLACIONES A LA LEY

El proceso de tutela tuvo las siguientes irregularidades procesales:

1.- El medio de comunicación nunca fue notificado de la Acción de Tutela en su contra, con lo cual no pudo ejercer su derecho de defensa, ni pudo impugnar a tiempo la decisión. El medio se enteró del proceso cuando éste había concluido, a través de un mensaje publicado por un tercero en Twitter.

2.- El juzgado tramitó la tutela a pesar de que el accionante no cumplió con la obligación de solicitar previamente la rectificación directamente al medio de comunicación. Esta solicitud es requisito de procedibilidad de la acción de tutela.

3.- El juzgado tramitó la tutela a pesar de no ser competente para ello. De acuerdo a lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, de las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito, no lo municipales.

Dadas las evidentes irregularidades procesales y dado el hecho de que Corrillos no pudo defenderse dentro del proceso, mostrando las pruebas que justificaban lo publicado, el medio solicitó que se declara la nulidad de la sentencia. Sin embargo, la solicitud fue negada.

“EMBARRADA” TRAS “EMBARRADA”

Ahora, el mismo juzgado que no dio a Corrillos la oportunidad de defenderse -y que se ha negado a corregir su error-, sancionó con multa y diez días de arresto al periodista Juvenal Bolívar y a Sofía Ortiz Delgado, extrabajadora del medio.

Si bien la decisión es arbitraria en ambos casos, la sanción de arresto en contra de esta última resulta muy preocupante, pues Ortiz ya no trabaja para el medio y en ningún momento tuvo responsabilidad editorial alguna sobre los contenidos, por lo que su trabajo era solo administrativo.

¿EL JUEZ CONOCE DE LEYES?

Es sorprendente que un juez advierta violaciones tan graves al derecho fundamental al debido proceso y que, aun así, proceda a dictar una orden de arresto de diez días. Estas decisiones para la FLIP, preocupan por el impacto que causan en la libertad de prensa del medio de comunicación.

La sanción impuesta será ahora evaluada por el Juzgado Décimo Civil del Circuito, que decidirá sobre la sanción de arresto. La FLIP espera que el Juez Décimo Civil del Circuito tome una decisión que garantice el debido proceso y la libertad de prensa del medio de comunicación.


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