Publicado el 20 de septiembre de 2014

Condenada la nación por actos vandálicos en Cimitarra

La asonada ocurrida contra los resultados electorales de ese municipio en el año 2007, por parte de revoltosos provocó la sanción a favor de dos personas, entre ellas un exalcalde.

Los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2007, luego de conocerse el triunfo en las urnas de German Rodríguez Guerrero sobre su oponente, el dirigente Wilfran Fernando Sabogal. Una turba enfurecida atacó las instalaciones de la Registraduría municipal, donde quemó, además de la sede de la Registraduría, varias edificaciones privadas. En una de esas edificaciones estaba ubicado un establecimiento comercial llamado hotel Casablanca, que fue víctima de las llamas.

El hotel era propiedad del ganador de las elecciones a la alcaldía, Herman Rodríguez Guerrero y de su esposa  Leonor Delfina Atuesta Cortés, quienes interpusieron las acciones judiciales respectivas, las que, luego de seis años, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del circuito Judicial de San Gil, a cargo de Claudia Johana Ariza Chinome, determinó responsabilidades en los hechos a la policía nacional, por lo que la nación deberá desembolsar a nombre de Rodríguez Guerrero y Atuesta Cortés, la suma de $341’279.369 como indemnización por daño emergente y lucro cesante.

LOS HECHOS

Luego de conocerse el triunfo electoral de Herman Rodríguez en las elecciones para la alcaldía de Cimitarra del 28 de octubre de 2007, en horas de la noche se presentó una asonada contra la sede de la Registraduría, que abarcó también a varios establecimientos comerciales aledaños, entre ellos el hotel Casablanca, propiedad del alcalde electo.

El triunfo de Rodríguez Guerrero, provocó además la reacción de su contrincante Wilfran Fernando Sabogal, quien instauró una Acción de Nulidad bajo el argumento, entre otros aspectos, de que no hubo arca triclave y los pliegos electorales ingresaron en forma extemporánea al depósito que la reemplazó, así como de un presunto rompimiento de la cadena de custodia de los mismos.

El Juzgado Único Administrativo de San Gil, en julio de 2008, denegó la demanda que pretendía la anulación de dicha elección al considerar que todos los contratiempos en el recaudo de la documentación electoral y la falta del arca triclave fueron de manera categórica ocasionados por la violencia generada por una fuerza mayor sui generis, la que “libera al despacho de la necesidad de entrar siquiera a considerar la procedencia de las reclamaciones”. Agregó además el fallo, que “en contravía de las intenciones de los vándalos, quienes creyeron que los votos reposaban  en la Registraduría, que los boletines expedidos por la Registraduría Nacional dieron cuenta en todo el país de los resultados de la elección en Cimitarra, a partir de las 3:49 de la tarde, del 28 de octubre”.

En ese orden de ideas, señaló la providencia, que “mal podría un juez acceder a las pretensiones de la demanda, cuando el sentido común indica todo lo contrario” y, se preguntaba: “¿Cómo voltear a favor de los violentos y a costa de los contribuyentes una decisión que es precisamente lo que buscaban?”

El Juzgado comprobó que el demandante Sabogal presentó en sus alegatos una verdad a medias ya  que excluyó de forma selectiva de su pretensión anulatoria, las mesas en las cuales obtenía la mayoría de votos. “¿Cómo puede ser que se enuncie la consumación de un fraude electoral para respaldar las reclamaciones que afectaban a todas las mesas de votación, pero la anulación sólo se concrete a las mesas donde los resultados fueron adversos al demandante?” Se preguntó el juez.

Esa ambivalencia releva al despacho de consideraciones adicionales, “pues nos encontramos ante una demanda que no sólo no consulta la realidad de los hechos sino que también es ajena a la verdad procesal, al derecho y al sentido común”, lo que le dio fundamento para negar la demanda instaurada.…”

Ese fue el resultado jurídico de la parte política donde Wilfran Fernando Sabogal buscaba la nulidad del triunfo de Herman Rodríguez Guerrero; a la par, Rodríguez Guerrero y su esposa entablaban una Acción de Reparación Directa ante el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de San Gil, por los daños ocasionados en su establecimiento comercial, basado en la Directiva 03 del 10 de agosto de 2007, donde la Presidencia de la República impartía instrucciones a la policía nacional y a las fuerzas militares, sobre las medidas de seguridad que se debían implementar durante el proceso electoral y, porque tenía conocimiento de que in sector político del municipio pretendía, en caso de ser el ganador de las elecciones, causar daños a sus bienes, por lo que solicitó a las autoridades de policía y fuerzas militares seguridad personal y especial protección a sus bienes, hasta la culminación del, proceso electoral, el hotel y una finca en jurisdicción municipal de Landázuri.

El exalcalde Rodríguez Guerrero, le explicó a la justicia que en la noche de la asonada, puso en conocimiento de la policía del municipio la asonada que se presentaba luego de las elecciones, sin que existiera reacción por parte de ese cuerpo policial, por cuanto, según un oficial, no contaban con suficiente personal para brindar la protección al establecimiento comercial atacado. Esa niche el hotel Casablanca fue destruido, saqueado sus bienes y luego sus puertas, machimbres y demás elementos de carpintería fueron incendiados.

Ante esta falla del servicio por parte de la policía nacional, al considerar que “la policía, como parte integrante de las autoridades de la república y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” el juzgado determinó aplicar contra la Nación, Ministerio de Defensa y Policía Nacional, responsables “a título de falla en el servicio por omisión”, de los daños ocasionados a los demandantes Leonor Delfina Atuesta Cortés y Herman Rodríguez Guerrero y condenarlos a pagar la suma de $294’079.369 como daño emergente y $47’000.000 por lucro cesante, para un total de $341’279.369. Además, los demandantes deberán ser indemnizados con 30 salarios mínimos cada uno por daños morales.


El Periódico Portada no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios que aquí se publican son responsabilidad directa del usuario que los escribe.
El Periódico Portada se reserva el derecho a eliminar aquellos que agredan a otras personas, utilicen un lenguaje vulgar, o sean comentarios sobre publicidad de cualquier tipo.