Publicado el 29 de julio de 2014

Aceptan demanda contra excongresista santandereano

La Sala Plena del Consejo de Estado decidió estudiar una demanda por pérdida de investidura presentada por el presidente de la Red de Veedurias, Pablo Bustos, contra
del excongresista Holger Horacio Díaz Hernández.

Según la demanda con este pago de comisiones se garantizó que el representante omitiera el ejercicio parlamentario y el control sobre lo que se denominó el ‘Cartel de la Salud’ el cual estaría liderado por el denominado Grupo SaludCoop el cual enfrenta varias investigaciones fiscales, disciplinarias y penales por el uso inadecuado de recursos.

Para esto, la demanda cita los correos publicados en la columna de Daniel Coronell en la Revista Semana entre el Cngresista y el entonces presidente del Grupo SaludCoop, Carlos Palacino manifestándole que no había recibido los últimos dos pagos como “contraprestación por la gestión en el trámite a la reforma a la salud”.

En los correos revelados, Hernández Díaz le presentó a Palacino un NIT para que le hiciera los depósitos represados. Por esto se le solicitó a las autoridades financieras que establezcan el desembolso a favor del representante a la Cámara teniendo en cuenta las fechas en las que se hace referencia a los correos electrónicos revelados en la columna.

Empeñó e hipotecó la gestión legislativa y de control política para ponérsela al servicio de Carlos Palacino y el Grupo SaludCoop”, precisa el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos quien en la demanda solicita el testimonio de Palacino y del Fiscal General, Eduardo Montealegre quien fungió como representante legal de dicho Grupo antes de ser elegido como jefe del Ente investigador.

En este sentido aseguró que Montealegre “sustentó” desde su cargo las bases legales para la integración vertical para que se utilizarán los recursos de la salud para otros propósitos”, hecho por el cual presentó una denuncia ante la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes.

Bustos también manifiesta en su escrito ante el Consejo de Estado, que el actual jefe de la Fiscalía se lucró con las actividades ilegales adelantadas en el Grupo SaludCoop “obteniendo una propiedad en Vila Valeria (…) Se benefició de manera personal, benefició a terceros y tenía lazos familiares puesto que su esposa seguía en la junta directiva de SaludCoop”.

Por estos hechos, manifestó Bustos, la Fiscalía General no ha adelantado de manera efectiva las investigaciones por el denominado ‘Carrusel de la Salud’ “lo que representa una abierta impunidad para establecer a los responsables de las irregularidades en el manejo de los recursos de la salud.

Para la Red de Veedurias, el ex congresista habría incurrido en los delitos de tráfico de influencias y conflicto de intereses debido a que su esposa hacía parte de la regional Santander de SaludCoop y luego habría fungido como contratista independiente de la EPS.


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