Publicado el 05 de julio de 2014

En Tránsito de Bucaramanga: Contratación descarada

Una auditoría de la Contraloría municipal de Bucaramanga, denuncia que en un solo contrato hubo sobrecosto del 376 por ciento. La investigación responsabiliza de este caso de corrupción al director Rafael Horacio Núñez y a Johana Castañeda, funcionaria de la entidad. 

Los actos corruptos en Bucaramanga, no solo han sido detectados en el área central del gobierno. También los institutos descentralizados tienen sus ‘pecados’ en la contratación, tal como ocurre en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga -DTB-, entidad orientada por el abogado Rafael Horacio Núñez Latorre, quien representa al partido Liberal.

De acuerdo con su “Informe Final Nº 2 con enfoque integral modalidad regular línea financiera y de gestión” de auditoría, con fecha 5 de junio del presente año, que está en poder de periodicoportada.com, “en la contratación celebrada por la entidad, se examinaron 96 contratos de un total de 233, que representan el 42% del total de los contratos celebrados. La muestra seleccionada suma un total de $5.243’000.000 que representa el 93% del valor total contratado que fue de $5.629’000.000”.

La Contraloría de Bucaramanga bajo la orientación de Magda Milena Amado Gaona, estableció 14 hallazgos negativos de tipo administrativo, 5 con alcance disciplinario y uno con comprometimiento fiscal, por valor de $179’363.016, además, de 3 hallazgos “con carácter sancionatorio”.

Es tanto el desgreño administrativo y el desorden operativo en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que la Contraloría, encontró que “los contratos suministrados por la entidad no presentaban la totalidad de los soportes; no existen informes con sus respectivos soportes por parte de los contratistas; existe deficientes estudios previos relacionados con precios y estudios de mercado; no existe un diagnóstico inicial de cada vehículo con el fin de contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque automotor de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga”.

Para complementar esta serie de irregularidades en la contratación dice la Contraloría que “se constató que en los contratos de suministro se da la terminación del mismo sin haber ingresado al almacén los elementos objeto del contrato” lo que se podría prestar para la consolidación de otros hechos de presunta corrupción administrativa.

VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA


La Contraloría observó que en el Contrato 088 de 2013 para la elaboración y suministro de “placas Única Nacional para vehículo particular”, que tuvo costo de $347’477.819, los estudios previos carecían de un análisis económicos que permitiera establecer el valor base para la subasta inversa el que no estuvo soportado bajo ninguna cotización ni estudio de mercado.

Este fue uno de los tantos hallazgos encontrados por el grupo auditor, por cuanto en dicho contrato fueron vulnerados los principios de Planeación y Economía con lo que la Dirección de Tránsito ejecutó un proceso de selección abreviada en contravía de los fines esenciales del Estado, al no realizar un análisis económico para soportar los estudios previos.

DESCARADO SOBRECOSTO

Uno de los contratos ejecutados por la Dirección de Tránsito que sorprende por la forma descarada  como allí se malgastan los recursos públicos para favorecer a particulares, es el 230 de 2013 que tuvo como objeto el “suministro e instalación de mobiliario y enseres para las diferentes oficinas  de la entidad de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades requeridas”.

El valor de dicho contrato fue de $258’551.356, entregado al contratista Mauricio Vega Merchán. Para los investigadores es evidente un sobrecosto abultado que alcanzó el 376% respecto a los precios del mercado, de los artículos comprados, por cuanto estos no alcanzan a valer $80’000.000, tal como se observa en este cuadro:

Para entregar este contrato, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, solicitó varias cotizaciones, entre ellas a la Cooperativa CODENCO, una entidad intermediaria de ingrata recordación durante el gobierno departamental de Horacio Serpa Uribe. CODENCO no es fabricante de los artículos contratados por Tránsito, pero entregó su cotización “tan solo 15 días después de haber efectuado la solicitud y de varias llamadas” como si en Tránsito existiera el interés para que esa Cooperativa  se presentara a contratar como fuera. La Contraloría encontró que CODENCO “se limitó a anexar la cotización remitida a la DTB de fecha 24 de octubre de 2013, pese a que en la carta de solicitud no se mencionaba la entidad auditada”.

Además de lo anterior, el Ente de control evidenció que “el acta de terminación y liquidación del Contrato es de fecha 31 de diciembre de 2013, sin embargo el ingreso a almacén de los muebles se realizó en el mes de enero”, lo que bien pudo haberse configurado una falsedad documental.

Esto genera un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario y fiscal por valor de $179’363.016, de los que deben responder el Director Rafael Horacio Núñez Latorre como ordenador del gasto de la entidad y Johana Carolina Castañeda Sánchez como funcionaria gestora del Contrato, aparte de la presunta falsedad documental la que tendría que ser reportada a la Fiscalía General de la Nación.

TODO “MANGA POR HOMBRO”

En lo interno, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga es una entidad desordenada, que no cuida los elementos bajo su administración, tal como ocurre con el circuito cerrado de televisión que en el 2012 “no estaba siendo vigilado ni monitoreado por personal idóneo contratado para tal fin” toda vez que se encontraba en una oficina cercana de la Dirección, sin supervisión. En el 2013, la Contraloría verificó el lugar donde se encontraban estas cámaras, hallándolas “reubicadas en la oficina de taller y mantenimiento las cuales no se encuentran siendo monitoreadas por ningún personal idóneo tanto interno como de vigilancia de la entidad”, según lo consigna el informe de Auditoría.

Pero, dentro de ese “despelote” de Tránsito, la Contraloría encontró que “algunos alféreces presentan los comparendos fuera del término determinado por la Ley”. Estableció el Ente de control que “algunos comparendos son digitados después de las 12 horas que establece el Código Nacional de Tránsito”. “En cuento a la digitación de los comparendos se sigue presentando la misma irregularidad presentando esta situación en 6.836 comparendos digitados por fuera del término legal…”.


En una auditoría realizada en el año 2012 le fue llamada la atención al Director de Tránsito sobre el pésimo estado de los techos y paredes del almacén de la entidad. Al regresar la Auditoría un año después, en el 2013 “evidenció que no se ha realizado ninguna medida correctiva”.

INFORMES MENTIROSOS

Mientras el Director Rafael Horacio Núñez Latorre califica como positiva las metas trazadas para el mejoramiento de la entidad, la Auditoría constató que este informe es mentiroso, por cuanto observó que la oficina asignada para la atención a usuarios en los patios de la DTB no cumple con los requerimientos mínimos para un puesto de trabajo por lo que el avance fue del 0%, pero el Director reporta que el lugar “cumple la meta en un 100%”.

Igual ocurre con la batería de baños del grupo Control Vial, la que de acuerdo con la calificación reportada por el Director, cumplió la meta del 100%, sin embargo la Contraloría constató que ese informe también es mentiroso por cuanto el avance para el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados fue 0%. Lo anterior indica la mala calidad laboral con la que funciona la entidad encargada de la regulación del tránsito en Bucaramanga.

También se encontró que la Dirección de Tránsito de la capital santandereana no cuenta con un procedimiento para las licencias suspendidas por beodez, así como tampoco tiene un espacio físico adecuado y seguro para la custodia de las licencias retenidas.

Por toda la anterior situación de desorden existente en esa entidad, la Contraloría evidenció que al pesar de que la Oficina de Control Interno realiza sus funciones de acuerdo con la normatividad vigente, es palpable “la falta de compromiso y apoyo por parte de las directivas de la DTB”.

MÁS DESORDEN

De otra parte, la Superintendencia de Puertos y Transporte durante una visita realizada a la DTB el pasado 20 de febrero del año en curso, encontró entre otras, ls saiguientes inconsistencias:
“- 1. La entidad no posee Acto Administrativo exdpedido por el INPEC ni tampoco convenio con una Casa Cárcel autorizada por el propio INPEC.
- 2. La DTB no posee dentro de sus instalaciones una dependencia para la resalización de las pruebas  de alcoholemia, debido a que la Policía de Tránsito las realiza en los operativos en las vías.
- 3. Dentro de los elementos tecnológicos y de comunicación en la DTB no funciona el equipo de huella dactilar.
- 4. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga -DTB- no posee Licencia de habilitación por el Ministerio de Transporte para funcionar como CIA en materia de cursos pedagógicos a infractores de tránsito, sin embargo, con violación de normas legales, la DTB adelantaba dichos cursos. (Por esta razón se le ordenó al Director Rafael Horacio Núñez Latorre, proceda a suspender inmediatamente los cursos pedagógicos a infractores que desarrollaba de manera irregular).
- 5. La entidad infrinje las directrices impartidas por el Ministerio de Transporte al no subir a la página Web del RUNT, “los reportes de cargue de información”.
- 6. La DTB no posee Certificado de Gestión de Calidad NTC-ISO-9001”.

El desorden y el despilfarro del presupuesto es latente en la DTB al observarse que pese a que no es autoridad ambiental, suscribió contratos de publicidad para adelantar campañas relacionadas con el llamado comparendo ambiental, tal como se configura con la firma del Contrato 130 de 2013, por valor de $10’000.000, cuyo objeto era “prestar servicios de apoyo para la realización de una campaña pedagógica sobre el comparendo ambiental para usuarios de fuerntes móviles a través de espacios periodísticos y de opinión televisivos”.

Para la Contraloría, el porcentaje de avance de este programa es 0% para la vigencia de 2013, lo que podría configursarse en un despilfarro presupuestal, pues no se cumplió el objetivo pactado con el contratista.

Otro campo donde el Director Níñez Latorre “se rajó” fue en el “Programa Bucaramanga Ágil y Segura” cuyo objetivo era el de disminuir a 350 la tasa de lesiones en accidentes de tránsito durante la vigencia 2013.

Durante ese año se registraron 66 muertes y 1519 lesionados, que en comparación con el 2012 (71 muertes y 2.327 lesionados) solo hubo una reducción de 299 sucesos, lo que solo representó el 7% de disminución, de ahí que no alcanzó la meta esatablecida en el Plan de Desarrollo, por lo que la calificación para el Director fue cero (0).

Otro hecho que desdice de la gestión del Director de Tránsito, tiene que ver con su trabajo para mejorar la seguridad y movilidad vial en Bucaramanga. Las acciones emprendidas no han logrado el objetivo, toda vez que la movilidad en la ciudad es cada vez más lenta y las zonas críticas (Carreras 9, 33, 27, 21, calles 56, 45, Avenida Quebradaseca, entre otras) continúan con los mismos problemas de movilidad, por lo que tampoco alcanzó las metas trazadas en el Plan de Desarrollo, lo que lleva a que su calificación también también sea cero (0).

El mejoramiento de la capacidad operativa en seguridad vial, ha sido otro “chasco” del actual Director de Tránsito de Bucaramanga, pues para cumplir con ese objetivo adquirió una cámara de video y cuatro cámaras digitales por valor de $249’143.760 (al parecer aquí también hubo sobrecosto).

 Además, firmó un Convenio Interadministrativo con la Alcaldía, “con el fin de aunar esfuerzos de cooperación para fortalecer el grupo de Control Vial de la DTB…”. Con los aportes del municipio, la DTB adquirió un equipo de telecomunicaciones que comprende 60 radios, un software con 87 licencias, un computador, 87 baterías de repuesto, una configuración de equipos y dos televisores led de 32 pulgadas, todo por valor de $291’360.000, pero según la Contraloría, al momento de la auditoría estos equipos “no estaban en funcionamiento”.

En materia de reposición de elemetos útilizados para el mejoramiento vial, la DTB durante el 2013 suscribió el Contrato 195 del 29 de octubre por valor de $195’400.000 con plazo de dos meses para reponer 3.000 señales verticales en las vías bumanguesas, sin embargo dicho Contrato fue suspendido el 26 de diciembre del mismo año debido a que la materia prima era importada (¿?) y no había llegado al país, por lo que de las 3.000 señales a reponer, solo fueron cambiadas 12 sin que tampoco alcanzara la meta establecida, lo que le dio una calififcación de cero (0) al Director Núñez Latorre.

Mientras la ciudad carece de una buena semaforización, con equipos dañados, sin iluminación y con las luces rotas, la Dirección de Tránsito, durante el 2013 no ejecutó los recursos presupuestados, que era la suma de $90’000.000.

Dentro del ‘desorden’ imperante al interior de la DTB se observa que esa entidad no cuenta con una caja fuerte para para custodiar los cheques y títulos valores. Estos documentos se encuentran guardados en escritorios sin ninguna medida de seguridad.

Las compras no son llevadas con la manera técnica requerida, lo que fue comprobado con las facturas 19793, 19795, 19796 y 19794 con las que la DTB compró cuatro grúas a la empresa Accesorio y Sistemas S.A. ACCEQIP, cada factura por la suma de $190’000. 001, pero en los libros de contabilidasd se registró, según CC Nº 0196 y RP 1233/12 el 22 de marzo de 2013 una partida, para la compra de las mismas grúas, por valor de $380’000.000, “por lo que distorciona el saldo real de las cuentas del activo”.

Es tanto el desdén imperante en la DTB que “no tiene integrada la parte contable con el departamento de sistemas y financiera, almacén y presupuesto, generando un aislamiento en el manejo de la información que conlleva a una deficiente toma de decisiones, no siendo erróneas e inoportunas”.  Además, la llamada Caja Menor distribuida en distintas dependencias de la entidad, gasta más de lo permitido, por lo que la Contraloría le indilgó responsabilidad al Director Rafael Horacio Núñez.

En términos generales, y con base en la auditoría ejecutada por la Contraloría General de Bucaramanga, la Dirección de Tránsito de la capital santandereana, regentada por el abogado Rafael Horacio Núñez Latorre, durante el 2013 quedó en deuda con la ciudad y de paso el funcionario quedó en deuda consigo mismo por cuanto el desorden adminsitrativo imperante al interior de la entidad, permite colegir que las labores allí desarrolladas no se hacen con juicio ni con apego a la Ley, lo que le puede traer consecuencias de tipo judicial.

Sin embargo, observadores de la administración de Bucaramanga, consultados por periodicoportada.com, consideran que en lo administrativo nada pasará por cuando Núñez Latorre es uno de los allegados del alcalde Luis Francisco Bohórquez Pedraza e inclusive ambos, dicen las fuentes, adelantan conversaciones en Bogotá con representantes de una empresa para el cambio del sistema de semáforos, licitación que deberá abrirse en el curso del presentes año.

A lo encontrado por la Contraloría de Bucaramanga al interior dela Dirección de Tránsito local, se une la contratación, al parecer irregular, de la misma Dirección de Tránsito, con personal que no reúne los requisitos exigidos para laborar en esa entidad. (Leer nota)


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