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Publicado el 10 de octubre de 2014

Con el basurero Anchicayá, ¿engañada la CAS?

La instalación de un basurero a pocos metros de una fuente hídrica, uno de los obstáculos encontrados por la Procuraduría para oponerse a la licencia de la CAS

Las denuncias hechas por periodicoportada.com, sobre la instalación de un basurero a pocos metros de la quebrada El Zarzal, es una de los obstáculos encontrados por la Procuraduría para oponerse a la licencia de la CAS.

La intención de uno grupo de empresarios para imponer al parecer con la ayuda de algunos funcionarios de la CAS, un botadero de basuras o relleno sanitario en jurisdicción de Barrancabermeja, sin tener en cuenta la salud de la población rural y urbana de ese municipio, llevó a la Procuraduría Ambiental y Agraria a tomar partida en la lucha por la preservación ambiental de la región.

La comunidad barranqueña no está de acuerdo con tal imposición, por cuanto a solo 700 metros lineales del lugar escogido para el botadero, cruza la quebrada El Zarzal, una de las afluentes de la ciénaga San Silvestre, que surte de agua al acueducto que vende el agua a más de 260.000 habitantes de la capital del Magdalena Medio.

Ha sido tanta la batalla de la comunidad barranqueña y algunos medios de comunicación del departamento, para que la CAS (encabezada por el gobernador en la presidencia de su junta directiva) entre en razón y reverse la licencia entregada, que la Procuraduría Ambiental y Agraria de Santander determinó actuar para defender los derechos ciudadanos vulnerados, sobre las intenciones comerciales de unos pocos.

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN     

Luego de una reunión sostenida por autoridades civiles y ambientales con la comunidad de la vereda Patio Bonito, donde proyectan construir el basurero, se coordinó la conformación de una comisión que, sobre el terreno, se entere de los daños que puede causar el basurero Anchicayá, no solo sobre la región rural donde se proyecta su construcción, sino sobre toda la comunidad barranqueña en su casco urbano.  

Sobre el tema, el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, respaldó la conformación de dicha comisión, que fue propuesta por el procurador Regional Ambiental y Agrario, Jorge Eduardo Camargo Carvajal, pata que en la próxima semana verifique la existencia de nacimientos y cuerpos de agua susceptibles de protección especial en el sector denominado Anchicayá, en la vereda Patio Bonito del corregimiento La Fortuna. La delegación estará encabezada por dos expertos de la Procuraduría Ambiental, que llegarán de Bogotá y voceros de la comunidad.
 
El procurador Regional Ambiental y Agrario, Jorge Eduardo Camargo Carvajal, dijo que los funcionarios que llegarán de Bogotá serán un ingeniero ambiental especializado en temas ambientales y rellenos sanitarios y una abogada experta en temas ambientales, que ya conocen el área, pues la han visitado en cerca de ocho oportunidades.
 
La visita al sitio del botadero proyectado será el miércoles 15 y jueves 16; “esa comisión verificará  la situación y emitirá un concepto, con el fin de que las autoridades tomen una decisión”, dijo el procurador Ambiental y Agrario de Santander.

¿ENGAÑADA DIRECTORA DE LA CAS?

Luego de acordarse la presencia de la comisión procedente de Bogotá para evaluar la situación ambiental con la instalación del basurero en Anchicayá, la directora de la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-, Flor María Rangel Guerrero  dijo que “los estudios presentados por el titular de la licencia y con base en las visitas de campo efectuadas dentro del proceso de evaluación para el otorgamiento de la licencia ambiental aprobada por la CAS, no se evidenció la existencia de estos cauces permanentes”.

En caso de confirmarse que fue ocultada la verdadera realidad del lugar por donde cruza una fuente hídrica, se podría creer que la directora de la CAS fue asaltada en su buena fe por los comerciantes que procuran construir el relleno sanitario y los integrantes de la comisión de esa entidad que hizo la visita de inspección al terreno.

Confiada en los documentos entregados en el petitorio del permiso y en los informes de sus funcionarios, la directora de la CAS firmó la licencia que hoy es motivo de polémica e inconformidad entre la comunidad barranqueña.

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