Publicado el 08 de agosto de 2014

Investigan a exfuncionarios de Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra un exalcalde y un exsecretario de Infraestructura de Bucaramanga, por presunto incremento ilegal en presupuestos de obras públicas (Santander). Los implicados ya fueron
sancionados por otros hechos irregulares. A interrogatorio Paola Carvajal.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de la capital de Santander, Fernando Vargas Mendoza, por posibles irregularidades en un contrato para la construcción del Parque Integral Metropolitano de Bucaramanga-Fase I. Dentro de la determinación disciplinaria también fue elevado pliego de cargos contra Álvaro Antonio Ramírez Herrera, exsecretario de Infraestructura de esa Alcaldía.

De acuerdo con la investigación, el proceso licitatorio para la construcción de esta obra se habría adelantado sin contar con los estudios técnicos y económicos precisos, serios y completos, porque aunque se contrataron los estudios y diseños de ingeniería para la construcción del parque, estos no habrían tenido el alcance necesario y de cubrimiento de gran parte del área donde se concibió construir esta obra.  

Agrega el pliego de cargos que “de haber verificado diligentemente la existencia de los diseños a nivel de estudios geológicos  completos y suficientes, de diseños arquitectónicos, de ubicación de las pistas de BMX y Skate Park y haber contemplado el área de las pistas para competencias nacionales e internacionales al momento de considerar si suscribía el contrato (…) se habría evitado que la entidad incurriera en suspensiones, adiciones, suscripción de nueva contratación que hicieron más onerosa la construcción de esta obra, programada para cinco meses y que hasta hoy, 24 meses después, no está funcionando”.       

EXUBERADO INCREMENTO 

La Fase I del parque, que tenía valor inicial de $3.662’548.204, terminó costándole al Municipio de Bucaramanga más de $6.000’000.000, es decir, la obra se habría incrementado en un 66.26% respecto a su valor inicial.

Se le reprocha al entonces alcalde su intervención en la celebración del contrato sin contar, al parecer, con dichos requisitos, y al exsecretario de Infraestructura su intervención en la etapa previa a la suscripción de este documento, pues habría ordenado la apertura de la licitación y luego habría ordenado su adjudicación a una firma de ingenieros sin contar con los estudios previos suficientes en lo relacionado con los estudios geotécnicos, dado que estos no tuvieron el alcance necesario y de cubrimiento de gran parte del área donde se concibió construir el Parque Integral Metropolitano.    

YA HABÍAN SIDO SANCIONADOS

Álvaro Ramírez Herrera como Secretario de Infraestructura, ya había sido sancionado por la Procuraduría, por una falta gravísima a título de dolo, al firmar un contrato 25 días después de haberse ejecutado.

El contrato en mención, fue el 392 de 2010 que tuvo por objeto la prestación de servicios artísticos para la elaboración del monumento Calentamiento Global, conocido popularmente como "Marbelle", y que por un tiempo fue instalado en el parque Santander de Bucaramanga.

Según la decisión de la entonces Procuradora Provincial de Bucaramanga, Aura Esperanza Torres, el funcionario violó los principios que rigen la contratación pública, porque "a pesar de que el Contrato se suscribió el 19 de julio de 2010, las actividades relacionadas con el desarrollo del objeto se iniciaron el 25 de junio del mismo año".

Para el Ministerio Público, con este comportamiento el funcionario vulneró, entre otros principios, el de la buena fe, por cuanto al firmar el contrato el 19 de julio de 2010 le dio vida jurídica a un negocio cuyo objeto ya se había iniciado. Por eso lo sancionó con destitución e inhabilidad por el término de 10 años para ejercer contratación y cargos públicos.

Por su parte el exalcalde Vargas Mendoza también fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación por firmar un contrato con UNIPAZ para la capacitación de docentes y la dotación de herramientas tecnológicas, que en concepto del órgano de control, no cumplió los requisitos de la contratación pública.

La medida emanada del Ministerio Público lo destituyó e inhabilitó por 10 años, lo que le obligó a retirarse del cargo a finales del mes de agosto de 2011.

CITADA A INTERROGATORIO EXSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE BUCARAMANGA

De otra parte, para el próximo 20 de agosto fue citada a interrogatorio la exsecretaria de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga, Paola Carvajal, en medio de la investigación que se encuentra en etapa indagatoria por parte de la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Suprior de Bucaramanga.

La investigación se origina por las presuntas inconsistencias que se presentan en seis contratos suscritos en el año 2010 por la exfuncionaria con las Fundaciones FUNASTEC, FADIC y FUNDICOL, que buscaban beneficiar a la población vulnerable de la capital santandereana, durante la administración del hoy exalcalde, Fernando Vargas.

Paola Carvajal es investigada por la posible comisión de los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público, concierto para defraudar la administración pública y celebración ilegal de contratos.

Dicho interrogatorio, tuvo que ser reprogramado debido a que la exfuncionaria no se presentó en la diligencia que estaba programada para el pasado 5 de agosto.


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