Publicado el 04 de enero de 2014

La CAS quiere convertir a Barrancabermeja en el “Patio Trasero”
de Santander y otros departamentos

Un concepto de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, así lo confirma. La CAS y el gobierno de Santander cometieron un abuso al entregar licencia a mercaderes de las basuras en Barrancabermeja. La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa inició proceso de investigación por la aprobación de la licencia.

Las denuncias hechas por el periodicoportada.com relacionadas con la aprobación ilegal de una Licencia Ambiental para que las basuras que hoy son botadas en El Carrasco de Bucaramanga sean trasladadas a un sitio rural del puerto petrolero, fueron tenidas en cuenta por el Ministerio Público, que está de acuerdo en que debe revocarse dicho permiso por cuanto violenta la salud de la comunidad residente en Barrancabermeja y además, dicha licencia fue entregada en forma inconsulta por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) donde el gobernador Richard Aguilar Villa es el presidente de la Junta Directiva.

Para la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, la licencia expedida por la directora de la CAS, Flor María Rangel Guerrero, no es posible por lo que debe revocarse, por cuanto ésta no cumplió con los requisitos legales requeridos, entre ellos el derecho a la participación ciudadana, lo que fue  desconocido por la CAS.

HABLA LA DIRECTORA

Para Flor María Rangel Guerrero, directora de la CAS, el concepto de la Procuraduría es “un derrotero para decidir si se deroga la licencia ambiental otorgada en un predio en zona rural de Barrancabermeja”, con lo que pretende desconocer al Ministerio Público.

Más adelante en diálogo con periodistas, la funcionaria intenta defender a las empresas a las que les otorgó dicha licencia, al señalar que “pese a esto no debemos olvidar que el titular de la licencia también tiene derechos y frente a cualquier error jurídico o administrativo que se incurra al tomar la decisión, él también puede hacer uso de herramientas legales”.

Conocedores de temas ambientales, consultados por periodicoportada.com, señalan que si la licencia fue mal otorgada, “debe revocarse y es la CAS la que debe asumir las consecuencias de sus actos, no sacar excusas no creíbles”.

¿MÁS INFORMACIÓN?

La directora de la CAS manifestó que su equipo técnico, junto a la Oficina de Planeación y la Secretaría de Medio Ambiente de Barrancabermeja, trabaja para llegar a una conclusión en cumplimiento de las normas vigentes, significativo esto que una vez entrega licencias para rellenos sanitarios, su entidad entra a evaluar si dicha licencia es legal o no.

Reseñó Flor María Rangel Guerrero, que luego de conocer el concepto de la Procuraduría, “lo que estamos haciendo es solicitar más información a la Alcaldía sobre los predios”, como si al momento de entregar la licencia, la CAS no hubiese solicitado la documentación requerida. Para más señas de la presunta irregularidad cometida por la CAS es que su directora reconoce, que “una herramienta importante que tenemos es que la Procuraduría hizo su estudio con base en un plano original del IGAC”, por lo que salta un interrogante: ¿Sobre qué planos la CAS determinó que el pretendido basurero debía ser instalado a 700 metros lineales de una fuente hídrica que lleva sus aguas al acueducto de Barrancabermeja?

DEBE SER DEROGADA

Para voceros de la comunidad de Barrancabermeja la Licencia entregada, al parecer sin estudios previos, por parte de la CAS a firmas particulares, “tiene que ser echada para atrás” por cuanto no solo el concepto de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales así lo sugiere, sino porque esa licencia entrará a afectar la salud de los barranqueños que consumen el agua de su acueducto.

Ahora en Barrancabermeja solo esperan que el gobernador de Santander, Richard Aguilar, y la directora de la CAS, Flor María Rangel Guerrero, entiendan el mal que le causan a la sociedad barranqueña en caso de mantener la decisión de entregar la licencia para convertir a la capital petrolera de Colombia, en el "patio trasero" de Santander y departamentos circunvecinos.

INVESTIGA LA PROCURADURÍA

Mientras existe expectativa sobre las determinaciones que adopte la CAS sobre el particular, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, recepcionó el pasado 7 de noviembre, una queja interpuesta por el abogado Cristhian Javier Gutiérrez Martínez, columnista de periodicoportada.com, donde solicita "investigar al Consejo Directivo y a la directora de la Corporasción Autónoma Regional de Santander, pro aprobar la licencia 0855 de 2013, que autorizó la creación de un relleno sanitario cerca de la zona de reserva hídrica de especial protección de la ciénaga San Silvestre, que alimenta al municipio de Barrancabeermeja, sin realizar los estudios técnicos suficientes y apropiados". (Ver documento)

La queja hace historia sobre la realidad que vive Barrancabermeja con el agua que allí se consume, la que en caso de ser confirmada la licencia para el vertimiento de basuras en el sitio ordenado por la CAS, los barranqueños consumirían agua contaminada, por cuanto el sitio de disposición final de desechos quedaría a solo 700 metros en línea recta de la querbrada El Zarzal, la que entrega sus aguas a la ciénaga San Silvestre, de donde es recogido el agua por el acueducto de la ciudad, la que luego va a servir de consumo humano.

El abogado Cristhian Javier Gutiérrez sustenta su queja contra la CAS en la no ejecución de "estudios técnicos suficientes y apropiados", tal como al parecer ocurrió, al aceptar la directora de esa entidad, Flor María Rangel Guerrero, que el concepto de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, es “un derrotero para decidir si se deroga la licencia ambiental otorgada en un predio en zona rural de Barrancabermeja”. El proceso investigativo de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, apenas comienza.

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Mientras la directora de la CAS, Flor María Rangel Guerrero, luego de conocer el pronunciamiento de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales en contra de la licencia entregada por ella, atinó a decir que solicitará "más información a la Alcaldía (de Barrancabrmeja) sobre predios", por lo que enfrenta una queja disciplinaria ante la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, el abogado Miguel Ángel Pedraza hace un fuerte pronuncimiento sobre el tema en su columna del periódico Vanguardia Liberal.

El abogado Pedraza coincide con el periodicoportada.com sobre el manejo sesgado que la CAS y el gobierno departamental, al indicar en su columna titulada LA OSCURA LICENCIA DE LA CAS: "Ahora aduce ante los medios que va a revisar la documentación que sirvió de soporte para otorgar la licencia, como si acaso esa tarea no hubiera sido cumplida con responsabilidad por su dependencia; y también dice que la Procuraduría hizo su estudio utilizando unos planos originales, como si entonces su oficina se hubiera basado en planos desactualizados. Absurdo que primero aprueben y luego revisen, que no consulten previamente, que pidan información después de la aprobación, que desconozcan el impacto ambiental y que ignoren la participación ciudadana". (Leer columna)


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