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Investigan otro contrato dudoso en el pasado Gobierno de Santander

Mediante procedimiento verbal Procuraduría investiga a supervisor e interventor de contrato suscrito entre el departamento de Santander y la Federación Cooperativa de Organizaciones Gubernamentales (FEDECOOP). Los investigados habrían omitido las funciones de supervisión e interventoría encomendadas para ejercer vigilancia a un contrato en el sector rural del municipio de Puerto Wilches (Santander).


Otro contrato, al parecer irregular en el pasado Gobierno del departamento de Santander, sale a la palestra ante investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación, que citó a audiencia pública a Óscar Libardo Martínez Salazar, profesional universitario adscrito a la Secretaría de Transporte e Infraestructura de la Gobernación, en su condición de supervisor del Contrato de Obra Nº 5630 de 2013 suscrito entre este departamento y la Federación Cooperativa y de Organizaciones no Gubernamentales FEDECOOP, y a Marco Tulio Solano Glen, representante legal del consorcio Inter-Puerto Wilches, quién obró como interventor del mismo Contrato.

A Solano Glen la Procuraduría le cuestionó por, al parecer, certificar como recibida a satisfacción una obra consistente en la construcción de 15 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Puerto Wilches (Santander) que no se encontraba ejecutada en su totalidad, pues hacían falta los puntos eléctricos, según se evidenció durante la visita realizada en el 2015 por la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación, desconociendo las obligaciones pactadas en el Contrato de Interventoría.

IRRSPONSABILIDADES DE LAS PARTES

Consideró el ente de control que la labor de interventoría del Consorcio, debió llevarse a cabo con fundamento en las obligaciones y especificaciones exigidas por el Departamento de Santander en los estudios y documentos previos, así como en la invitación pública del Contrato de Interventoría 1035 de 2014.

De igual manera, a Martínez Salazar se le señaló por el supuesto desconocimiento de sus funciones, al no informar a la Secretaría de Transporte el incumplimiento de las obligaciones contractuales y suscribir el Acta de Recibo final de la obra a satisfacción, sin estar ejecutada, conducta con la cual podría estar incurso en falta disciplinaria.

A juicio del Ministerio Público al Supervisor le asistía el deber de vigilancia y seguimiento a la ejecución del Contrato de Obra que le fue confiado, teniéndose en cuenta que estaba en condiciones de advertir los incumplimientos y recomendar la adopción de las medidas necesarias para conminar al contratista de las obras a cumplir en debida forma sus obligaciones contractuales.

CONTRATO SIN EJECUTAR

A través del material probatorio, la Procuraduría demostró que el Contrato de Obra Nº 5630 no había sido ejecutado en su totalidad el 16 de junio de 2014, pues estaba pendiente el ítem correspondiente a punto eléctrico que incluía ductería, accesorios y acometida, el que fue entregado a los beneficiarios del Proyecto hasta el 13 de julio de 2015, un año después de suscrita el Acta de Recibo Final y liquidación del contrato.

Consideró la Procuraduría Regional de Santander que los disciplinables Óscar Libardo Martínez Salazar y Marco Tulio Solano Glen, pudieron haber desconocido, entre otras normas, la Resolución 1719 del 28 de enero de 2013 por medio de la cual se expide el Manual de Funciones y/o actividades que deben cumplir los interventores y/o supervisores del departamento de Santander.

De manera provisional, la falta del representante legal de Inter-Puerto Wilches, Solano Glen, fue calificada como gravísima cometida con culpa gravísima y la del profesional universitario Martínez Salazar como gravísima a título de culpa grave, por cuanto en desarrollo del servicio público que les fuera confiado aceptaron tener con el Estado una relación especial de sujeción, que los obligaba a cumplir los deberes de su cargo y a no apartarse del ordenamiento jurídico.

La audiencia está programada para iniciar a las 2 de la tarde de este 11 de enero, en la sala de audiencias de la Procuraduría Regional de Santander.

FEDECOOP es la misma entidad que durante el Gobierno de Fernando Vargas Mendoza en Bucaramanga, tuvo inconvenientes, junto con otra cooperativa, CODENCO para la ejecución de algunos contratos. Ambas Cooperativas comparten socios e incluso hacen parte de ambas Juntas Directivas, tal como es su momento denunció el portal Sillavacia.com.


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