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Publicado el 15 de agosto de 2014

Exgobernador de Norte de Santander ante la justicia

William Villamizar Laguado, quien ejerció el cargo entre 2008 y 2011 hoy responde ante la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción en la ejecución de contratos de obra pública.

Luego que la Contraloría General de la República terminara un proceso investigativo de ‘Control Excepcional’ contra varios funcionarios del pasado Gobierno del departamento Norte de Santander, Villamizar Laguado es objeto de investigaciones de tipo penal y fiscal por presuntas irregularidades en más de 20 contratos destinados al mejoramiento de varias carreteras, la recuperación del llamado Parque del Agua en Cúcuta y por dineros entregados, durante los años 2009, 2010 y 2011, por su gobierno al equipo Cúcuta Deportivo.

CONTRATOS DE VÍAS

Luego de investigaciones publicadas durante el pasado año (2013) por el Periódico Portada y periodicopórtada.com, donde se evidenció la inversión de recursos para el Programa de Equipo y Maquinaria, pero que no tuvieron el impacto esperado para el mejoramiento de los trayectos a mejorar, la Contraloría General de la República recibió las respectivas quejas el 20 de noviembre de ese año, queja que además solicitaba un ‘Control Excepcional’ a la contratación para el mejoramiento de carreteras secundarias del Departamento Norte de Santander.

Dos de los Contratos denunciados son el 2083 de 2009, firmado el 14 de diciembre entre el Departamento, representado por Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza en su calidad de Secretario de Infraestructura y, Pedro Antonio Silva Ruiz en representación del establecimiento Trituradora La Roca, donde este último se comprometía para con el Departamento “a suministrar materiales pétreos para la pavimentación de la red vial secundaria del Departamento Norte de Santander”, “… por un valor de $4.003’740.000”, para ser ejecutado en un plazo de 10 meses con un Acta de Inicio fechada el 22 de diciembre de 2009; este contrato fue adicionado el 23 de diciembre por valor de $2.001’696.000, para un total de $6.005’436.000  y, el Contrato 0820 de 2010 de fecha 16 de febrero de 2010, cuyo objeto era: “… el suministro e instalación de carpeta asfáltica para la red secundaria región occidental, subregión suroccidental y subregión norte” del Departamento, “… por un valor de $4.018’430.000”. 

A Pedro Antonio Silva Ruiz en representación del establecimiento Trituradora La Roca, le fue entregada la contratación como Único Proponente, que le obligaba a entregar 48.750 metros cúbicos de material pétreo para sub-base y 29.250 metros cúbicos de base; él contrato adicional suministraba otros 35.950 metros cúbicos de base.

En el Contrato 2083 de 2009, cuya interventoría estuvo a cargo de los Ingenieros Antonio Flórez Villamizar y Lucy Elena Urón Rincón, ambos funcionarios de la Gobernación, el Ente de Control observó que en el Acta de Interventoría Nº 03 de fecha 16 de junio de 2010, presentado por la Ingeniera Urón Rincón, se establece la entrega de los materiales destinados a la vía de Bucarasica en dos Actas de recibo: El  Acta Parcial Nº 02 fechada el 19 de abril de 2010 y el segundo Acta Parcial, Nº 03 de 16 de junio de 2010 donde fue recibida la cantidad de 21.450 metros cúbicos de materiales pétreos detallados así. 7.800 metros cúbicos de base y 13.650 metros cúbicos de sub-base por valor total de $947’700.000 sin IVA.

En el Acta Parcial Nº 1 y en el Informe Final de Interventoría se hace entrega del material pétreo para sub-base de 19.500 metros cúbicos y de 11.700 metros cúbicos de base, de los cuales 21.450 metros cúbicos son para el centro de acopio del Cruce de La Virgen. Ese Acta lleva la firma del Contratista Pedro Antonio Silva Ruiz, la Interventora Luz Elena Urón Rincón y el Secretario de Infraestructura del Departamento, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza.

La diferencia entre lo entregado por la Trituradora La Roca y el revisado por el equipo auditor de la Contraloría es de 8.290,62 metros cúbicos como faltante del encontrado en el predio denominado Finca Santa Ana de la Vereda La Ceiba en el Municipio de Sardinata, cuyo propietario Eduardo García, manifestó que es el mismo material depositado en el sitio La Virgen de la vía que conduce al Corregimiento La Sanjuana. Sin embargo, en el Acta Final de Interventoría, donde se hace la relación del material entregado y recibido, se describe que “existen 8.099 metros cúbicos de sub-base disponible a retiro de la Trituradora La Roca”, lo que no concuerda con el metraje faltante estimado en el sitio de trabajo por la Contraloría.

Ante tal situación, el Ente de Control preguntó a la Gobernación de Norte de Santander sobre el destino final del material disponible en la Trituradora La Roca, a lo que el gobierno seccional informó que el material “no ha sido utilizado en la ejecución de ningún contrato”, sin aclarar con certeza si el mismo aún se encuentra en el depósito en la menciona da Trituradora.

Para la Contraloría, el material pétreo lleva acopiado más de cuatro años “con exposición directa al medio ambiente e intemperie, sin ningún tipo de protección (carpas, lonas o plásticos)”. Este material ante el abandono a que ha sido sometido, se encuentra cubierto por la maleza y  contaminado por carbón coque  propiedad de la empresa Carbón Escomín S.A.A. que tiene arrendado un terreno contiguo.

Sobre el terreno, (la carretera Bucarasica-Sanjuana) la Contraloría General de la República “no evidenció presencia del material granular (pétreo), solo en algunos tramos que no sobrepasan los 97 metros lineales, el material pudiera considerarse en primera instancia apto para vías”. Con esto se evidencia que también hubo incumplimiento del Contrato 0820 de 2010, firmado por el entonces Secretario de Infraestructura de Norte de Santander, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza y Pedro Luis barriga Peñaranda en representación de la empresa RETROMÁQIONAS S.A., quien al igual que Pedro Antonio Silva Ruiz y su establecimiento Trituradora La Roca, figuraron como ÚNICOS PROPONENTES.

CONTRATO SIN
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
 

El mismo, Contrato 2083 de 2009, se ejecutó sin el cumplimiento de las condiciones exigidas al Contratista; según el Pliego de Condiciones del Proceso, el Contratista debía “poseer licencia de explotación minera expedida por autoridad competente”, pero, al analizar los documentos soportes de la propuesta, Pedro Antonio Silva Ruiz y la Trituradora La Roca, la Contraloría constató que no posee licencia de explotación minera, sin embargo la Gobernación sin verificar tal situación, le adjudicó el Contrato, lo que podría convertirse en una “conducta punible” con un posible “incumplimiento de tipo disciplinario”.

En conclusión de la Contraloría General de la República, “los recursos que se apropiaron para la vía La Sanjuana-Bucarasica” en la administración del Gobernador William Villamizar Laguado, (2008-2011) se observa que se asignaron más de veinte contratos entre obra civil, consultorías y gestión de proyectos”. Además, “se invirtieron recursos para el Programa de Equipo y Maquinaria; con respecto al estado actual de la vía se podría concluir que los recursos ejecutados no tuvieron el impacto esperado en la misma”.

Durante el proceso auditor, el Ente de Control encontró cuatro hallazgos entre disciplinarios, fiscales y penales; estos últimos tienen en la mira de las autoridades penales al exgobernador William Villamizar Laguado, cuyo proceso es llevado por el Fiscal Décimo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

RETROMÁQUINAS debía suministrar e instalar la carpeta asfáltica de la red secundaria región occidental, subregión suroccidental y subregión norte del Departamento. Para el caso de la carretera La Sanjuana-Bucarasica, debía instalar una carpeta asfáltica de 16 kilómetros, de los cuales, como lo conformó la Contraloría, solo cumplió con el 0.6% del total de la obra. Sin embargo, el pago del contrato se cumplió en pleno.

Esto debido a las deficiencias en la planeación por cuanto después de cuatro años de comprado, el material pétreo aún no ha sido utilizado para los fines que indican los Contratos 2083 de 2009 y  0820 de 2010.

Otro hecho de suma gravedad cometido por el Gobierno del entonces Gobernador William Villamizar Laguado, fue haber pagado la totalidad del contrato, sin haber recibido la totalidad del material, lo que va en contravía a lo pactado en el Contrato, que señala la forma de pago así: “a) …Anticipo… equivalente al 50% del valor total, …pagadero dentro de los primeros cinco días siguientes al perfeccionamiento… b) el 50% restante se pagará de acuerdo con la presentación de Actas Parciales y Finales de la obra ejecutada…” con la aprobación del Interventor y el Visto Bueno del Secretario de Infraestructura. Además, existe una Cláusula de Derechos y Deberes de las partes contratantes donde obliga al Contratista a material los materiales en el plazo y sitios convenidos y, de acuerdo con lo anterior para la Contraloría “no era posible cancelar el suministro de material pétreo sino hasta que este fuera entregado a satisfacción”, por lo que n o es de buen recibo por parte del Ente de Control que dicho material se haya cancelado por parte de la Gobernación de Villamizar Laguado, “sin que se hubiera recibido en su totalidad, desconociéndose su destino”, por lo que pudo haberse presentado una falsedad documental en el Acta de Liquidación y Recibo final de Obra con fecha 9 de octubre de 2012, firmada por Víctor Oliverio Peña Maldonado como Secretario de Infraestructura, Pedro Antonio Silva Ruiz en su calidad de Contratista y Lucy Elena Urón Rincón como Interventora, donde afirman que “el objeto y las obligaciones contratadas fueron cumplidas a cabalidad por el Contratista y recibidos por la Entidad” (Gobernación), con lo que las partes se declaran a Paz y Salvo.

Por esta situación, se presenta un hallazgo de tipo fiscal, por cuanto los recursos invertidos en la compra del suministro, no producen un beneficio social real y se tendrían como mal invertidos, ya que han transcurridos varias vigencias del 2009 al 2014 sin que la administración departamental haya hecho uso de este material, así como a una inadecuada conservación y custodia del mismo, lo que trae como efecto el mal uso de los recursos y un control inadecuado de $340’158.000 (8.099 metros cúbicos de material de sub-base a razón de $42.000 el metro cúbico, según el Contrato), al cancelarse un suministro que no fue utilizado, lo que puede dar razón a un  detrimento patrimonial. Además de una posible falta disciplinaria para aquellos funcionarios que dieron el Visto Bueno para la cancelación de dicho suministro sin haberlo recibido en el sitio indicado en el Contrato, lo que también podría configurar otra falsedad en documento público, por cuanto lo descrito en el Acta de Liquidación no corresponde a la realidad contractual y tampoco contribuyó al mejoramiento vial del Departamento.

DOBLE PAGO DE TRANSPORTE

Además de lo anterior, hubo modificaciones en las cantidades de material a entregar por parte de Pedro Antonio Silva Ruiz en representación de la Trituradora La Roca: El 18 de enero de 2012 el Arquitecto Víctor Oliverio Peña Maldonado en su calidad de Secretario de Infraestructura, firmó el Acta de modificación de cantidades Nº 1, junto con el Contratista Silva Ruiz y la Interventora Lucy Elena Urón; allí acordaron modificar  las cantidades de obras del Contrato  con la disminución de las cantidades de material de sub-base granular en el sitio de 48.750 metros cúbicos a 48.000 por valor de $31’500.000 y el suministro de base granular de 65.200 metros cúbicos a 34.318 por valor de $1.482’336.000 para un total general de rebaja, de $1.513’836.000. Además hubo modificaciones en el transporte de materiales (La Lagua-Silos 120 kilómetros) por $957’240.000 y el transporte de materiales entre Toledo y Labateca sobre 100 kilómetros, por valor de $556’585.862, para un total general de $1,513’825.862 sin IVA.

Con fecha septiembre 12 de 2012, los mismos protagonistas vuelven a reunirse para suscribir el Acta de modificación de cantidades Nº 2, así: Disminución en las cantidades de sub-base granular en el sitio de 48.000 (que habían pactado en el Acta de modificación Nº 1) a solo 19.133 metros cúbicos, mientras que en la base granular hubo aumento de la cantidad de 34.318 (pactada en el Acta de modificación Nº 1) a 71.172 metros cúbicos. En esa misma no modifican el Ítem denominado ‘Transporte de Materiales’ (La Lagua-Silos 120 kilómetros) y mantienen el mismo valor de $957’240.000, mientras que el Ítem ‘Transporte de Materiales’ (Toledo y Labateca 100 kilómetros) es modificado de $556’585.862 a $0 porque el tramo “se realizará mediante un convenio con FUNDESCAT y la Alcaldía de Toledo”, por lo que queda como total general en transporte el valor de $957’240.000, sin IVA.

Para la Contraloría, “no era posible cancelar el transporte del material pétreo, puesto que este transporte se considera explícito en el valor pactado”, por lo que con ese comportamiento de funcionarios y representante de la Trituradora La Roca, el Gobierno pagó dos veces dicho transporte, con lo que se puede configurar, por tercera vez un detrimento patrimonial por el monto de $957’240.000 (5.318 metros cúbicos X $1.500 valor del transporte del metro cúbico en  120 kilómetros) y una posible falta disciplinaria para los funcionarios que intervinieron.

OTRAS INVESTIGACIONES

El exgobernador Villamizar Laguado es rondado por las investigaciones disciplinarias, fiscales, administrativas y penales.

Otro de los procesos que soporta es el de la entrega del Parque del Agua a la Caja de Compensación familiar de Norte de Santander (CONFANORTE) a través del Convenio 0344 de 2009, con duración de 20 años, así como la firma del Convenio 0005 de 2010 entre el INDENORTE y CONFANORTE, para que esta última administrara  de manera autónoma el Ecoparque San Rafael, también a 20 años. En ambos Convenios, se presentan serias irregularidades que llevan al exgobernador a responder ante la justicia administrativa.

Además, en su gobierno, Villamizar Laguado tramitó la obtención de recursos de crédito por el orden de los $3.000’000.000 para ejecutar a través de INDENORTE el Contrato 102 suscrito con el Consorcio Parque El Agua y el Contrato 103 firmado con la Unión Temporal IPA, vigencia 2007.

De ese endeudamiento, el Departamento debía a 9 de mayo de 2014, la suma de $1648’252.696,10, es decir “debe más del 50% del valor inicialmente desembolsado y, ha pagado interés por $1.337’091.761,28, sin tener en cuenta los otros intereses que aún le falta por cancelar”.

El Departamento, de los recursos de créditos indicado, invirtió la suma de $9.562’766.942 en la ejecución de Contrato de obra 102 de 2007, cuyo objeto fue la construcción del Parque del Agua del Municipio Los Patios y, la suma de $836’981.474 en la ejecución del Contrato 103 de 2007 para la interventoría técnica y administrativa de la construcción del referido parque. Toda esta inversión fue ejecutada con anterioridad a la entrega del Parque del Agua y a partir del Convenio 005 de 2010, suscrito por el gobierno de Villamizar Laguado, el Departamento ni INDINORTE reciben ninguna contraprestación monetaria. A lo anterior, se agrega que la empresa que recibió el parque a través del Convenio no está obligada a pagar del impuesto predial, el que debe ser asumido por el Departamento ante el Municipio Los Patios. Por este concepto, de las vigencias 2012, 2013 y 2014, Norte de Santander le adeuda a Los Patios la suma de $468’200.300 que incluye intereses por el orden de $100’202.400, lo que según la Contraloría “siendo necesario advertir que los intereses se podrán constituir en daño fiscal al erario del Estado  al momento de ser cancelados”.

CÚCUTA DEPORTIVO

El Departamento durante las vigencias 2009, 2010 y 2011, entregó a través de Contratos y Convenios a la Corporación Cúcuta Deportivo la suma de $1,628’000.000 como cooperación al desarrollo de la entidad del fútbol profesional, sin embargo dichos documentos no fueron reportados ante el portal de contratación estatal SECOP, con lo que los funcionarios responsables incurrieron en faltas de tipo disciplinario, que son investigadas por la Procuraduría.

Para la Contraloría General de la República, la Gobernación de Norte de Santander, durante la administración de William Villamizar Laguado con los Convenios y Contratos a favor del Cúcuta Deportivo, “fue ineficaz en el seguimiento a los recursos entregados a esa corporación, pues no se adelantó la supervisión para cumplir con el fin estatal de la función administrativa de darle publicidad a todos los actos administrativos de los contratos”.

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