Periodismo independiente para la promoción de los Derechos Humanos, la Democracia y la Paz.

 

Publicado el 26 de febrero de 2018
PORTADA-FM
   


LA RADIO ONLINE QUE MÁS CRECE EN AUDIENCIA
¡Explosión Radial en la Internet...!

Escuche los sábados, desde las 9 am,
nuestra franja informativa:
- MPM-NOTICIAS (Resumen noticioso)
- EL BULLERENGUE (La noticia comentada)
- CONTROVERSIAL (Entrevistas, reportajes, polémicas
sobre temas de actualidad)

En libertad el coronel Aguilar

Según un juez de Bogotá, la Fiscalía no logró demostrar los vínculos del exgobernador de Santander con lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Para la Procuraduría, Aguilar debe responder por el incremento injustificado de su patrimonio, por lo que para el ente de control estaría justificada una medida de aseguramiento intramural si se modifica el delito por el de enriquecimiento ilícito de servidor público.

El Juez 74 de Bogotá, con Función de Control de Garantías, dejó en libertad al coronel Hugo Aguilar, su esposa, Mónica María Barrera; a la madre de esta, Socorro Carreño; y a Yeison Sáenz, quien, según la Fiscalía, es testaferro de Aguilar Naranjo. Todos, excepto Socorro Carreño, habían sido capturados el miércoles 21 de febrero en joras de la noche en Bucaramanga y Cúcuta, para ser trasladados a Bogotá al día siguiente. Carreño fue detenida en la mañana del jueves 22 y trasladada de inmediato a la capital del país. Fueron sindicados de incremento patrimonial ilícito por parte de la Fiscalía luego de varios días de investigación y estudios de material probatorio como el resultado de dos allanamientos a propiedades de la esposa del coronel. En comienzo, los detenidos no aceptaron los cargos imputados y se declararon inocentes.

Las cuatro personas están en manos de la justicia una vez la Fiscalía conoció de una compulsa de copias por parte de la Unidad de Justicia y Paz, por el delito de lavado de activos, con ocasión a que se investigaran los bienes que obtuvo el exgobernador y algunos familiares entre los años 2000 y 2015. La Fiscalía basa su hipótesis en la condena proferida por la Corte Suprema de Justicia contra el exmandatario departamental, por su nexo con paramilitares a cambio de favores electorales.

Sin embargo, el juez con función de garantías, luego de varios días de audiencia, consideró que el ente fiscalizador no argumentó con contundencia las acusaciones contra Aguilar, su familia y un particular, por lo que decidió dejarlos en libertad, pero continúan inmersos en las investigaciones.

Para el Juez 74 de Bogotá, con Función de Control de Garantías “… la Fiscalía no fue contundente y no llevó las pruebas del origen de la supuesta fortuna del ex gobernador”; según esta decisión judicial, el ente acusador se quedó corto a la hora de demostrar que los recursos que enredan a Aguilar tuvieron un origen ilegal o fueron el resultado de las actividades que lo llevaron a una condena por vínculos con paramilitares.

La Fiscalía no pudo probar, son meras hipótesis, podría ser que tuviera un dinero escondido”, dice el juez en su actuación, al considerar que no son suficientes las declaraciones de renta o un incremento patrimonial, que, en criterio de los investigadores, el exgobernador no pudo justificar. Son necesarias las evidencias técnicas que demuestren con certeza la ocurrencia de los delitos señalados por los fiscales del caso.

Aún con el beneficio de libertad para Aguilar y sus compañeros de causa, la Fiscalía advierte que el proceso se mantiene y presentarán los recursos de ley para insistir que el exmandatario debe permanecer encarcelado.

LA INVESTIGACIÓN

Una foto revelada en marzo de 2017 por la periodista Diana Giraldo, hoy directora de Vanguardia Liberal, fue el inicio del proceso investigativo seguido por la fiscalía contra el cornel Hugo Aguilar, investigación que involucró a su esposa Mónica María Barrera, a la madre de esta, Socorro Carreño, y a Yeison Sáenz.

En la foto se observaba a Aguilar cuando conducía un automotor Porsche convertible color negro valorado en $300’000.000, un dato que tenía toda la relevancia, dado que él había declarado ante la justicia que solo podía pagar $500.000 mensuales para cancelar la multa de 10.750 salarios mínimos mensuales (más de $7.000’000.000) que le impuso la Corte Suprema de Justicia por haberse aliado, según ese alto Tribunal, con paramilitares del Bloque Central Bolívar, para acceder como gobernador de Santander. Esa sanción debe destinarse a las víctimas de los paramilitares.

Esa foto que fue el inicio de la investigación permitió a la Fiscalía, incautarle 33 bienes a Aguilar y su entorno familiar involucrado, así como a Yeison Sáenz, señalado de ser su testaferro. Entre lo que fue incautado por la Fiscalía y que ahora tendrá que regresar a sus dueños, están varios vehículos de alta gama, dos mansiones en la zona más exclusiva y costosa del Área Metropolitana de Bucaramanga, el condominio Ruitoque; dos consultorios, seis oficinas, cuatro apartamentos, seis lotes y cuatro predios rurales. Todo avaluado en $15.000’000.000.

Leer también: CAPTURADO EXGOBERNADOR DE SANTANDER

SÍ HAY PRUEBAS EN CONTRA DE AGUILAR: PROCURADURÍA

La Procuraduría General de la Nación advierte que en el proceso que se adelanta contra el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, existen suficientes pruebas del enriquecimiento ilícito de funcionario público.

El Ministerio Público no comparte que Aguilar Naranjo sea procesado por enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, y a través de la Delegada del Ministerio Público asumirá la representación en el proceso y de ser necesario intervendrá en la reformulación de los cargos. 

Para la Procuraduría, que procesalmente no puede imputar un nuevo delito, el exgobernador de Santander debe responder por el incremento injustificado de su patrimonio desde el año 2000 hasta 2015, por lo que para el ente de control estaría justificada una medida de aseguramiento intramural si se modifica el delito por el de enriquecimiento ilícito de servidor público.

Aguilar Naranjo fue diputado entre 2001 y 2002 y gobernador de Santander entre 2004 y 2007. Fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 9 años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado y fue destituido e inhabilitado por 20 años por la Procuraduría.


El Periódico Portada no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios que aquí se publican son responsabilidad directa del usuario que los escribe.
El Periódico Portada se reserva el derecho a eliminar aquellos que agredan a otras personas, utilicen un lenguaje vulgar, o sean comentarios sobre publicidad de cualquier tipo.