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Publicado el 06 de marzo de 2014

COMPENDIO INVESTIGATIVO DEL PERIODICO PORTADA

La Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-, expondrá aspectos ambientales, técnicos y jurídicos de la licencia ambiental que otorgó para la construcción del relleno sanitario en Barrancabermeja”. Así lo dio a conocer la Directora de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), Flor María Rangel Guerrero, durante la rueda de prensa cumplida en Barrancabermeja, la principal ciudad intermedia de Colombia.

Afirmó la funcionaria, que la CAS no va a ir en contra de lo que quieren los barranqueños y que mientras está como Directora de la Corporación, ayudará a que Barrancabermeja y los municipios que están en el Área de su jurisdicció, tengan un ambiente sano que brinde buenas condiciones y que mejore la calidad de vida de la población.

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Como directora del Área Metropolitana de Bucaramanga quiso obligar a los bumangueses a reciclar para beneficiar a la COOPERATIVA COOPRESER de una empleada de su FUNDACIÓN COHERENCIA, que entre otras cosas, fue la FUNDACIÓN COHERENCIA la encargada de promocionar  e implementar, entre los aAños 2011 y 2012, la llamada ruta del reciclaje en Bucaramanga, lo que indica que el gobierno de la capital santandereana preparaba desde sus inicios, el rentable negocio de la recolección del reciclaje. Lucro redondo del alcalde Luis Francisco Bohórquez y la cuestionada funcionaria.

Cuando periodicoportada.com, publicó su nota titulada “¿A quién beneficia el proceso de reciclaje por decreto en Bucaramanga?" estaba detrás de todo lo que hay entre telones en el negociado de la recolección del reciclaje e hizo varios interrogantes que ninguno de los funcionarios comprometidos mostraron la cara para responder.

Sin embargo una periodista, Diana Giraldo del periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga, logró algunos avances de una investigación que van más allá de las simples recomendaciones que en su momento hizo la FUNDACIÓN COHERENCIA que desde tiempo atrás es cuestionada por el comportamiento de su propietaria, Consuelo Ordóñez de Rincón, la exsecretaria de Planeación del exgobernador Horacio Serpa Uribe, hoy directora de la oficina llamada Área Metropolitana de Bucaramanga, la misma que emanó un ‘Acuerdo Metropolitano’ viciado de ilegalidad, tal como lo denunció periodicoportada.com.

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La corrupción administrativa que campea en todo el país, se “esponja” en Cúcuta, donde la Secretaría del Área de Dirección de Fortalecimiento Corporativo de la Alcaldía contrató, como Único oferente, a un comerciante que le entregó en alquiler, la fotocopiadora más cara del mundo.

Otro hecho corrupto, de los que ya están acostumbrados los colombianos, acaba de ser descubierto por el Periódico Portada y su página Web periodicoportada.com., accón que desborda el ingenio nacional para apoderarse de los recursos públicos sin mucho esfuerzo, con la complicidad de corrompidos funcionarios, que tanto pululan por los cargos públicos.

La historia ocurre en Cúcuta, capital del departamento Norte de Santander, fronterizo con la República Bolivariana de Venezuela. Allí, un funcionario llamado Jimy Galán Villamizar, secretario de Despacho, Área de Dirección de Fortalecimiento Corporativo de la Alcaldía, mediante el Contrato -de mínima cuantía- de Prestación de Servicios Nº 700, fechado el 22 de julio de 2013 (este año), alquiló para cuatro meses, una fotocopiadora, por la que el municipio paga mensual la suma de $12’500.000, para que trabaje en la Secretaría de Tránsito municipal.

De acuerdo con el Contrato, el beneficiado fue el comerciante Juan Manuel Valencia Ortiz, con cédula expedida en Bucaramanga, dueño del establecimiento DOCUXER LTDA ubicado en la avenida 9A Nº 11-52 del barrio La Rivera de la capital nortesantandereana, con sucursal en Bucaramanga, quien suscribió el documento con el funcionario Galán Villamizar, por la suma de $50’000.000 con el objeto de “alquiler de impresora monocromática, 50PDM, procesador dual core 600MHZ, memoria RAM de 256 MB máximo 768 MB, dos (2) bandejas de 520 hojas, MFP 1200 hojas, resolución 1200 DPI, ciclo mensual de 10.000 a 20.000 impresiones, puertos USB, red 100/100/100 y USB memoria para la Secretaría de Tránsito municipal.

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En el ambiente se tiene la sensación que el Secretario de Infraestructura de Santander, quiere ‘tapar’ la realidad de la contratación inconclusa dejada por el ex gobernador Horacio Serpa Uribe, además de no contestar derechos de petición. Sobre el particular, la Contraloría de Santander tiene conocimiento  de este hecho, pero parece no importarle.

El Periódico Portada dio a conocer la forma como el secretario de Infraestructura del departamento, Enrique Bueno Rey, parece que quería tapar a toda costa, la presunta contratación irregular ejecutada por su antecesor, el ingeniero eléctrico Edgar Augusto Pedraza, de quien se dice en los pasillos de la gobernación, utilizó 26 empresas suyas y de sus amigos, para entregarles la interventoría de obra pública contratada con entidades locales y foráneas, que llegaron a Santander como una forma de pago de favores políticos del entonces gobernador Horacio Serpa Uribe.

Aquí se presentan hechos concretos, conocidos por funcionarios de la Contraloría de Santander sobre irregularidades, no solo en la contratación sino en los archivos de la contratación, lo que hace más elocuente la manera irregular con la que fue manejada la oficina de Infraestructura, la que, según especialistas en contratación, fue la más corrupta a lo largo del cuatrienio del gobierno de Horacio Serpa Uribe; Edgar Augusto Pedraza es ahijado de matrimonio de su entonces jefe laboral y actual jefe político, Serpa Uribe.

Conozca el resultado de esta investigación publicada en dos entregas, AQUI

Pese a las presuntas irregularidades en la contratación, los sobrecostos, la doble contratación y el incumplimiento del contrato de construcción, el gobierno nacional aportará un poca más de $150’000.000 para un supuesto “mejoramiento del separador” de esa obra, que debió ejecutarse durante el tiempo del contrato.

La construcción de la Cicloruta, se gestó en el Convenio 1380, firmado entre el gobernador de Santander, Horacio Serpa y el alcalde de Sabana de Torres, Uriel Velandia Gutiérrez el 29 de octubre de 2010 por valor de $3.263’356.691. De dicho Convenio se derivó por parte de la Alcaldía municipal de Sabana de Torres, el contrato de Obra Pública 006 de 2011 con Consorcio Sabana de Torres, por un valor de $2.455’287.414, cuyo objeto era:“ Construcción cilcoruta y paseo peatonal vía Sabana de Torres-La Gómez”, más un adicional de $ 250.002.262 para un total de $2.705’289.676. A este valor se agregaron otros contratos y subcontratos complementarios hasta llegar a la suma total de $3.263’356.691, que es el costo de la obra.

El Consorcio Sabana de Torres estuvo representado por Oscar Iván Monsalve Villabona e integrado por las firmas Pavigas y MCI Ingenieros Contratistas; el Consorcio inició la obra el 23 de marzo de 2011.

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En el Gobierno del Departamento, quedó al descubierto que en la pasada vigencia, miles de millones de pesos fueron dilapidados, sin control alguno y complacencia oficial, a través de Fundaciones y Corporaciones de papel.
Igual ocurrió en la Alcaldía de Bucaramanga.

Durante el año pasado, los Gobiernos del Departamento de Santander y el Municipio de Bucaramanga entregaron multimillonarias contrataciones a organizaciones constituidas como Fundaciones, Corporaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de eludir trámites legales que ordenan las leyes de la contratación existentes en Colombia. Un alto porcentaje de esas ONGs, fueron constituidas a partir del año 2008, cuando inició el Gobierno de Horacio Serpa Uribe.

El descaro fue total ante ningún control por parte de las entidades encargadas de vigilar las actuaciones de los administradores de turno, a lado y lado del parque Custodio García Rovira.

En solo el año 2011, la Administración del entonces Gobernador Horacio Serpa Uribe, entregó a 226 Fundaciones, Corporaciones, Asociaciones, de las llamadas “sin Ánimo de Lucro” y personas naturales, la no despreciable suma de $19.126’223.065 para financiar supuestas expresiones artísticas y la elaboración de libros que no beneficiaron la actividad literaria, intelectual ni académica de los santandereanos; apoyos a Congresos nacionales que no dejaron ninguna enseñanza ni desarrollo a la sociedad departamental y otras hipotéticas actividades culturales.

Conozca el resultado de esta investigación publicada, AQUI

A medida que transcurren las investigaciones periodisticas, se conocen más actos, al parecer irregulares, en el Gobierno del 'Mejor y más pulcro Gobernador de Colombia en el 2011.

El trabajo que adelanta la Unidad de Investigación del Periódicoportada.com, cada día sorprende, no por el trabajo en sí, sino por lo que se encuentra al interior de lo que fue el pasado Gobierno de Santander, nororiental Departamento de Colombia, que era dirigido por el tres veces ex candidato a la presidencia de ese país, Horacio Serpa Uribe.

Después de haber descubierto la presencia de una sola persona que representaba a ocho ONGs distintas, con las que recibió grandes cantidades de dinero para "apoyo cultural y artístico", en este segundo informe sobre el "Carrusel de las Fundaciones" se conoce que una sola Fundación, llamada 'Progreso y Desarrollo Social' -FUNPRODESO- con dos 'representantes legales' recibió cerca de $500 millones para ejecutar labores "culturales, artísticas y musicales" en solo 31 días, entre los meses de julio y diciembre del pasado año.

El "patrocinio" de este desangre económico lo dio la Secretaría de Desarrollo del Departamento que entregaba a manos llenas las sumas de dinero que le solicitaban, sin que al parecer, hiciera estudios a fondo sobre los proyectos que les presentaba la Fundación en referencia.

FUNPRODESO es una Fundación inscrita ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga el día 4 de agosto de 2010 bajo el número 36879; de acuerdo con esta información, se presumen que FUNPRODESO fue creada para contratar con el Gobierno de Horacio Serpa Uribe. Su primer representante legal fue Arnulfo Velandia Pico identificado con la cédula de ciudadanía 13'806.984, quien firmó tres contratos por la suma de $145'000.000. 

Después de un año, la representación de FUNPRODESO quedó en manos de Carmen Patricia Mantilla Rodríguez con cédula de ciudadanía 63'530.872, quien obtuvo una cosecha de $339'500.000 en solo 4 meses de 2011.

LA CONTRATACIÓN

La Fundación Progreso y Desarrollo Social -FUNPRODESO-, comenzó a contratar con la Gobernación de Santander, once meses después de su creación: Su primer Contrato quedó registrado con el número 1433 del 29 de julio de 2011 por la suma de $25'000.000 cuyo objeto fue: "Apoyo para la exposición pictórica de cuatro pintores santandereanos en el Municipio de Bucaramanga", entre los días 29 de julio al 3 de agosto. El mismo día que comenzaba el evento, fue firmado el contrato. 

El segundo Contrato de FUNPRODESO con el Gobierno de Serpa Uribe fue firmado el 11 de agosto con el número 1468 por valor de $100'000.000 como "apoyo a la realización de la Primera Gran Feria del Libro Ambiental en el Municipio de Bucaramanga" con un plazo de 2 días sin especificar; con solo la suscripción del Acta de Inicio justificaba la erogación ante el Gobierno departamental.

El tercer Contrato está registrado con el número 1469, suscrito el día 12 de agosto (un día después del Contrato 1468): Tenía como objeto: "Apoyo a la realización de un evento cultural, artístico, musical y del folclor en el Municipio de Floridablanca..." por valor de $20'000.000 con plazo de un día (1), "una vez suscrita el Actas de Inicio". 

Estos primeros tres Contratos fueron firmados por Arnulfo Velandia Pico como representante legal de la Fundación Progreso y Desarrollo Social -FUNPRODESO-.

A partir del cuarto Contrato entregado por el Gobierno de Santander, la Fundación comprometida cambia de representante legal y comienza a ejercer el cargo para firmar, la dama Carmen Patricia Mantilla Rodríguez; este Contrato fue firmado el 9 de septiembre bajo el número 1666, por valor de $40'000.000; tenía como objeto "Fortalecer los progresos de inclusión de los discapacitados en actividades de cultura, arte y aprovechamiento del tiempo libre, en el marco del proyecto apoyo a un encuentro cultural artístico de la población discapacitada del Municipio de Girón", con un plazo de cinco (5) días sin especificar. 

Otro Contrato, el quinto que recibió FUNPRODESO, fue firmado el 13 de septiembre radicado, bajo el número 1671 por la suma de $100'000.000 con el objeto: "Apoyo al Primer Festival Artístico y Cultural Metropolitano -FESCUL 2011- en Santander". Tenía un plazo de cuatro (4) días, sin especificar fecha exacta para ejecutar el Contrato en Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta. 

El sexto Contrato a favor de la Fundación Progreso y Desarrollo Social, lleva el número 1832, firmado el 5 de octubre como "apoyo al Primer Festival Cultural Artesanal y Musical Curiteños tejiendo desarrollo sembrando cultura, a realizarse en el Municipio de Curití (Santander)", por la suma de $49'800.000 el que debió realizarse en tres (39 días según el Contrato que no especifica fecha exacta.

Un séptimo Contrato se firma el día 24 de noviembre por valor de $52'000.000. Este lleva el número 2111 y tenía como objeto: "Apoyo al evento Música Cultural, a realizarse en el Municipio de Cimitarra". Su fecha de realización: 25, 26 y 27 de noviembre (3 días).

El siete de diciembre surge un nuevo Contrato, el octavo para FUNPRODESO, con el número 2223 por la suma de $50'000.000 destinado al "apoyo al Encuentro Folclórico Popular y Artístico a desarrollarse en Piedecuesta" durante los días 10 y 11 de diciembre. (2 días). 

El mismo día en que fue firmado el anterior Contrato, (7 de diciembre) la Fundación en referencia firma otro (el noveno) con el número 2227 por la suma de $25'700.000 para apoyar el "Primer Festival de Música Bailable y Folclor a realizarse en Betulia", durante los días 9 y 10 de diciembre (2 días).

No contentos con los dos anteriores Contratos, ese 7 de diciembre FUNPRODESO y el Gobierno de Santander firmaron el tercer contrato del día y el décimo de la Fundación en el año: El 2228 por la suma de $22'000.000 como un "apoyo a la realización de un Encuentro Carcasí baila y danza con el arte, a realzarse en el Municipio de Carcasí" entre los días 10 y 11 de diciembre (2 días). 

Siete días después, el 15 de diciembre, FUNPRODESO regresa a la Secretaría de Desarrollo Social del pasado Gobierno de Santander, para firmar su décimo primer Contrato: El 2293 por $50'000.000 destinado al "apoyo al talento artístico y folclórico a realizarse en el Municipio de Girón" entre los días 17 y 18 de diciembre, (2 días). 

Al día siguiente, el 16 de diciembre, la representante legal de la Fundación firma el décimo segundo Contrato, con el número 2282, por otros $50'000.000 como "apoyo al talento artístico y folclórico de los creadores del Municipio de Floridablanca" (¿?).

¿Cómo sabía la Fundación Progreso y Desarrollo Social -FUNPRODESO- que los fundadores de Floridablanca tenían talento artístico y folclórico? Floridablanca, según la revista Credencial Historia en su edición 141 de septiembre de 2011, "fue fundada en 1809, en memoria de José Moñino, Conde de Floridablanca, quien fuera Ministro del Rey Carlos III y murió en 1808. Fue fundada como Parroquia en 1817 y alcanzó la categoría de Municipio en 1858".

INCONGRUENCIAS 

Se sobre entiende que en la Secretaría de Desarrollo Social, como en cualquier oficina del Estado existe un libro radicador de documentos, en este caso de Contratos; sin embargo se presentan inconsistencias en la radicación de los Contratos 2282 y 2293: El primero con un radicado inferior tiene fecha 16 de diciembre, mientras que el 2293 fue firmado un día antes (15 de diciembre) ¿Cómo entender tal situación?

Según la contratación aquí difundida, se colige que la Fundación Progreso y Desarrollo Social -FUNPRODESO- es pionera en organizar en Santander por primera vez, eventos culturales, folclóricos y artísticos: Para la Secretaría de Desarrollo y el Gobierno departamental, "supuestamente" organizó la "Primera Gran Feria del Libro Ambiental" en Bucaramanga, el "Primer Festival Artesanal, Cultural y Musical Curiteños tejiendo desarrollo, sembrando cultura" en Curití y, el "Primer Festival Artístico y Cultural Metropolitano -FESCUL 2011- en Santander".

A la Fundación FUNPRODESO en un solo día (7 de diciembre de 2011), la Gobernación de Santander le entregó tres Contratos (2223,2227 y 2228) por la suma de $95'700.000, lo que puede considerarse un despropósito o un favorecimiento del Gobierno de turno.

También se observa que, al parecer los integrantes de FUNPRODESO tenían el don de la ubicuidad: Entre el 9, 10 y 11 de diciembre (mismos días) ejecutaron los Contratos 2223 en Piedecuesta, 2227 en Betulia y 2228 en Carcasí, Municipios distantes en la geografía santandereana; y, entre los días 16 y 18 de diciembre cumplieron los Contratos 2282 en Floridablanca y 2293 en Girón.

Al igual, se pone en duda el real objetivo de la Fundación Progreso y Desarrollo Social -FUNPRODESO- constituida en el 2010, para un año después, iniciar un proceso de contratación con el Gobierno de Serpa Uribe, que la llevó a obtener en supuestos 31 días de trabajo, -entre el 29 de julio y el 16 de diciembre de 2011- la no despreciable suma de $484'500.000.

SOSPECHOSA

La contratación entre la Fundación FUNPRODESO y el Gobierno de Santander deja muchas dudas, según quienes conocen el manejo de la contratación oficial, pues "pudo haberse prestado para que algunos de los funcionarios del Gobierno que otorgó los Contratos y dirigentes políticos allegados al Gobernador y Secretarios se hayan quedado con esos recursos".

Será la Contraloría departamental de Santander, la encargada de desenredar esta 'madeja' de contrataciones, al parecer ficticias, un presunto despilfarro fiscal en detrimento de los recursos del Departamento para favorecer, suponen observadores de la actividad político-administrativo de la región, "a gente cercana a los funcionarios comprometidos con dicha contratación y a algunas campañas que participaron en la pasada campaña electoral en la región".

En el Gobierno del Departamento, quedó descubierto que en la pasada vigencia, miles de millones de pesos fueron dilapidados, sin control alguno y complacencia oficial, a través de Fundaciones y Corporaciones de papel. Igual ocurrió en la Alcaldía de Bucaramanga.

Durante el año pasado, los Gobiernos del Departamento de Santander y el Municipio de Bucaramanga entregaron multimillonarias contrataciones a organizaciones constituidas como Fundaciones, Corporaciones y Asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de obviar trámites legales que ordenan las leyes de la contratación existentes en Colombia. Un alto porcentaje de esas ONGs, fueron constituidas a partir del año 2008, cuando inició el Gobierno de Horacio Serpa Uribe.

El descaro fue total ante ningún control por parte de las entidades encargadas de vigilar las actuaciones de los administradores de turno, a lado y lado del parque Custodio García Rovira.

En solo el año 2011, la Administración del entonces Gobernador Horacio Serpa Uribe, entregó a 226 Fundaciones, Corporaciones, Asociaciones, de las llamadas “sin ánimo de lucro” y, personas naturales, la no despreciable suma de $19.126’223.065 para financiar supuestas expresiones artísticas y la elaboración de libros que no beneficiaron la actividad literaria, intelectual ni académica de los santandereanos; apoyos a Congresos nacionales que no dejaron ninguna enseñanza ni desarrollo a la sociedad departamental y otras hipotéticas  actividades culturales.

EL CARRUSEL DE LAS BANDAS Y OTROS FESTIVALES

En Barrancabermeja se cumple desde el año 2000 el Festival de Colonias, organizado por la Asociación de Colonias de Barrancabermeja ASOCOBA, el que fue institucionalizado en el 2004, a través del Acuerdo 027 del Concejo local. Las 24 colonias asentadas en Barrancabermeja se reúnen cada año para exponer sus cualidades gastronómicas.

La Ley 1007, promulgada el 26 de enero de 2006 “Por medio de la cual la República de Colombia rinde homenaje a los Festivales de Música Folclórica del Departamento de Santander y se dictan otras disposiciones”, reseña que se declara Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación los Festivales de Bandas y de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Ambos son utilizados, por parte de sus organizadores y algunas ONGs, para obtener recursos del orden oficial: Del Municipio de Barrancabermeja, del Departamento de Santander e incluso de la Nación. El Festival Nacional de Bandas fue también declarado Patrimonio Cultural del Departamento de Santander mediante la Ordenanza 007 de 2002.

Dentro del estudio adelantado a este ‘Carrusel de las Fundaciones’, sobresale la presencia de cuatro organizaciones, entre Casas de la Cultura, Asociaciones, Corporaciones y Fundaciones, que solicitaron recursos para el Festival de Colonias que año tras año se realiza en Barrancabermeja, sin que el Gobierno de Santander se hubiera percatado (o no quiso hacerlo) con el fin de controlar el desangre de recursos. Se desconoce por qué, ASOCOBA la entidad que organiza el Festival, no hace presencia en la consecución directa de los recursos para la organización de su Festival.

AÑO 2008

El Carrusel para obtener recursos con destino a los Festivales de Colonias en Barrancabermeja, durante el Gobierno de Horacio Serpa Uribe, la inició en el 2008 la Casa de la Cultura de esa ciudad, que con representación legal de Juan de Dios Monroy Gómez solicitó $12 millones para la versión IX del evento cultural; al término de los trámites, a través del Contrato 0567 recibió la suma de $10 millones. 

Para el 26 de septiembre, la Asociación Música Popular, representada por Óscar Mauricio Barajas Sarmiento, recibió mediante Contrato 0746, la suma de $20 millones como “apoyo a la realización del primer Encuentro nacional de Artistas Intérpretes de Música Vallenata en instrumentos de cuerda Barrancabermeja”, que debería llevarse a efecto entre los días 11 y 12 de octubre (dos días).

Ese mismo año, con fecha 30 de octubre la Corporación de Apoyo a las Expresiones Artísticas y Culturales de Barrancabermeja, cuyo representante legal, es por coincidencia el mismo Óscar Mauricio Barajas Sarmiento, firmaba el Contrato 1030 con el Secretario de Desarrollo Social de la época, Juan José Landínez Landínez, por la suma de $40 millones, como “apoyo a la realización del Encuentro Departamental de Bandas” que debió realizarse los días 1 y 2 de noviembre.

Junto con los anteriores recursos, en el 2008 la Asociación Música Popular, también recibió los Contratos 0251, 0521, 0899 y 1236.

AÑO 2009

En el 2009, la entidad que solicitó el apoyo económico para el X Festival de Colonias, fue la Asociación de Música Popular, la que fue creada para organizar el Festival de Bandas que también se realiza en Barrancabermeja. La Asociación de Música Popular en cabeza, también, de Óscar Mauricio Barajas Sarmiento, solicitó en esta ocasión la suma de $40 millones, pero el Gobierno de Santander le aprobó $15 millones, entregado a través del Contrato 0985. Ese mismo año, el 11 de septiembre, Barajas Sarmiento con la Corporación de Apoyo a las Expresiones Artísticas y Culturales de Barrancabermeja recibió del Gobierno de Horacio Serpa y su Secretario de Desarrollo Social Héctor Josué Quintero Jaimes (hoy Alcalde de Girón) mediante Contrato 1178, la suma de $60 millones como "apoyo a la realización del Encuentro Regional de Artesanos de la Provincia de Mares en Barrancabermeja".

AÑO 2010

Un año después, en el 2010, la Corporación de Apoyo a las Expresiones Artísticas y Culturales de Barrancabermeja, de Barajas Sarmiento, (el mismo de la Asociación Música Popular) solicitó $45 millones con destino al XI Festival de Colonias; el Gobierno de Serpa Uribe le entregó la suma de $40 millones en el Contrato 1459.  Ese mismo año, Barajas Sarmiento con su ONG, Asociación Música Popular, recibió del Municipio de Barrancabermeja la suma de $44 millones, a través del Contrato 1115 con fecha 28 de octubre de 2010 para el XVIII Festival Nacional de Bandas.

Pero el logro de recursos, amparado en actividades culturales no para ahí: El 29 de enero de 2010 la Corporación de Apoyo a las Expresiones Artísticas y Culturales de Barrancabermeja, representada por el mismo Óscar Mauricio Barajas Sarmiento, recibió la suma de $25 millones como “apoyo a la realización del Festival Internacional de Jazz en Barrancabermeja", mediante el Contrato 0239.

AÑO 2011

En el último año del Gobierno de Horacio Serpa, aparece otra ONG, con un nombre sui géneris, llamada “Fundación Unidas Nuestras Manos Un Solo Corazón”, (registrada en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja y representada por Ilva Méndez Avilés) para solicitar $85 millones con destino a realizar el XII Festival Nacional de Bandas de Barrancabermeja. El Gobierno le autorizó $70 millones con el Contrato 1508.

Ese mismo año, (el 29 de junio) la ONG Asociación Música Popular de Óscar Mauricio Barajas Sarmiento, suscribía el Contrato 1222 con la misma Gobernación, con el que recibió la suma de $30 millones como “apoyo a la participación de Santander en el Festival de Acordeones a realizarse en Villanueva, Guajira”.

Dos días después (1 de julio) la misma Asociación Música Popular de Barajas Sarmiento firmaba el Contrato 1362 por $10 millones como “apoyo a la afrocolombianidad resaltando el folclor y las costumbres propias del Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander”.

Y seguía el 'chorro' de recursos entregados a Óscar Barajas, esta vez con su Corporación de Apoyo a las Expresiones Artísticas y Culturales de Barrancabermeja, con la que recibió $60'000.000 como "apoyo a la realización de actividades artísticas y culturales en el marco de las Fiestas de la Virgen del Carmen, en el Corregimiento El Llanito de Barrancabermeja", en el Contrato 1393, fechado el 15 de julio.

Catorce días después (el 29 de julio) el mismo Óscar Mauricio Barajas Sarmiento recibió, también del Departamento de Santander, la suma de $60 millones, en el Contrato 1428, firmado por el Secretario de Desarrollo Henry Parra Ardila, como "apoyo a la realización del XIV Festival Nacional de Bandas Folclóricas en Barrancabermeja".

Para redondear ‘la faena’, la Asociación Música Popular con la representatividad legal de Óscar Mauricio Barajas Sarmiento, suscribió el 29 de julio de 2011 el Contrato 1434 con el que recibió otros $53 millones como apoyo a la realización de actividades artísticas y culturales en Barrancabermeja durante 3 días.

El 16 de noviembre del mismo año (2011) Óscar Barajas con su Corporación de Apoyo a las Expresiones Artísticas y Culturales de Barrancabermeja, vuelve a recibir, con el Contrato 2045, nuevos recursos de mano del mismo Secretario Parra Ardila; esta vez la suma de $50 millones como "apoyo a la Exposición Departamental de Fotografías Históricas de Santander a realizarse en Bucaramanga": una ONG de Barrancabermeja que se traslada a Bucaramanga a cumplir con un compromiso cultural (¿?).

El traslado a la capital de Santander le dio resultado a la Corporación de Apoyo a las Expresiones Artísticas y Culturales de Barrancabermeja, la que el 16 de diciembre firma el Contrato 2288 con el Secretario de Desarrollo Social de Santander, Henry Parra Ardila, como "apoyo a la realización de una muestra artística tradicional colombiana a desarrollarse en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga", entre el 16 y 19 de diciembre. Nótese que el referido contrato fue firmado el mismo día en que, de manera presunta, se inciaba la "muestra artística".

El ‘chorro’ de dinero no paró ahí: el 23 de diciembre de 2011 la entidad (Asociación Música Popular) también representada por Óscar Mauricio Barajas, recibía la suma de $40 millones con el Contrato 2361, como “apoyo a las actividades artísticas y culturales en el marco de la celebración del homenaje del niño campesino en Barrancabermeja”, el que según este Contrato debía realizarse los días 22 y 23 de diciembre.

Fue tan acusiosa la Corporación de Apoyo a las Expresiones Artísticas y Culturales de Barrancabermeja durante el 2011, que terminó el año con la firma del Contrato 2497 fechado el 30 de diciembre, donde el mismo Secretario de Desarrollo Social de Santander (Henry Parra Ardila) le da el apoyo para la "realización del II encuentro regional de artesanos de la Provincia de Mares en Barrancabermeja" que según el documento se debió cumplir los días 30, 31 de diciembre de 2011, 1, 2, 3 y 4 de enero de 2012.

Al observar, solo la solicitud de recursos solo para el Festival de Colonias, durante los pasados cuatro años, se observa que algo raro existió: 1.- Su real organizadora, la Asociación de Colonias de Barrancabermeja ASOCOBA no figuró en ninguna de las solicitudes de recurso. 2.- En cada año, desde el 2008 hasta el 2011, a una ONG distinta el Gobierno de Santander le entregó recursos para el mencionado Festival y, 3.- Una sola persona maneja cerca de ocho ONGs, con las que solicitó y el Gobierno departamental le entregó recursos del Estado. Incluso, una de esas organizaciones representadas por Óscar Mauricio Barajas Sarmiento y con sede en Barrancabermeja, solicitó y recibió del Gobierno de Serpa Uribe recursos para realizar varios eventos "culturales" en Bucaramanga, como se observa en este recorrido cronológico.

El Programa "Promoción y Fortalecimiento de las Expresiones Artísticas y Culturales" del llamado "Plan de Desarrollo Santander Incluyente 2008-2011", fue el utilizado por el Gobierno de Horacio Serpa Uribe, a través de su Secretaría de Desasrrollo Social, para apropiarle recursos sin control a las ONGs en el Departamento.

¿DINEROS PARA CAMPAÑAS POLÍTICAS?

En Barrancabermeja, donde se realiza un  buen número de actividades culturales al año, las que solicitan apoyo económico de la Alcaldía de ese Municipio y la Gobernación de Santander, consideran que esos apoyos se han convertido en un trampolín para la financiación de las campañas políticas.

En el caso del Festival de Colonias, al hacerse comparaciones sobre los valores girados por el Gobernador Serpa Uribe, los más suspicaces creen que los giros de los año 2010 y 2011, cuando se acercaba la fecha de las elecciones de 2011, una buena porción de los $40 y $70 millones, cayeron a la campaña a la Alcaldía del candidato Darío Echeverri Serrano, quien fracasó en su intento, pese a que estaba apoyado por el Gobernador Serpa.

Es que en Barrancabermeja, se realiza cada año, un buen número de actividades culturales que permiten obtener recursos de parte del Estado, llámese Municipio o Departamento. Entre esas actividades culturales se encuentran: Festival Nacional de Bandas, el Fandango de Año Nuevo, el Festival Nacional del Bollo, el  Festival de Colonias, el Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, la Feria Agropecuaria y Agroindustrial, la Fiesta Nacional del Petróleo, el Festival de Piano de la UIS, entre otras.

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA CON IGUAL PRACTICA

Una situación similar pudo haber ocurrido en la Alcaldía del Municipio de Bucaramanga, donde también, durante el pasado año, fue contratada unan gran cantidad de ONGs para eludir los trámites ordena la Ley de la contratación en Colombia.

A través de las respectivas Secretarías de Desarrollo Social, en los Gobiernos de Santander y Bucaramanga, durante los últimos cuatro años se escapó mucho dinero del Estado con destino a presuntas organizaciones, que legalizadas ante las Cámaras de Comercio no cumplen con sus objetivos sociales y se convierten en las cajas menores de personas y políticos inescrupulosos que aprovechan las rendijas que tienen las Leyes colombianas para sobrepasarlas y eludir las acciones penales.

La presencia de ONGs en el Municipio de Bucaramanga durante los últimos cuatro meses del pasado año, será el tema para la segunda entrega de esta investigación "El Carrusel de las Fundaciones".

En Metrolínea se han presentado irregularidades que contrastan con los logros que se quieren demostrar en cifras, como retrasos en las obras, adjudicaciones irregulares de contratos, y fallas graves en diseño y planeación, que generan sobrecostos y cuya previsión señala que tendrán que ser asumidos por los usuarios.

El proyecto del Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros para Bucaramanga y su Área Metropolitana fue incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un Estado Comunitario” y es considerado un proyecto de importancia estratégica para la Nación y los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB). 

Metrolínea S.A., es una sociedad por acciones entre entidades públicas sujeta al régimen de una Empresa Industrial y Comercial del Estado, dotada de Personería Jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, constituida mediante Escritura Pública 1011 de Marzo 21 de 2003, otorgada por la Notaría Séptima del Círculo de Bucaramanga, aclarada mediante Escritura Pública 3809 de Octubre 6 de 2004 de la misma notaría, registrada en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la cual tiene el carácter de titular del Sistema Metrolínea.

La movilidad no es sólo un negocio multimillonario que incluye corrupción, contratos leoninos y sobornos, como lo muestra el caso de la Siemens S.A. con la semaforización en Cali y hechos de corrupción en Transmetro de Medellín y otros como ICA, la firma mexicana que ‘tumbó’ a Bogotá con el arreglo de la malla vial a finales de los años 90 y la presencia de empresas que en Bucaramanga incumplieron los contratos por lo que dejaron los trabajos ‘tirados’.

En la capital de Santander, la construcción de los carriles y demás obras comprometidas por Metrolínea, han provocado multimillonarios gastos, debido al incumplimiento de las empresas contratadas o a la falta de planeación de las obras.
Este trabajo de investigación fundamentado en los resultados entregados por EL Sistema de Veeduría, el seguimiento de  la Cámara de Comercio, auditorías de la Procuraduría General de la Nación e información de la propia Metrolínea, deja al descubierto el alto costo que ha tenido que pagar el Estado (Gobiernos nacional, departamental y municipales) así como el común de la gente por las obras que ha contratado la empresa Metrolínea a lo largo de su gestión.

El Contrato de Fiducia Mercantil que cobija a Metrolínea S.A., faculta a esta empresa para dirigir “los procesos de selección de los contratistas con los que se realicen las obras de mantenimiento o mejora de la infraestructura que conforma el Sistema Metrolínea”.

SOBRECOSTOS FASE I

La Fase I de la construcción de los carriles de movilización del Sistema Metrolínea, tuvo tres contratos de obras, cuyo costo inicial era de 28.103’502.722,72, pero que con sobrecostos e irresponsabilidades de los contratistas, se aumentó a 39.534’924.596,14, o sea, un 33%. Solo en sobrecostos se contabilizaron $16.627’419.862,82. En cuanto a interventoría,  ésta se contrató por la suma de $1.825’000.000, más un adicional del 96.63% para un valor total en este renglón de $3.589’000.000, que sumado al sobrecosto de obra, dio un total general de $18.391’419.862,82.    

CONTRATO 001 DE 2006. Metrolínea contrató con el Consorcio Concol-Cromas, la construcción de tramo, mediante Contrato de Obra Pública 001, firmado el 23 de enero de 2006, por valor de $8.128´054.535. 

La obra se inició el 7 de abril de 2006 con fecha contractual de terminación, el día 6 de diciembre del mismo año. Durante la ejecución del contrato, se firmaron dos adicionales en valor y plazo (1 mes y 0.7 meses), que postergó la finalización de la obra hasta el 29 de enero de 2007. Al vencerse el plazo de ejecución de las obras, la Interventoría elaboró un listado de observaciones con el fin de que el Contratista iniciara la etapa de corrección de defectos por un plazo de dos meses. Sin embargo, el Contratista no terminó la corrección al 100% de los defectos en el tiempo previsto, por lo que se amplió este periodo en dos ocasiones hasta el 20 de mayo de 2007.

Al terminar la etapa de corrección de defectos, se evidenciaban aún elementos de infraestructura, espacio público y amoblamiento urbano que no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas. Además, se presentaba acumulación de basuras y desechos dentro de las estaciones, lo que generó inconformismo en la comunidad.  Por último, la Interventoría presentó a Metrolínea S.A. el inventario detallado de los defectos que no fueron corregidos por el Contratista y entregó un informe en el que  establece las razones por las cuales el Contratista Concol- Cromas, tenía que devolver $581 millones por concepto de obras no ejecutadas, obras no reparadas y anticipo no amortizado.

A la fecha de terminación se presentó un sobrecosto de $805’484.035 (9.91%), por lo que la obra tuvo costo total de $8.933’538.570.

CONTRATO 002 DE 2006. Luego fue contratada la construcción del tramo 1-2 o Subtramo 2 en el trayecto entre el Centro Comercial Sanandresito la Rosita y el intercambiador de la Puerta del Sol, con la empresa Unión Temporal Conexión Vial Metropolitana, por valor de $9.008´882.163 mediante Contrato 002 del 23 de enero de 2006. Este tramo incluía la construcción del deprimido en la intersección de la carrera 17 con la Diagonal 15. 

El 7 de abril de 2006 se inició la etapa de construcción del tramo, cuya fecha contractual de terminación era el 6 de diciembre del mismo año. Durante la ejecución del Contrato, se firmaron en comienzo dos adicionales en valor y plazo (1.7 meses y 1.57 meses); luego, la ejecución de este tramo se suspendió por las modificaciones realizadas en los diseños originales. La espera de la definición del diseño definitivo, que dio como resultado deprimir la carrera 17 bajo la diagonal 15, detuvo la obra por 2 meses y paralizó la inversión en un 25%. El cCntrato se suspendió el 14 de marzo de 2007 y el Banco Mundial no objetó la construcción del deprimido vehicular el 11 de mayo del mismo año, fecha en la cual se terminó la suspensión del Contrato inicial y se firmó el Contrato Adicional Nº 4 por 8 meses para su construcción.  

El 26 de septiembre de 2007 se inició la entrega de las obras al Municipio, con excepción del sector del deprimido, el cual según la fecha inicial estipulada para su terminación era el 11 de enero de 2008, sin embargo, por diferentes causas, se concedieron dos adicionales en plazo que determinó el 22 de Junio de 2008 como la nueva fecha de finalización de la etapa de construcción, pero al llegar esa fecha, el contratista había avanzado en un 95,5% en la ejecución del deprimido. 

Como resultado de estas demoras en la obra, se registró un sobrecosto del 106.87% que en efectivo estuvo por el orden de los $9.628´025.205. En total, el contrato costó la suma de $18.636’907.368.

CONTRATO 003 DE 2006. Tenía que ver con la construcción del tramo, Contrato firmado el 23 de enero de 2006 con la Unión Temporal Conexión Vial Metropolitana por valor inicial de $9.341´566.024,72. Este tramo incluyó la construcción de un túnel peatonal en el sector de Provenza.

El 7 de febrero de 2006 se inició la etapa de preconstrucción, durante la cual el contratista revisó y aceptó los diseños de las obras que ejecutaría. El 7 de abril de 2006 se inició la etapa de construcción, cuya fecha contractual de terminación era el 6 de diciembre del mismo año. Sin embargo, el contrato original requirió cinco obras adicionales que generaron cuatro contratos adicionales en recursos y dos en plazo (105 días y 30 días). El 31 de julio de 2006 se terminó el periodo de corrección de defectos y el 1 de agosto de 2006 se realizó la revisión para el recibo final de la obra. A pesar de que este tramo fue el primer corredor del proyecto recibido a satisfacción por laInterventoría, en el mes de junio de 2008 Metrolínea anunció el cierre de la calzada oriental entre el sector de Conucos y Motoreste debido a que el contratista, en cumplimiento de la póliza de estabilidad de la obra, debía corregir los fallos que se presentaron en el pavimento. Al término de la obra, su costo se incrementó en $4.411’993.942,82 (47.23%), por lo que se pagó la suma de $13.753´559.967,54.

La interventoría para estos tres Contratos estuvo a cargo del Consorcio Metrovías 2007, integrado por las firmas ETA S.A. e INTERPRO LTDA., oficializada mediante el Contrato de Consultoría 001 de agosto 23 de 2006, por valor de $1.625 millones. Como en la ejecución de los contratos de obra surgieron distintos Contratos adicionales que generaron a su vez adicionales en el Contrato de Interventoría, cuyo valor inicial fue incrementado en un 96.63% para un valor total de $3.406’916.680.

SOBRECOSTOS FASE II

Al igual que en la Primera Fase, en la Fase II también se presentaron sobrecostos. La Alcaldía de Bucaramanga entregó la realización de los estudios técnicos para la ejecución de la obra a la Universidad Industrial de Santander UIS, entidad que no tiene Facultad de Arquitectura, pese a que un proyecto urbano como este debe ser diseñado por Arquitectos y ejecutado junto con Ingenieros; con base en ellos se abrió la Licitación Pública Internacional ML-LPI001-2006 para la construcción de la segunda fase de infraestructura del sistema. Al igual que el tramo prioritario (Fase I), la financiación de las obras del proyecto estableció que el desarrollo de las mismas se debía ajustar al requerimiento de las normas del Banco Mundial, por lo que esta Licitación Pública fue regida por dicha entidad. Las obras y contratos correspondientes a la segunda fase de infraestructura del SITM se dividieron así:

Tramo 0-Pre-Troncal sobre la Carrera 15 entre la Virgen y la Avenida Quebradaseca, adjudicado a la empresa Pavigas Ltda., a través del Contrato de Obra Pública 004 del 23 de agosto de 2006 por un valor de $9.980’000.000.

Según este Contrato, la fecha de terminación de la etapa de construcción era el 1 de septiembre de 2007, pero durante la ejecución de la obra se firmaron cinco adicionales, de los cuales dos ampliaron el plazo en 3 meses y 50 días, lo que postergó la finalización de esta etapa hasta el 20 de enero de 2008. 

Luego, el contratista tuvo 2 meses para la corrección de defectos que finalizaba el 20 de marzo de 2008. Sin embargo, en consecuencia del adicional de alumbrado público que incluía la instalación de luminarias tanto del tramo 0 como del par vial (Calles 10 y 11 entre carreras 15 y 27), la Interventoría aprobó un adicional en plazo (1 mes) para la ejecución de estos trabajos. Así las cosas, la nueva fecha de terminación de la etapa de corrección de defectos se estableció para el 21 de abril de 2008.

A la fecha de terminación de este Contrato, se estableció que hubo un sobrecosto de $3.512’036.602,25 (Un 35.19% más de lo pactado en comienzo). En total el Contrato con sobrecostos tuvo valor total de $13.492’036.602,25.

Tramo A - Pre-Troncal sobre la Carrera 27 entre la Carrera 11 y la Avenida Quebradaseca y el par vial Calle 10-Calle 11 entre las Carreras 15 y 27 y acceso a la UIS, adjudicado al Consorcio Concol-Cromas, mediante Contrato 005 firmado el 31 de agosto de 2006, por un valor de $9.926’353.930. 

El 2 de noviembre de 2006 se inició la etapa de preconstrucción por un periodo de 2 meses, durante el cual el contratista debía revisar y aceptar los diseños de las obras que ejecutaría, pero, sólo hasta el 17 de febrero de 2007, el contratista inicia la etapa de construcción con mes y medio de atraso. 

Durante el transcurso del Contrato fueron firmados  cuatro adicionales, de los cuales dos ampliaron el plazo en 3.5 meses cada uno, lo que pospuso la finalización de la etapa de construcción del 1 de septiembre de 2007 al 31 de Marzo de 2008. Luego de esta fecha, el constructor tenía dos meses para la corrección de defectos; este periodo que debía concluir el 31 de mayo de 2008, se retrasó hasta el 12 de julio del 2008. Las obras de este tramo no se pudieron terminar porque el valor de los Contratos adicionales se incrementó al 50% del valor del contrato original. 

A la fecha de terminación de los trabajos se conoció que este se ejecutó con un sobrecosto del 49.99% que en recursos fue de $4.962’519.491,16, lo que provocó que la obra tuviera un costo final de $14.888’873.421,16.

En agosto de 2008 Metrolínea mediante el Contrato 003 de 2008, firmó con la empresa Pavigas Ltda., para ejecutar obras de adecuación del espacio público en las calles 10 y 11, cuyo valor ascendió a $1.630’570.053. Con este Contrato se terminaron las obras que el contratista Concol-Cromas dejo de ejecutar en el Tramo A.

Troncal sobre la Autopista Bucaramanga-Floridablanca entre el puente de Provenza y el Puente Vehicular de Cañaveral. 

Obra entregada a la firma Vargas Velandia Ltda., a través del Contrato de Obra Pública 006 que fue firmado el 21 de septiembre de 2006, por un valor de $10.982’088.844. 

El 2 de noviembre de 2006 se inició la etapa de preconstrucción por un periodo de 2 meses, durante el cual el contratista debía revisar y aceptar los diseños de las obras que ejecutaría. Sin embargo, sólo hasta el 15 de marzo de 2007, se inicia la etapa de construcción con dos meses de atraso. 

Durante la ejecución del contrato fueron firmados dos adicionales que ampliaron el plazo y postergó la finalización de la etapa de construcción del 1 de septiembre de 2007 al 16 de marzo de 2008, pero al término de este nuevo plazo el contratista sólo había ejecutado el 70% del proyecto. Para evitar una paralización de la obra por 4 o 5 meses por el inicio de un nuevo proceso contractual, la Interventoría decidió aprobar en primer lugar dos meses más de labores, sin remuneración por personal en la obra, plan de manejo de tráfico y plan de manejo ambiental; así las cosas, la nueva fecha de terminación sería el 16 de mayo de 2008.

Luego, el contratista solicitó un plazo adicional de 45 días para cumplir con el 100% de las obras, pues hasta el 16 de mayo de 2008 sólo se había ejecutado el 80% del tramo; Metrolínea en vista de este nuevo incumplimiento decidió ampliar el plazo una vez más, hasta el 30 de junio de 2008.

Durante el mes de agosto de 2008, mientras se debían adelantar los trabajos de corrección de defectos, el contratista XIE S.A. abandonó el sitio de las obras y rescindió de manera unilateral el contrato, lo que fue aceptado por Metrolínea.

A la fecha de rescisión del contrato, se estableció que las obras adelantadas, sin terminar, tuvieron costo total de $14.992’236.810, con un sobrecosto de $4.010’147.966 (36.52%).

Tramo 3 - Troncal sobre la Autopista Bucaramanga-Floridablanca entre el puente vehicular de Cañaveral y Papi Quiero Piña. Incluye el mejoramiento y la ampliación de dos puentes vehiculares sobre la Quebrada Zapamanga y sobre el Río Frío. 

Fue adjudicado a la firma Vargas Velandia Ltda., mediante Contrato de Obra Pública 007 celebrado el 17 de noviembre de 2006, por $13.856’302.363.

Según el Contrato firmado, la empresa Vargas Velandia Ltda., el 2 de diciembre inició la etapa de preconstrucción por un periodo de 2 meses, sin embargo, sólo hasta el 10 de marzo de 2007, el contratista inició la etapa de construcción, con un mes de atraso. 

Durante su ejecución se firmaron adicionales que ampliaron el plazo en 8 meses, lo que postergó la finalización de la etapa desde octubre 1 de 2007 a junio 1 de 2008; sin embargo, a un día de terminar este periodo el Contratista sólo había ejecutado el 58%. Por lo anterior se decidió conceder la tercera prórroga al contratista, por 5 meses más hasta el 1 de noviembre de 2008. El 20 de agosto, debido a los constantes incumplimientos en el avance de obra, el cual solo iba en el 62,19%,  Metrolínea resuelve declarar la rescisión del Contrato. 

Una vez hecha efectiva la rescisión, se estableció que la obra sin terminar había tenido un costo adicional de $4.877’317.839 (35.20%), por lo que el valor total sin terminar, fue de $18.733’620.202.

La Interventoría para esta obra fue entregada a la firma Metrovías a través del Contrato de Consultoría 002 de 2006 por valor de $1.825’000.000, pero debido a las ampliaciones del Contrato de Obra, este valor se incrementó en $2.023’051.306, por lo que tuvo un valor final de $3.848’051.306.

FASE III

Como continuación al proyecto Metrolínea, fue diseñada una tercera fase que incluyó la construcción de la Pre-Troncal de la carrera 27 entre la Avenida Quebradaseca y la Puerta del Sol, los puentes peatonales y  las estaciones de parada de los tramos  de Quebradaseca a Buganvilia, Lagos II a Piedecuesta y  Bucaramanga a Girón, la Glorieta del cruce de la Carrera 15 con Avenida Quebradaseca y obras dejadas de ejecutar en los contratos de la Fase II. Los estudios y diseños, como en la anterior Fase, fueron encomendados a la Universidad Industrial de Santander (UIS), y con base en ellos se abrieron 6 licitaciones.

Durante la Fase III, se adelantaron dos procesos de contratación directa: 

Contrato de Obra Pública 004 de 2008  para la construcción de las obras necesarias para cumplir con el Plan de Contingencia aprobado por el Banco Mundial con el fin de habilitar el Tramo 3 desde el Puente Vehicular Cañaveral hasta Papi Quiero Piña.

Contrato de Obra Pública 06 de 2008  para la contratación de urgencia de una Pantalla Anclada en el K2+224 a K2+336 localizada en el Tramo 3 de Cañaveral a Papi Quiero Piña ante la recisión del Contrato con la firma XIE S.A., antes Vargas Velandia.

Aquí, parte de esta contratación, que también tuvo sobrecostos:

Tramo B - Pre-troncal sobre la Carrera 27 entre la Avenida Quebradaseca a la Calle 55 y entre la Calle 58 y el Intercambiador de la Puerta del Sol.

Este Contrato, el 008 de 2007 fue adjudicado a Esgamo Ltda. Se rubricó el 2 de noviembre de 2007, por valor de $ 12.999.999.532.

La Interventoría fue adjudicada al Consorcio Búcaros 2008 a través del contrato de Consultoría  002 de octubre 26 de 2007, por un valor de $649.655.172,02.

El 4 de enero de 2008, la firma contratista comenzó la etapa de preconstrucción, con duración de un mes, para luego continuar con el periodo de construcción por 8 meses, seguidos de la etapa de corrección de defectos.

En abril de 2008, Esgamo Ltda., terminó la actividad de parcheo y se ejecutó un proceso de peritaje y de arbitraje, para definir el espesor del pavimento en el sector de la Avenida González Valencia, donde fueron encontradas grandes diferencias con los diseños presentados por la UIS, por lo que se debió a recalcular el diseño del pavimento en su tercera versión. Las demoras en este proceso resultaron en una prórroga de 15 días para  el inicio de la etapa de construcción. 

Todos estos errores en los estudios de la UIS, llevó a que se presentaran sobrecostos valorados en $3.436’013.569 (26.43%) para un valor total pagado de $16.436’013.101. Además, se presentó un incremento de $401’512.250 en la Interventoría lo que elevó su precio a $1.051’167.422.02. (Sobrecosto del 61.80%.)

PUENTES Y ESTACIONES

Se construyeron puentes peatonales y estaciones de parada del tramo de la Avenida Quebradaseca a Buganvilia, y de los tramos de Lagos II a Piedecuesta y de Bucaramanga a Girón.

Estos trabajos fueron adjudicados a un único oferente conformado por tres firmas (HV Estructuras Metálicas-50%, Industrias AVM-25% y Ventanal Arquetipo-25%), por lo que los dos contratos 001 ($37.600’000.000) y 002 de 2008 ($34.400’000.000) fueron adjudicados a esta Unión Temporal por un valor total de $72.000’000.000.

La Interventoría fue firmada con el Consorcio Puentes 2008, integrado por A.C.I. PROYECTOS S.A, ETA S.A. e INTERPRO LTDA, a través del Contrato de Consultoría 001 de abril 14 de 2008, por un valor de $ 1.296’880.000.

Durante el desarrollo de la etapa de preconstrucción el contratista propuso nuevos diseños para las estructuras de los puentes peatonales, lo que redujo su peso hasta en un 20% por lo que disminuían los costos de construcción. Los cambios en los diseños de los puentes peatonales hicieron que la etapa de preconstrucción se prolongó hasta el 18 de septiembre de 2008.

Pero mientras en los Contratos de obra no hubo incremento económico, en el Contrato de Interventoría sí lo hubo por valor de $347’982.600, lo que acrecentó el valor a $1.644’862.600.

Par Vial - Adecuación del espacio público en las Calles 10 y 11 del municipio de Bucaramanga. 

Contrato 003 fue adjudicado  a la firma Pavigas Ltda., el 06 de agosto de 2008, por un valor de $1.630.570.053. Se presentó un incremento de $364’005.679 para un costo definitivo de $1.994’575.732.

Esta Interventoría fue entregada al Consorcio Vial 2008, integrado por las firmas INCOSA S.A Y GPI LTDA  a través del Contrato de Consultoría 002 de octubre 20 de 2008, por un valor de $425.397.909.

El 29 de octubre de 2008 se inició la etapa de construcción por un periodo de 3 meses, debido a que hasta esa fecha se firmó el contrato de Interventoría.

Plan de Contingencia - Construcción de las obras necesarias para cumplir con el plan de contingencia aprobado por el Banco Mundial con el fin de habilitar el Tramo 3 desde el Puente Vehicular Cañaveral hasta Papi Quiero Piña

Ante la recisión del Contrato de obra pública 007 de 20 de noviembre de 2006, era necesario ejecutar un Plan de Contingencia para la habilitación del tramo vial de Cañaveral a Papi Quiero Piña. 

La obra fue adjudicada mediante Contrato de Obra 004 de agosto 25 de 2008, por valor de $598.050.613, a la firma Pavigas Ltda., el que fue ejecutado en 3 meses. Metrolínea no contrato Interventoría para este contrato pues la misma entidad se encargó de la supervisión del avance de las obras.

La duración real de las obras fue de un mes, en los dos meses restantes continuo la ejecución del Plan de Manejo de Tráfico. Estas obras mejoraron la movilidad vial del Tramo 3 en ambos sentidos entre Cañaveral y Papi Quiero Piña, en el sector de acceso al barrio Cañaveral frente al Centro Comercial La Florida y en el sector de acceso al barrio Lagos II.

GLORIETA

Construcción de la glorieta ubicada en el cruce de la Carrera 15 con Avenida Quebradaseca. 

La obra fue realizada por el Consorcio CPC-01, conformado por las firmas Pavimentos de Colombia S.A. y Concretos Asfálticos de Colombia S.A. (Concrescol S.A.), mediante el Contrato de Obra Pública 005 del 10 de diciembre de 2008, por un valor de $ 4.010’631.015.

Además, Metrolínea entregó la Interventoría a la adecuación de espacio público en el Par Vial de las calles 10 y 11 y la construcción de la Glorieta de la carrera 15 con Avenida Quebrasaeca, al Consorcio Vial 2008, integrado por las firmas Incosa S.A y Gpi Ltda., a través del Contrato de Consultoría 002 de octubre 20 de 2008, por un valor de $425’397.909.

PANTALLA ANCLADA

Contratación de Urgencia de una Pantalla Anclada localizada en el Tramo 3 de Cañaveral a Papi Quiero Piña ante la recisión del Contrato con la firma XIE S.A., antes Vargas Velandia.

La obra fue ejecutada por la firma Contratista: M.C.I. Ingenieros Contratistas Ltda., mediante el Contrato 006 de diciembre 29 de 2008 por un valor de $ 386’ 324.760 para ser ejecutado en 2 meses. Metrolínea ejecutó la interventoría directa.

CUESTIONAMIENTOS

Metrolinea genera interrogantes en el desarrollo del proyecto:

1. La entrega por parte del Alcalde de los estudios técnicos para la realización de la obra a la Universidad Industrial de Santander UIS, entidad que no tiene Facultad de Arquitectura, pues al ser un proyecto urbano debe ser diseñado por Arquitectos y ejecutado junto con Ingenieros. 2. Los retardos y los sobrecostos en la obra que se podrían explicar en parte por la inexistencia de una planimetría exacta de redes de servicios y planos arquitectónicos (Falta de planeación).

3. La existencia de una facultad de Diseño Industrial en la UIS habría justificado la utilización de diseños propios y novedosos que le hubieran dado una identidad urbana a la ciudad sin tener que recurrir a copias trasnochadas de Transmilenio de Bogotá y MIO de Cali.

4. La viabilidad de la obra dadas la estrechez y precariedad de la malla vial de la ciudad, que conlleva a una grave disminución del área transitable por los automotores cuando su número anual es creciente. No se pensó en otras alternativas ni en la creación de nuevas vías. La meseta de Bucaramanga tiene una malla vial que corresponde a los años 60 y 70 en su mayor parte incluso como en el centro de los años 30, 40 y 50.

Todas las situaciones son hechos cumplidos e irreversibles, que unido a un POT (Plan de Ordenamiento Territorial) que tampoco tuvo en cuenta la movilidad, las dimensiones paisajísticas, y las relaciones ecológicas, han creado una ciudad que afrontará graves problemas de movilidad urbana (que ya se experimenta), de cobertura verde y de calidad de vida en su futuro más inmediato.

Son datos que deberían ser tenidos en cuenta por los entes de control para iniciar procesos investigativos que aclaren los sobrecostos, las demoras en la ejecución de obras y otras falencias que con el correr de los años se han notado en la construcción de Metrolínea.


En la noche del lanzamiento del 'pomposo' Parque Acualago, posaron los grandes protagonistas. De izquierda a derecha: Rosita Moncada de Serpa: su esposo, el entonces Gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe; Eulises Balcázar Navarro, entonces Alcalde de Floridablanca (destituido y preso); Fernando Vargas Mendoza, entonces Alcalde de Bucaramanga (destituido); Rafael Ardila Duarte, representante de Rayco, amigo personal y político de Serpa Uribe y, Marina Gutiérrez de Piñerez Luna, entonces Gerente de la Lotería Santander. Hoy, varios de estos personajes están involucrados en investigaciones por presuntas irregularidades en la creación y manejo de la entidad que contruye el acuaparque.

La configuración de violaciones al Código Único Disciplinario y del Código Penal, podría llevar a la destitución y condena a los actores de este 'pelicula', similar a lo ocurrido en Cúcuta y a lo que también sucede en Barrancabermeja con la
construcción del Centro de Ferias y Exposiciones.

La Corporación para la Promoción de la Recreación y Correcta Utilización del Tiempo Libre constituida por entidades oficiales y privadas, surge como consecuencia de un propósito en el que concurre el interés público y la iniciativa privada con miras a ofrecer espacios de libre y sano esparcimiento en el Departamento de Santander”.

Ante tal premisa, la Asamblea de Santander, mediante Ordenanza 13 del 18 de mayo de 2010, autorizó al entonces Gobernador Horacio Serpa Uribe, para que a nombre y en representaciónn del Departamento se asocie con personas naturales, jurídicas, públicas o particulares, para la creación de una entidad sin Ánimo de Lucro denominada Corporación para la Promoción de la Recreación y Correcta Utilización del Tiempo Libre y de paso, autorizó al Gobernador Serpa “para que como socio fundador de dicha Corporación realice un aporte por valor de cinco mil millones de pesos ($5.000’000.000) para la conformación del patrimonio social, con destino al desarrollo de sus actividades” para lo que debe dar aplicación al inciso dos del Artículo 355 de la Constitución Nacional” (sic).

Lea la investigación completa, de cinco entregas, AQUI

Después de año y medio desde cuando la Contraloría General de la Nación halló irregularidades en el manejo de los recursos del municipio de Puerto Wilches en el departamento de Santander, cuyo alcalde de esa época, Nelson Pinzón Rodríguez, fuera denunciado ante la Procuraduría y Fiscalía, estos Entes no se han pronunciado, sobre las aberrantes actuaciones del funcionario. Hoy se conoce que en la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, muchos de los procesos abiertos contra Pinzón Rodríguez fueron archivados por el pasado Procurador, pese a las evidencias enviadas por la Contraloría. A continuación, en cuatro partes, el Periódico Portada revive la denuncia publicada en agosto de 2011, fundamentada en los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la Nación.

La Contraloría General de la República en una auditoría sobre la inversión de las regalías petroleras en Santander, descubrió 36 presuntos hallazgos administrativos en el manejo irregular de estos dineros en el municipio de Puerto Wilches. 

La Gerente de la seccional del ente de control, Carmen Leonor Rodríguez, aseguró que no se sabe en que se invirtieron $1.450'000.000 provenientes de las regalías en ese Municipio. Nadie entiende por qué, Puerto Wilches, (con cerca de 50 mil habitantes) que maneja altos recursos públicos por regalías petroleras, por impuestos que pagan las empresas palmeras, ingresos de industria y comercio, predial y complementarios, atraviesa una crítica situación social, donde sus calles, su muelle fluvial, el hospital, las escuelas y la misma sede de Gobierno muestran una desastrosa presentación física; mientras tanto su Alcalde, Nelson Rodríguez Pinzón, firma contratos con serias monstruosidades legales y permanece más tiempo fuera del casco urbano y cuando está en el Despacho no atiende a las comunidades. 

El comportamiento del burgomaestre ha llevado también a que habitantes de por lo menos tres zonas rurales no quieran pertenecer más a esa jurisdicción y procuren anexarse a Sabana de Torres, mientras que los residentes en el Corregimiento Puente Sogamoso quieran también alejarse en lo administrativo de Puerto Wilches, para convertirse en nuevo Municipio. 

No solo la Contraloría General de la República encontró presuntos hechos corruptos cometidos por el Alcalde de Puerto Wilches, Nelson Pinzón Rodríguez. Este periódico, en dos visitas al segundo puerto santandereano sobre el río Magdalena se encontró con otros hechos dignos de ser investigados por la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y la propia Auditoría General de la Nación. 

En desarrollo de una auditoría, adelantada por la Contraloría General de la Nación para conocer el manejo de los recursos que por regalías petroleras recibe el Municipio, se conocía que en por lo menos 36 casos distintos hay presuntos malos manejos, que involucran al Alcalde y varios de sus funcionarios más cercanos y que los llevará a responder ante la justicia penal, administrativa y fiscal.

Para la Contraloría, el Alcalde tiene que responder por 8 hallazgos con presunto alcance fiscal por $386’960.000, 3 aperturas de Indagación Preliminar por la suma de $1.190’000.000, 19 hallazgos con presunto alcance disciplinario, 4 con presunto alcance penal y la apertura de 3 procesos sancionatorios, los que fueron trasladados a las instancias competentes. De igual forma se presentan beneficios del proceso auditor por $33’100.000.

Lea la investigación completa de cuatro entregas, AQUI


Durante un año y con un carrusel de 9 contratistas, el Departamento se gastó esos dineros que solo sirvieron para recuperar vías por seis meses. Con los más de los $6 mil millones el Gobierno nortesantandereano pudo haber comprado 30 máquinas pesadas para la recuperación, por largo tiempo, de las carreteras afectadas por la ola invernal.

Corrupción es “el uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado"; es "todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político" o, es "el uso arbitrario del poder".

Los colombianos han tomado conciencia de que la corrupción es un problema de todos y en consecuencia, debe ser enfrentado a la luz de un propósito común, máxime cuando incide, de manera negativa, en el desarrollo económico del país, porque desestimula los esfuerzos para la sana competitividad. Los principios de la Contratación Estatal en Colombia son para aplicarlos, con el fin de no permitir visos de corrupción que tanto ha esquilmado el presupuesto nacional, así como los  departamentales y municipales.

Sin embargo, a lo largo y ancho del país es fácil observar el incumplimiento de estas normas, con lo que los garfios de la corrupción continúan presentes, galopantes en detrimento de los impuestos que pagan cada año los colombianos y en desmedro del progreso nacional y regional. De ahí que se requiera mano firme por parte de las autoridades penales, administrativas, fiscales y contables para sancionar a los responsables en busca de la  desaparición de figuras que hacen parte de esa corrupción como la doble contratación, los sobrecostos en los contratos, el fraccionamiento de contratos, urgencias manifiestas, entre otras, que provocan un detrimento patrimonial que afecta los erarios.

Lo encontrado por la Unidad Investigativa del Periódico Portada en distintas Gobernaciones y Municipios del nororiente de Colombia, sur de Cesar y sur de Bolívar, es una clara muestra de lo que no se debe hacer por parte de los funcionarios de turno que tienen bajo su responsabilidad la adjudicación de contratos. Aunado a lo anterior, el ‘trasteo’ de contratistas desde otros Departamentos, en esta época preelectoral, hace que la contratación oficial ‘huela a feo’ y tenga tintes politiqueros y extraños.

La contratación para compra de maquinaria, es la que más lleva altas sumas de dinero en los llamados sobrecostos, todo por no contratar de manera directa con firmas representantes en Colombia de los fabricantes de maquinaria pesada, o por adquirir maquinaria de segunda con limitada garantía y, por contratar en alquiler maquinaria que sale más barata comprándola.

Este último es el tema del inicio de esta serie periodística sobre la corrupción que campea en los Departamentos que conforman el nororiente de Colombia, así como a Municipios de Departamentos vecinos como Cesar, Antioquia, Bolívar y Boyacá.

BANCO DE MAQUINARIA CON MAQUINARIA ALQUILADA

El sólo nombre de ‘Banco de Maquinaria’ sugiere que esta figura está conformada por maquinaria propia del Ente oficial que lo conforma, llámese Departamento, Municipios o Institutos Descentralizados del orden nacional, departamental o municipal.

Sin embargo en el Departamento Norte de Santander, en un año y 9 días fueron conformados 13 “Bancos de Maquinaria”, con máquinas alquiladas, con un costo de $6.911.963.646, dinero provenientes de los recursos del crédito tramitado por el Departamento de Norte de Santander, vigencia fiscal 2009, con el que se pudieron haber comprado, a precios razonables y de manera directa a firmas representantes de fabricantes de maquinaria pesada en Colombia, por lo menos 30 de estas máquinas destinadas al mejoramiento de las vías secundarias nortesantandereanas, por los que hubieran podido conformar un gran ‘Banco de Maquinaria Departamental’ disponible a todo momento y por largos años, para que la Gobernación atendiera la recuperación de carreteras en mal estado. Sin embargo, el Secretario de Infraestructura del Departamento, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, autorizado para suscribir esta clase de contratación “en virtud de la delegación contenida en el Decreto No. 000115 del 24 de abril de 2009” por parte del Gobernador William Villamizar Laguado, entre el 20 de noviembre y el 29 de diciembre de 2010, firmó y ejecutó los trece (13) Contratos (cada contrato es un llamado ‘Banco de Maquinaria’) con 9 personas que representaban a 5 empresas y conformaban, entre ellas mismas, 4 Consorcios contratistas, una especie de carrusel, que como cosa particular, en cada una de las licitaciones presentaron propuestas únicas para la adjudicación de cada Contrato.

FRAGMENTACIÓN DE CONTRATOS

La fragmentación se reputa ilícita cuando, contándose en un mismo momento dentro del presupuesto ordinario con los recursos necesarios y habiéndose planificado las necesidades administrativas concretas, se realiza más de una contratación para el mismo objeto, con los efectos de evadir un procedimiento más complejo. 

En el caso de la contratación de maquinaria en Norte de Santander, podría presentarse fragmentación de contrato, cuando en un mismo día (23 de noviembre de 2009) se firman los Contratos 001915 (Arrendamiento de maquinaria para la implementación programa banco de maquinaria obras comunidad-Gobierno, Municipio de Cúcuta, Departamento Norte de Santander) por valor de $680.880.000 y, el 001916 (Arrendamiento de maquinaria para la implementación, puesta en marcha y funcionamiento de los bancos regionales de maquinaria para la vía Gramalote-El Carmen de Nazareth, Departamento Norte de Santander) con valor de $501.120.000. 

Un caso similar ocurre con la firma de los Contratos 001924 (Arrendamiento de maquinaria para la implementación, puesta en marcha y funcionamiento de los bancos regionales de maquinaria para la vía Malpaso-Cáchira-Alto Chiquito, Departamento Norte de Santander) por $700.408.000 y, el 001925 (Arrendamiento de maquinaria para la implementación, puesta en marcha y funcionamiento de los bancos regionales de maquinaria para la vía Salazar-Arboledas-Cucutilla, Departamento norte de Santander) valorado en $802.720.000 firmados,  ambos, el 23 de noviembre de 2009. En el tramo Salazar-Arboledas, el Instituto Nacional de Vías, dentro de su Programa de Audiencias Públicas, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2009 pavimentó 2.95 kilómetros, según su Informe de Gestión para esa fecha. 

Igual ocurre con los Contratos 002223 (Arrendamiento de maquinaria para la implementación programa banco de maquinaria obras comunidad-Gobierno, Municipio de Cúcuta sector rural, Departamento Norte de Santander) por $501.120.000 y, el 002224 (Arrendamiento de maquinaria para la implementación programa banco de maquinaria obras comunidad-Gobierno, Área Metropolitana, Municipios de El Zulia, San Cayetano, Villa del Rosario y Puerto Santander, Departamento Norte de Santander) cuyo valor fue igual al anterior ($501.120.000); ambos firmados el 29 de diciembre de 2009. De acuerdo con el INVÍAS, el 26 de noviembre de 2008, se iniciaron por parte de esa entidad, trabajos de rehabilitación de la carretera Cúcuta-Puerto Santander, (sector PR2+0900) los que deben terminar el 25 de abril del presente año, según el cronograma de trabajo.

Para camuflar, eludir la fragmentación con el fin de desviar posibles investigaciones sobrevinientes y burlar la Ley, el Gobierno nortesantandereano argumenta que dichas maquinarias van para frentes de trabajos distintos.

CON LOS MISMOS CONTRATISTAS

Los 13 Contratos en referencia, fueron firmados por el Secretario de Infraestructura del Departamento, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, con solo 9 personas, que representaban empresas independientes, pero que, como hecho paradójico, esas mismas empresas se unían entre sí, para conformar los llamados Consorcios que han hecho carrera a lo largo y ancho del país, lo que podría confirmar un ‘Carrusel de la Maquinaria’ en Norte de Santander. (Ver cuadro anexo). 

Se registra un caso donde uno de los contratistas se presenta en consorcio con una de sus empresas, un “yo con yo” que resalta la manera de contratación utilizada por la Administración del Gobernador Willian Villamizar Laguado. En la contratación de los llamados ‘Bancos de Maquinaria’, que solo sirven para seis meses de trabajo pudo también, el Gobierno de Norte de Santander, haber violado los Principios de Transparencia, Economía, Equidad, Selección objetiva y Responsabilidad, observados en la Ley 80 del 93, lo que debe ser confirmado o desvirtuado por las autoridades de la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y Auditoría, que a bien tengan iniciar las investigaciones.

MILLONES QUE SIRVIERON SOLO SEIS MESES

Los 13 Contratos de referencia en esta investigación, acumulan una cantidad de dinero que solo sirvieron para ejecutar los Contratos en seis meses, pero con un futuro incierto, si se tiene en cuenta la ola invernal que azota al país y que ‘ha pegado duro’ en Norte de Santander, donde las vías nacionales, departamentales y municipales se han deteriorado y por lo que el Departamento tendrá, una vez más que hacerle frente con la utilización de maquinaria pesada. 

“Si hubiese existido trasparencia en la contratación, el Gobierno de Norte de Santander, hubiera invertido los $6.911'963.646 en la compra de la maquinaria necesaria para atender las emergencias viales y para optimizar las carreteras del Departamento”, coincidieron en afirmar Abogados especializados en la contratación pública en Bucaramanga, quienes (al igual que este periódico) no tienen ningún interés político ni económico en el Departamento vecino. 

Al hacer un balance entre lo gastado en los 13 Contratos suscritos por el Secretario de Infraestructura de Norte de Santander y el valor de la maquinaria utilizada, se saca como conclusión que con dicho dinero bien pudo haber adquirido en propiedad la siguiente maquinaria:

LOS CONTRATISTAS

Todos los contratos suscritos por el Secretario de Infraestructura del Departamento Norte de Santander están en el siguiente listado: 
001915
 - 001916 - 001921 - 001924 - 001925 - 002161 - 002171 - 002178 - 002223 - 002224 - Contrato sin numeroContrato sin numero - Res. 578.

El listado de empresas y consorcios que hacen parte de la contratación de la Secretaría de Infraestructura de Norte de Santander se pueden leer AQUÍ

¿QUIÉN ES EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA?

Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, es el Secretario de Infraestructura de Norte de Santander. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, este funcionario soporta ocho (8) investigaciones por presuntos comportamientos irregulares en la función de su cargo, que riñen con lo expuesto en el Código Único Disciplinario y la Ley Anticorrupción. 

El 'bagaje' investigativo de Carrillo Mendoza ante el Ministerio Público, se puede conocer AQUI

LEYES A APLICAR 

La Ley 80 de 1993, (llamada Estatuto de la Contratación Oficial) y eje central de toda la legislación sobre contratación, es suficiente, claro, flexible y muy conocido entre los involucrados; la Ley 1150 de 2007, el Decreto 2474 de 2008, (modificatorios de la Ley 80 de 1993), son siempre invocadas en los Contratos oficiales, como símbolos de legalidad y transparencia, pero una cosa en invocarlas y otra es cumplirlas y hacerlas cumplir dentro del trascurrir de la contratación, como ocurre en un país donde ‘hecha la Ley hecha la trampa’. Para contrarrestar esa trampa se aplica la Ley 734 de 2002, llamada Código Único Disciplinario, la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) que establece obligaciones de los funcionarios públicos para prevenir el fenómeno, así como mecanismos de control social sobre la gestión pública; (Estatuto Anticorrupción), el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal y otras normas encargadas de controlar la corrupción administrativa. 

La Constitución de 1991 contiene amplias garantías para la participación ciudadana en el control de los recursos públicos. Mecanismos como las Veedurías ciudadanas tienen eco en la vigilancia de la gestión pública, sin embargo en mucha contratación estatal no se tiene en cuenta ni se convoca a las Veedurías para el control que deben ejercer, en procura de evitar el despilfarro y el desvío de recursos. En general, una débil aceptación del sistema regulador jurídico lo cual favorece al “más vivo”. En la contratación existe poca disposición de los actores involucrados a acatar las disposiciones del Estatuto de Contratación. Los funcionarios y posibles proponentes de cada licitación conocen la Ley y sus exigencias, pero mantienen una disposición a burlarla de manera permanente, encontrando maneras socialmente aceptables para no acogerla, amparándose en prácticas generalizadas que argumentan su prevalencia como justificación para hacerlo. (Si todos lo hacen, ¿por qué yo no?).


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