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Publicado el 24 de mayo de 2010


Durante un año y con un carrusel de 9 contratistas, el Departamento se gastó esos dineros que solo sirvieron para recuperar vías por seis meses. Con los más de los $6 mil millones el Gobierno nortesantandereano pudo haber comprado 30 máquinas pesadas para la recuperación, por largo tiempo, de las carreteras afectadas por la ola invernal.

Corrupción es “el uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado"; es "todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político" o, es "el uso arbitrario del poder".

Los colombianos han tomado conciencia de que la corrupción es un problema de todos y en consecuencia, debe ser enfrentado a la luz de un propósito común, máxime cuando incide, de manera negativa, en el desarrollo económico del país, porque desestimula los esfuerzos para la sana competitividad. Los principios de la Contratación Estatal en Colombia son para aplicarlos, con el fin de no permitir visos de corrupción que tanto ha esquilmado el presupuesto nacional, así como los  departamentales y municipales.

Sin embargo, a lo largo y ancho del país es fácil observar el incumplimiento de estas normas, con lo que los garfios de la corrupción continúan presentes, galopantes en detrimento de los impuestos que pagan cada año los colombianos y en desmedro del progreso nacional y regional. De ahí que se requiera mano firme por parte de las autoridades penales, administrativas, fiscales y contables para sancionar a los responsables en busca de la  desaparición de figuras que hacen parte de esa corrupción como la doble contratación, los sobrecostos en los contratos, el fraccionamiento de contratos, urgencias manifiestas, entre otras, que provocan un detrimento patrimonial que afecta los erarios.

Lo encontrado por la Unidad Investigativa del Periódico Portada en distintas Gobernaciones y Municipios del nororiente de Colombia, sur de Cesar y sur de Bolívar, es una clara muestra de lo que no se debe hacer por parte de los funcionarios de turno que tienen bajo su responsabilidad la adjudicación de contratos. Aunado a lo anterior, el ‘trasteo’ de contratistas desde otros Departamentos, en esta época preelectoral, hace que la contratación oficial ‘huela a feo’ y tenga tintes politiqueros y extraños.

La contratación para compra de maquinaria, es la que más lleva altas sumas de dinero en los llamados sobrecostos, todo por no contratar de manera directa con firmas representantes en Colombia de los fabricantes de maquinaria pesada, o por adquirir maquinaria de segunda con limitada garantía y, por contratar en alquiler maquinaria que sale más barata comprándola.

Este último es el tema del inicio de esta serie periodística sobre la corrupción que campea en los Departamentos que conforman el nororiente de Colombia, así como a Municipios de Departamentos vecinos como Cesar, Antioquia, Bolívar y Boyacá.

BANCO DE MAQUINARIA CON MAQUINARIA ALQUILADA

El sólo nombre de ‘Banco de Maquinaria’ sugiere que esta figura está conformada por maquinaria propia del Ente oficial que lo conforma, llámese Departamento, Municipios o Institutos Descentralizados del orden nacional, departamental o municipal.

Sin embargo en el Departamento Norte de Santander, en un año y 9 días fueron conformados 13 “Bancos de Maquinaria”, con máquinas alquiladas, con un costo de $6.911.963.646, dinero provenientes de los recursos del crédito tramitado por el Departamento de Norte de Santander, vigencia fiscal 2009, con el que se pudieron haber comprado, a precios razonables y de manera directa a firmas representantes de fabricantes de maquinaria pesada en Colombia, por lo menos 30 de estas máquinas destinadas al mejoramiento de las vías secundarias nortesantandereanas, por los que hubieran podido conformar un gran ‘Banco de Maquinaria Departamental’ disponible a todo momento y por largos años, para que la Gobernación atendiera la recuperación de carreteras en mal estado. Sin embargo, el Secretario de Infraestructura del Departamento, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, autorizado para suscribir esta clase de contratación “en virtud de la delegación contenida en el Decreto No. 000115 del 24 de abril de 2009” por parte del Gobernador William Villamizar Laguado, entre el 20 de noviembre y el 29 de diciembre de 2010, firmó y ejecutó los trece (13) Contratos (cada contrato es un llamado ‘Banco de Maquinaria’) con 9 personas que representaban a 5 empresas y conformaban, entre ellas mismas, 4 Consorcios contratistas, una especie de carrusel, que como cosa particular, en cada una de las licitaciones presentaron propuestas únicas para la adjudicación de cada Contrato.

FRAGMENTACIÓN DE CONTRATOS

La fragmentación se reputa ilícita cuando, contándose en un mismo momento dentro del presupuesto ordinario con los recursos necesarios y habiéndose planificado las necesidades administrativas concretas, se realiza más de una contratación para el mismo objeto, con los efectos de evadir un procedimiento más complejo. 

En el caso de la contratación de maquinaria en Norte de Santander, podría presentarse fragmentación de contrato, cuando en un mismo día (23 de noviembre de 2009) se firman los Contratos 001915 (Arrendamiento de maquinaria para la implementación programa banco de maquinaria obras comunidad-Gobierno, Municipio de Cúcuta, Departamento Norte de Santander) por valor de $680.880.000 y, el 001916 (Arrendamiento de maquinaria para la implementación, puesta en marcha y funcionamiento de los bancos regionales de maquinaria para la vía Gramalote-El Carmen de Nazareth, Departamento Norte de Santander) con valor de $501.120.000. 

Un caso similar ocurre con la firma de los Contratos 001924 (Arrendamiento de maquinaria para la implementación, puesta en marcha y funcionamiento de los bancos regionales de maquinaria para la vía Malpaso-Cáchira-Alto Chiquito, Departamento Norte de Santander) por $700.408.000 y, el 001925 (Arrendamiento de maquinaria para la implementación, puesta en marcha y funcionamiento de los bancos regionales de maquinaria para la vía Salazar-Arboledas-Cucutilla, Departamento norte de Santander) valorado en $802.720.000 firmados,  ambos, el 23 de noviembre de 2009. En el tramo Salazar-Arboledas, el Instituto Nacional de Vías, dentro de su Programa de Audiencias Públicas, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2009 pavimentó 2.95 kilómetros, según su Informe de Gestión para esa fecha. 

Igual ocurre con los Contratos 002223 (Arrendamiento de maquinaria para la implementación programa banco de maquinaria obras comunidad-Gobierno, Municipio de Cúcuta sector rural, Departamento Norte de Santander) por $501.120.000 y, el 002224 (Arrendamiento de maquinaria para la implementación programa banco de maquinaria obras comunidad-Gobierno, Área Metropolitana, Municipios de El Zulia, San Cayetano, Villa del Rosario y Puerto Santander, Departamento Norte de Santander) cuyo valor fue igual al anterior ($501.120.000); ambos firmados el 29 de diciembre de 2009. De acuerdo con el INVÍAS, el 26 de noviembre de 2008, se iniciaron por parte de esa entidad, trabajos de rehabilitación de la carretera Cúcuta-Puerto Santander, (sector PR2+0900) los que deben terminar el 25 de abril del presente año, según el cronograma de trabajo.

Para camuflar, eludir la fragmentación con el fin de desviar posibles investigaciones sobrevinientes y burlar la Ley, el Gobierno nortesantandereano argumenta que dichas maquinarias van para frentes de trabajos distintos.

CON LOS MISMOS CONTRATISTAS

Los 13 Contratos en referencia, fueron firmados por el Secretario de Infraestructura del Departamento, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, con solo 9 personas, que representaban empresas independientes, pero que, como hecho paradójico, esas mismas empresas se unían entre sí, para conformar los llamados Consorcios que han hecho carrera a lo largo y ancho del país, lo que podría confirmar un ‘Carrusel de la Maquinaria’ en Norte de Santander. (Ver cuadro anexo). 

Se registra un caso donde uno de los contratistas se presenta en consorcio con una de sus empresas, un “yo con yo” que resalta la manera de contratación utilizada por la Administración del Gobernador Willian Villamizar Laguado. En la contratación de los llamados ‘Bancos de Maquinaria’, que solo sirven para seis meses de trabajo pudo también, el Gobierno de Norte de Santander, haber violado los Principios de Transparencia, Economía, Equidad, Selección objetiva y Responsabilidad, observados en la Ley 80 del 93, lo que debe ser confirmado o desvirtuado por las autoridades de la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y Auditoría, que a bien tengan iniciar las investigaciones.

MILLONES QUE SIRVIERON SOLO SEIS MESES

Los 13 Contratos de referencia en esta investigación, acumulan una cantidad de dinero que solo sirvieron para ejecutar los Contratos en seis meses, pero con un futuro incierto, si se tiene en cuenta la ola invernal que azota al país y que ‘ha pegado duro’ en Norte de Santander, donde las vías nacionales, departamentales y municipales se han deteriorado y por lo que el Departamento tendrá, una vez más que hacerle frente con la utilización de maquinaria pesada. 

“Si hubiese existido trasparencia en la contratación, el Gobierno de Norte de Santander, hubiera invertido los $6.911'963.646 en la compra de la maquinaria necesaria para atender las emergencias viales y para optimizar las carreteras del Departamento”, coincidieron en afirmar Abogados especializados en la contratación pública en Bucaramanga, quienes (al igual que este periódico) no tienen ningún interés político ni económico en el Departamento vecino. 

Al hacer un balance entre lo gastado en los 13 Contratos suscritos por el Secretario de Infraestructura de Norte de Santander y el valor de la maquinaria utilizada, se saca como conclusión que con dicho dinero bien pudo haber adquirido en propiedad la siguiente maquinaria:

LOS CONTRATISTAS

Todos los contratos suscritos por el Secretario de Infraestructura del Departamento Norte de Santander están en el siguiente listado: 
001915
 - 001916 - 001921 - 001924 - 001925 - 002161 - 002171 - 002178 - 002223 - 002224 - Contrato sin numeroContrato sin numero - Res. 578.

El listado de empresas y consorcios que hacen parte de la contratación de la Secretaría de Infraestructura de Norte de Santander se pueden leer AQUÍ

¿QUIÉN ES EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA?

Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, es el Secretario de Infraestructura de Norte de Santander. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, este funcionario soporta ocho (8) investigaciones por presuntos comportamientos irregulares en la función de su cargo, que riñen con lo expuesto en el Código Único Disciplinario y la Ley Anticorrupción. 

El 'bagaje' investigativo de Carrillo Mendoza ante el Ministerio Público, se puede conocer AQUI

LEYES A APLICAR 

La Ley 80 de 1993, (llamada Estatuto de la Contratación Oficial) y eje central de toda la legislación sobre contratación, es suficiente, claro, flexible y muy conocido entre los involucrados; la Ley 1150 de 2007, el Decreto 2474 de 2008, (modificatorios de la Ley 80 de 1993), son siempre invocadas en los Contratos oficiales, como símbolos de legalidad y transparencia, pero una cosa en invocarlas y otra es cumplirlas y hacerlas cumplir dentro del trascurrir de la contratación, como ocurre en un país donde ‘hecha la Ley hecha la trampa’. Para contrarrestar esa trampa se aplica la Ley 734 de 2002, llamada Código Único Disciplinario, la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) que establece obligaciones de los funcionarios públicos para prevenir el fenómeno, así como mecanismos de control social sobre la gestión pública; (Estatuto Anticorrupción), el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal y otras normas encargadas de controlar la corrupción administrativa. 

La Constitución de 1991 contiene amplias garantías para la participación ciudadana en el control de los recursos públicos. Mecanismos como las Veedurías ciudadanas tienen eco en la vigilancia de la gestión pública, sin embargo en mucha contratación estatal no se tiene en cuenta ni se convoca a las Veedurías para el control que deben ejercer, en procura de evitar el despilfarro y el desvío de recursos. En general, una débil aceptación del sistema regulador jurídico lo cual favorece al “más vivo”. En la contratación existe poca disposición de los actores involucrados a acatar las disposiciones del Estatuto de Contratación. Los funcionarios y posibles proponentes de cada licitación conocen la Ley y sus exigencias, pero mantienen una disposición a burlarla de manera permanente, encontrando maneras socialmente aceptables para no acogerla, amparándose en prácticas generalizadas que argumentan su prevalencia como justificación para hacerlo. (Si todos lo hacen, ¿por qué yo no?).


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