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Publicado el 23 de enero de 2017

La desgracia de creernos superiores

Por: Joaquín Robles Zabala
Docente universitario
Cartagena
Twitter: @joaquinroblesza
Email: robleszabala@gmail.com

Nos complace criticar, con o sin razón, la legaña que cuelga del ojo vecino, pero no alcanzamos a ver ni un milímetro la descomunal viga que atraviesa el nuestro.

Las comparaciones suelen ser fastidiosas, pero nos dan una idea de las cualidades y defectos, de los aciertos y desaciertos de la vida, de las flaquezas y virtudes de las personas. Estas, sin duda, nos permiten tomar decisiones, o partida sobre un hecho. En el célebre relato Biografía de Tadeo Isidoro Cruz (1829-1874), del vate argentino Jorge Luis Borges, Cruz es un soldado que hace parte del ejército nacional y que a lo largo de su vida de servicio ha matado a decenas de indios y perseguido a tipos al margen de ley. Su carrera militar termina cuando recibe la orden de perseguir a un asesino implacable que en plena lucha les da muerte a varios de los soldados que lo acompañan. El fugitivo es acorralado, pero solo cuando lo tiene enfrente, Cruz advierte que se trata de Martín Fierro, un gaucho histórico que ha luchado toda su vida por restablecer la justicia para su pueblo, hecho que lo convirtió en un valiente al margen de ley.

Aunque Borges no describe lo que pasa en ese momento por la cabeza de Cruz, no es difícil imaginar los pensamientos que cruzan por esta. Entonces se deshace del uniforme que lleva puesto, interpone su cuerpo entre el fugitivo y los soldados y les advierte a estos que no va a permitir que se asesine  a un hombre justo.

La justicia se inserta, precisamente, en el estadio universal de las axiologías dominantes. Es decir, está siempre presente en el corazón de los grupos, pero no así el castigo proporcional al delito, o al quebrantamiento de las normas. En Colombia, un país de leguleyos, nos hemos creído sin reflexionar  el cuento de que somos la democracia más vieja y madura del hemisferio. Como toda creencia, esta se ha instalado como un cáncer en el núcleo social y nos ha permitido mirar a los vecinos por encima del hombro. Creemos que Ecuador es un país inferior porque alguien se le ocurrió decir que Bogotá era la Atenas suramericana; que Perú es solo Machu Picchu y Huayna Picchu y que sigue gobernada por los descendientes de los Incas. O sea, por indígenas en taparrabo; que Bolivia no ha salido del siglo XVI y Evo Morales es una clara muestra de ello; que Venezuela no está gobernada por una democracia sino por una férrea dictadura que tiene al país al borde del desastre económico, político y social.

Visto de esta manera, Colombia se nos presenta, pues, como un rayo de luz en medio de la oscuridad, ya que su economía se ha constituido en una de las de mejor desempeño de la región, según The Economist. Lo que no alcanzamos a ver con claridad, y que la historia nos lo repite constantemente, es que, a diferencia de los vecinos, nuestro país es el segundo más desigual de América Latina en la distribución de sus ingresos, solo por debajo de Hondura, con una acceso precario de los ciudadanos a la salud y a la educación y con uno de los salarios básicos más bajo del continente, a pesar de que su Producto Interno Bruto (PIB) estás 74 puestos por encima del de la nación centroamericana.

Según un informe del Banco Mundial, el 10 % de la población más rica de Colombia gana 4 veces más que el 40 % de la población más vulnerable; que a pesar de que desde el 2002 la pobreza se contrajo 0.5, la desigualdad sigue en alza y el 80 % de las tierras están en manos del 13 % de la población. A lo anterior habría que agregarle los altos niveles de corrupción de las últimas décadas (Reficar, Foncolpuertos, el carrusel de la contratación de Bogotá, Agro Ingreso Seguro, Instituto Bienestar Familiar, Odebrecht, entre muchos otros) que tiene sumido al país en un estancamiento que parece eterno y que deja ver el esqueleto de una democracia que no trasciende del papel.
Quizá esto explique por qué Colombia ha permanecido en los últimos años en los puestos más bajos del listado mundial de competitividad que elabora el World Economic Forum y por qué Ecuador, un país cuyo territorio es dos veces más pequeño que el nuestro, haya avanzado vertiginosamente desde que Rafael Correa asumió el poder político y a pesar de la imagen negativa que algunos medios de comunicación como los nuestros intentan proyectar de él ante el mundo.

En una nota dedicada a los avances económicos y de infraestructura del país suramericano, la Revista Dinero aseguró en una edición de 2013 lo siguiente: “(Rafael Correa)  ha intervenido 7.000 kilómetros de carreteras e invertido más de US$5.000 millones. Ha hecho puentes, autopistas de ocho carriles y una red de nuevos puertos con tecnología de vanguardia. Construyó ocho hidroeléctricas, reconstruyó cuatro aeropuertos y echó a andar la primera línea del Metro de Quito, que transportará 400.000 pasajeros al día. Gracias a eso, la inversión del gobierno ecuatoriano en obras públicas representa 13 % del Producto Interno Bruto del país.  Nada que ver con el raquítico 1 % del PIB que invierte el gobierno colombiano en infraestructura”.

Todo lo anterior sin la necesidad perentoria de vender las empresas rentables del Estado. Pero aun así no falta quien intente subvalorar los grandes avances que el gobierno de Correa ha alcanzado no solo en infraestructura, sino también en educación, salud y, por supuesto, en materia de salario, pues mientras que en Colombia el básico no alcanza los 740.000 pesos, en el Ecuador superó los 375 dólares, lo que en pesos colombiano se traduce en 1.094.000.

A diferencia de Ecuador, Bolivia y Venezuela, y en gran medida de Perú, los últimos gobiernos colombianos no han dudado en privatizar empresas rentables. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, por ejemplo, el recaudo por la venta de las empresas del Estado superó los 13.000 billones de pesos. A lo largo de sus 8 años como mandatario fueron privatizadas las electrificadoras de Santander, Cundinamarca, las centrales eléctricas de Norte de Santander, así como las entidades  Granahorrar, Ecogas, Bancafé y Telecom, entre otras.

En lo que va de este gobierno, y durante uno de los periodos más críticos para el país en materia de energía, pues los embalses que surten de agua a las grandes hidroeléctricas estaban prácticamente secos, al presidente Santos se le ocurrió deshacerse de Isagén, la segunda mayor empresa de energía de Colombia, que pasó a manos del fondo canadiense Brookfield Asset Management, con sede en Toronto.

El asunto fue criticado, incluso, por el mayor privatizador de entidades públicas que ha tenido Colombia como lo es el jefe natural del Centro “Democrático”. La indignación fue colectiva, pero el  meollo del asunto no solo radicó en la venta de la empresa como tal, sino también en la de los afluentes de los ríos que surten a los embalses. Mirar al vecino por encima del hombro no es un delito, pero sí un acto de hipocresía, pues nos complace criticar, con o sin razón, la legaña que cuelga de su ojo, pero no alcanzamos a ver ni un milímetro la descomunal viga que atraviesa el nuestro.


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