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Publicado el 04 de diciembre de 2018

Un travesti del derecho

Por: Joaquín Robles Zabala
Docente universitario
Cartagena

Twitter:@joaquinroblesza
Email: robleszabala@gmail.com

Martínez Neira jamás debió ser Fiscal General de la Nación por la sencilla razón de que no se puede servir a dos amos, ya que resulta verdaderamente contradictorio impartir justicia de día y asesorar en la noche a aquellos a los que se investiga.

En la viña del Señor hay de todo, reza un conocido adagio. En política también. Lo que han ventilado algunos medios (en especial Noticias Uno) en las últimas semanas es horroroso, podría afirmarse que siniestro, pues se parte del principio protector del Estado y la transparencia de sus instituciones para con los ciudadanos. Pero no hay que olvidar que hablamos de Colombia, un país donde un senador bachiller gana mucho más dinero que un médico con especialización o un docente universitario con maestría o doctorado. Lo del Fiscal General de la Nación es solo la manifestación de una aberración, una desfachatez administrativa que hunde sus raíces en los intereses políticos de algunos grupos económicos. La mácula de Néstor Humberto Martínez Neira estuvo siempre a la vista de todos, pues su relación con el hombre más rico del país no solo era de subordinación sino también de una larga amistad. De manera que morder la mano del amo jamás estuvo entre sus planes, como tampoco la de dejar a un lado su lucha por los intereses de quien le consignaba los cheques. Que Martínez Neira haya seguido asesorando al Grupo Aval aún después de llegar a la Fiscalía (como lo demostró el senador Robledo con documento en mano) deja claro que más allá de sus intereses por la administración de justicia estaban los económicos de Sarmiento Angulo.

Martínez Neira jamás debió ser Fiscal General de la Nación por la sencilla razón de que no se puede servir a dos amos, ya que resulta verdaderamente contradictorio impartir justicia de día y asesorar en la noche a aquellos a los que se investiga. Decir, pues, que el fiscal es un travesti del derecho y un contradictor de la normatividad jurídica siendo la cabeza visible del máximo organismo de investigación del país, es afirmar poco. Decir que nunca dejó, realmente, la defensa de los intereses de uno de los grupos económicos más poderosos del territorio nacional solo deja ver que el Estado está torcido desde hace ya varias décadas y que lo que se diga o deje de decir en una tribuna de opinión no va lograr cambiar la mentalidad mafiosa que alimenta la política colombiana.

El marco filosófico del asombro, expuesto como principio rector para el acto de filosofar, se hace añicos como un cristal que se estrella contra el piso. Muy pocas noticias, en realidad, logran asombrar a los lectores de los diarios o la audiencia de los noticieros. El asunto radica en que nos hemos acostumbrado, o hemos interiorizado, los hechos anormales de la vida cotidiana como normales. No hay nada normal en que un funcionario se embolsille parte de los dineros de la administración. No hay nada normal en que un poderoso político, cuyo pasado es siempre asociado al paramilitarismo, decida censurar a través de su cuenta de Twitter un documental sobre el proceso de paz porque, sencillamente, no le gusta lo que allí se dice de él. No hay nada normal en que un niño aborde el transporte público urbano para vender dulces, o que un grupo de jóvenes se tome el cruce de un semáforo para hacer actos de malabarismo por una moneda.
El símbolo de la justicia es una balanza porque esta representa el equilibrio, una construcción cultural que permite definir nuestros principios (unos principios que cobijan sin excepción a todos los ciudadanos de una nación) y que como uno de los estadios universales es incontrovertible. No pasa lo mismo con otros principios de la vida en los que el concepto mal interpretado de política termina acomodándose a los intereses de quien lo expone. Decía en un artículo anterior que los garantes son la base de los argumentos y que las premisas nos llevan necesariamente a una conclusión que puede resultar incontrovertible. Lo que se ha venido dando en Colombia con relación al fiscal Martínez Neira deja sin piso cualquier garante conocido, ya que la Fiscalía General de la Nación es una institución encargada de investigar delitos y esclarecer hechos de corrupción como los que se le atribuyen a la cabeza visible de ese organismo.

Hay que dejar claro que el nombramiento de un fiscal ad hoc, como se ha venido sugiriendo, no soluciona el problema de fondo porque la presencia de Martínez Neira al frente de la Fiscalía es como sombra gravitando sobre sus subalternos, una sombra intimidante con los cien ojos vigilantes de Argos. Y si este tiene información precisa sobre qué pasos dan sus contradictores política desde que salen de la oficina hasta llegar a sus casas, resulta todo un chiste pensar que no se entere de lo que estos fiscales --nombrados para sucederlo en un caso en particular-- realizan frente a sus narices.

Muy ingenuo pensar que el señor va a permanecer con los brazos cruzados, o que no va a presionar a quienes designaron para investigar un hecho que lo afecta. Muy ingenuo, pero, sobre todo, muy conveniente que el investigado tenga a sus investigadores cerca, al alcance de la mano.


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