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Publicado el 08 de octubre de 2017
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Se repite la historia:
Otra vez Villamizar Laguado en la ‘picota’ pública’

El fiscal General de la Nación le imputará cargos al actual gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y al exgobernador Edgar Díaz Contreras por el trámite, celebración y liquidación de un contrato de suministro de materiales pétreos por más de $6.000’000.000 que, según las investigaciones, vulneró los principios de contratación pública y causaron un detrimento al erario. Desde el 2014, periodicoportada.com denunció el hecho que hoy tiene al gobernador Villamizar Laguado a la puerta de una cárcel.


Durante la presencia de William Villamizar Laguado, como gobernador de Norte de Santander, acompañado por Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza como Secretario de Infraestructura, muchas fueron las denuncias públicas hechas por la comunidad nortesantandereana, por algunos medios de comunicación de Cúcuta y por el PERIÓDICO PORTADA y su portal Web periodicoportada.com, relacionadas con presuntos hechos de corrupción en la contratación de obra pública.

La misma Contraloría departamental a través de una auditoría ejecutada a mediados de mayo del año 2011, encontró la falta de control y planeación en algunos contratos, entre ellos el 2083 de 2009 y el 0820 de 2010. El primero tenía como objeto el “suministro de materiales pétreos para la pavimentación de la red vial secundaria del departamento” y el segundo tenía como finalidad el “suministro e instalación de la capa asfáltica para la red secundaria, subregión suroriental y norte”; ambos contratos a pesar de ser de obra pública, fueron firmados como contratos de suministro, lo que contradice el actual Estatuto de Contratación Oficial (Ley 80 de 1993), por cuanto la instalación de una capa asfáltica no puede considerarse como un “suministro”,  constituyéndose además, en un presunto fraccionamiento de contrato.

Pero el problema para el gobernador Villamizar Laguado y su secretario Carrillo Mendoza, no paró ahí en estos dos contratos: Según la denuncia presentada ante la Contraloría, que también está en poder de la Fiscalía y la Procuraduría general de la Nación, el entonces gobierno de Norte de Santander, pactó anticipo con los contratistas “sin establecer siquiera un cronograma de inversión del anticipo”, y para complementar los yerros oficiales, en julio de 2010 cuando estaban en ejecución los contratos 2083 de 2009 y 0820 de 2010contrataron una interventoría externa, bajo el Contrato 1113 firmado el 29 de junio de 2010, interventoría que debió estar contratada al momento de iniciar las obras. Según la denuncia, “se contrató una interventoría externa en unos contratos de suministro, ignorando la figura del supervisor y utilizando una figura propia (interventor) del contrato de obra pública” por lo que, al parecer, se pretendió hacer una obra pública a través de dos contratos de suministro, para lo que contrataron una interventoría externa.

Y hay más: Los dos contratos en mención (2083 de 2009 y 0820 de 2010), en lo que tiene que ver con la vía La Sanjuana-Bucarasica, “se cobraron, pero no se ejecutaron” por cuanto hoy (cuatro años después) “esa vía está sin pavimentar”. Son 16 kilómetros los que tiene el tramo La Sanjuana-Bucarasica.

En su momento, el resultado de la auditoría adelantada por la Contraloría de Norte de Santander al contrato 2083 de 2009, indicaba que “el contratista entregó 21.450 metros cúbicos de material al municipio de Bucarasica, el que se encuentra acopiado desde el 17 de febrero de 2010 en un sitio cercano a la vía” y a la fecha como se dice antes, “no hay un centímetro de vía en la cual se haya instalado alguna carpeta asfáltica”.

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LA INOPERANCIA DE LA JUSTICIA

Aquí cabe preguntar: Si la Contraloría de Norte de Santander, si realizó una auditoría a la Secretaría de Infraestructura del departamento en mayo de 2011, en la que confirmó que el material pétro se encontraba abandonado a la orilla de la carretera que conduce de La Sanjuana a Bucarasica desde el 17 de febrero de 2010, ¿por qué nunca se pronunció? ¿Por qué tuvo que interesarse la Contraloría General de la República desde su oficina central para que se aclare estos presuntos hechos de corrupción administrativa?

Igual ocurrió con la Fiscalía Regional de Norte de Santander, que volteó los ojos hacia otro lado y no se interesó en investigar a fondo este presunto hecho de corrupción administrativa, cuando todas las pruebas confirmaban la violación de normas nacionales de contratación.

De acuerdo con las normas legales, cuando de una evaluación o auditoría efectuada se identifica un faltante en dinero o en un bien físico, se debe abrir el correspondiente juicio fiscal, lo que tiene como finalidad identificar al autor o responsables del faltante, máxime cuando dicho faltante se produjo por culpa o dolo del funcionario contra quien se adelantaba el juicio fiscal para establecer el valor faltante y aplicar las correspondientes sanciones. En este caso, de la carretera Sanjuana-Bucarasica, el faltante, de acuerdo con entendidos en la materia, es por el valor total de los contratos “porque no existió ejecución del objeto contractual”.

Para quienes conocen la situación, la administración del hoy exgobernador William Villamizar Laguado “contaba con el amparo de la Contraloría departamental, toda vez que el exgobernador orquestó su elección en la Asamblea departamental”.

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En un reportaje entregado por el entonces secretario Wilmer Carrillo (hoy representante a la Cámara por Norte de Santander) a un periódico local de Cúcuta, manifestó que “los 16 kilómetros de la vía Sanjuana-Bucarasica, serán intervenidos después de Semana Santa” y a renglón seguido señaló: “Quiero darle parte de tranquilidad a la comunidad de Bucarasica; vamos a intervenir esa vía tan pronto salgamos de cuatro frentes en los que estamos trabajando”. Esta misma respuesta fue entregada por el entonces secretario de Infraestructura de Norte de Santander a un derecho de petición suscrito el 19 de marzo de 2010. Varios años después, “no hay un centímetro de esta vía pavimentado y el material pétreo que se abandonó en ella, se perdió”.

TAMBIÉN LA FISCALÍA Y PROCURADURÍA

La misma investigación fue solicitada a la Fiscalía General de la Nación en el año 2014, de manera directa en la sede del bunker en Bogotá. Sin embargo, por jurisdicción, la denuncia fue enviada a la Fiscalía Regional de Norte de Santander, donde a pesar de haber confirmado lo que era denunciado, de manera inexplicable exoneró de toda responsabilidad a William Villamizar Laguado y a su entonces secretario de Infraestructura Wilmer Carrillo lo que les permitió, al primero luego de cambiar de partido político (de conservador a Cambio Radical), acceder por segunda vez a la gobernación, y al segundo aspirar y salir electo como representante a la cámara por el conservatismo de Norte de Santander. Igual ocurrió con las investigaciones que adelantaba la Procuraduría en Cúcuta.

Nadie lo confirma, pero en la capital de Norte de Santander, se habló de grandes sumas de dinero que corrieron para acallar el proceso y permitirle a Villamizar Laguado ser candidato a la gobernación por segunda vez.

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Las tres instituciones encargadas de vigilar los pasos de los funcionarios públicos en Norte de Santander, (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría Regional) deben dar explicaciones sobre el por qué, a pesar de las pruebas aportadas por los denunciantes y confirmadas por sus funcionarios de campo que investigaron los hechos, no actuaron en derecho y permitieron que este acto corrupto que hoy (ocho años después) ‘desempolva’ el Fiscal General de la Nación.  

HAY MÁS

La situación de William Villamizar Laguado que hoy afronta por el posible despilfarro de recursos en la compra de material pétreo para una obra que no fue ejecutada, no es la única ante la justicia.

El hoy gobernador de Norte de Santander, tiene pendiente otros procesos que la justicia no le ha definido, como por ejemplo el despilfarro de otros $6.000'000.000 en la contratación de un banco de maquinaria particular, para el mejoramiento vial, que poco sirivió para el objetivo contratado.

Durante un año y con un carrusel de 9 contratistas, el departamento bajo la administración de Villamizar Laguado se gastó esos dineros que solo sirvieron para medio-recuperar vías por seis meses. Con los más de los $6.000'000.000 el gobierno nortesantandereano pudo haber comprado 30 máquinas pesadas para la recuperación, por largo tiempo, de las carreteras afectadas por la ola invernal de 2010. 

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REACCIONA EL GOBERNADOR

El gobernador William Villamizar, después de conocer el anuncio de que la Fiscalía le imputará cargos por lo ocurrido en la vía La Sanjuana-Bucarasica, dijo  ser respetuoso de los órganos de control, y estar dispuesto siempre a aclarar y presentar los argumentos “para poder defendernos, estamos precisamente en esa  tarea". "Estamos a la espera que el señor Fiscal acepte la solicitud que le hicimos de interrogatorio y con él nosotros poder presentar varias pruebas y poder aclarar dicha situación, estamos encomendados en Dios", señaló el gobernador.

El actual gobernador, William Villamizar Laguado, y el exgobernador, Edgar Díaz, deberán responder por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin requisitos legales. No se ha fijado las fechas para la imputación de cargos al gobernador y al exgobernador de Norte de Santander. Las audiencias serán ante el Tribunal Superior de Bogotá.


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