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Publicado el 17 de febrero de 2016

Le reinician proceso por pérdida de investidura

La Sección Primera del El Consejo de Estado revocó el auto del Tribunal Administrativo de Santander que no encontró méritos para sancionar al entonces concejal de Bucaramanga, Edgar Higinio Villabona Carrero. El Consejo de Estado ordenó comenzar el proceso
investigativo de nuevo. Un diputado de Santander y un concejal de
Bucaramanga también estarían inmersos en la sanción.

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Una nueva derrota ante el Consejo de Estado sufrió el Tribunal Administrativo de Santander, al serle revocado un fallo donde exoneraba de toda responsabilidad al excandidato a la alcaldía de Floridablanca (Santander) Edgar Higinio Villabona Carrero por haber aprobado una prima técnica para el alcalde de la capital del departamento, Néstor Iván Moreno Rojas, hoy comprometido en las investigaciones que en Bogotá son adelantadas por la justicia dentro del llamado “Carrusel de la Contratación”. Moreno Rojas gobernó a Bucaramanga en el periodo 2001-2003.

La máxima institución administrativa colombiana consideró que la demanda presentada por el abogado Eric Roney Chaparro Quintero se ajustaba en derecho a la verdad. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Santander la rechazó.

Según el demandante, Edgar Higinio Villabona Carrero junto con sus compañeros de Concejo, violó el artículo 48 numeral 4 de la Ley 616 del 2000, por indebida destinación de recursos públicos.

Ahora la acción regresa al Tribunal Administrativo de Santander el que, por orden del Consejo de Estado, debe anular lo actuado y reiniciarla de nuevo, con la aceptación de lo presentado por el demandante.

La información sobre esta disposición, fue conocida por al abogado Eric Chaparro este 16 de febrero, a través de la Notificación 1130, enviada por Pedro Pablo Munevar Albarracín, secretario de la Comisión Primera del Consejo de Estado.

LA DEMANDA

La acción fue presentada por Chaparro Quintero en junio del año pasado. A los pocos días, el Tribunal Administrativo de Santander, a través del Magistrado Milciades Rodríguez Quintero, la declaraba improcedente lo que le permitía al demandando su camino como candidato a la alcaldía de Floridablanca por una fracción del partido Conservador.

Para el abogado Chaparro, en su calidad de concejal de Bucaramanga el entonces candidato conservador a la alcaldía de Floridablanca, aprobó el Acuerdo 043 del año 2000, “Por medio del cual se fija las escalas de remuneración de la administración central municipal, planta directivos docentes y administrativos de los planteles educativos del municipio de Bucaramanga, planta transitoria, trabajadores oficiales y concejo municipal, para la vigencia fiscal del año 2001, y se dictan otras disposiciones”, con el que el Concejo bumangués asignó una prima de gestión o técnica a favor del alcalde de la época, equivalente al 20% de su sueldo mensual.

Para hacer efectiva tal orden, el artículo octavo del Acuerdo 043 de 2000, en uno de sus parágrafos reza: “A partir del primero (1) de enero del 2001, el señor alcalde continuará devengando mensualmente una prima de gestión equivalente al 20% de su sueldo mensual”.

Edgar Higinio Villabona para el año 2000 ejercía como Primer Vicepresidente del Concejo de Bucaramanga y fue ponente de dicho Proyecto el que, para su aprobación, presentó ponencia favorable.

IRREGULARIDAD

Al aprobar por medio del Acuerdo 043 la creación de la prima de gestión a favor del Alcalde de Bucaramanga (Santander), "los concejales actuaron en contradicción de los postulados constitucionales consagrados en los artículos 4°, 6° y 150, numeral 19, literal e), e interpretaron de manera errónea el contenido del artículo 313, numeral 6, ibídem", según el demandante, por cuanto ellos (los Concejales) no están autorizados por la Constitución Política de Colombia ni por ninguna Ley de la República, para crear ni asignar primas de gestión o primas técnicas, "ya que dichas primas tienen como propósito el reconocimiento económico para mantener o atraer al servicio del Estado los empleados que por sus calidades especiales presten un buen servicio en el desempeño de su función, lo cual no aplica para los alcaldes, toda vez que dichos cargos no son de carácter permanente, sino de período".

OTROS COMPROMETIDOS

Además de Edgar Higinio Villabona Carrero, están comprometidos en la irregularidad (aprobación de una prima ilegal de gestión) algunas personas que en su momento fueron concejales de la capital santandereana y han seguido su carrera política como Rene Rodrigo Garzón Martínez (actual concejal de Bucaramanga) y Carlos Alberto Morales Delgado, hoy diputado de Santander; ambos representantes del partido Liberal, podrían también perder su investidura y por lo tanto tendrían que dejar las curules que hoy ostentan.

Junto con los anteriores, conformaban el Concejo de Bucaramanga, periodo 1988-2000, Carmen Lucía Agredo Acevedo, Yolanda Blanco Villamizar, Alfonso Prieto García (hoy rector de la Universidad Cooperativa de Colombia -UCC- seccional Bucaramanga); Carlos Eduardo Alfonso Sánchez, quien para el época de la aprobación del Acuerdo cuestionado, era el presidente de la Corporación Coadministrativa bumanguesa; Jorge Arenas Pérez, Néstor Castro Neira hoy funcionario de la Empresa del  Acueducto de Bucaramanga; Orlando Céspedes Camacho, Luis Alfonso Montero Luna, Víctor Alfonso Niño Suárez, Dinael Lasso Sierra, Luis Alberto Manrique Valderrama, Jesús Esaú Noratto Hernández, Jorge Enrique Orejarena Colmenares, German William Rangel Jaimes y Alirio Serrano Durán.

Estos exconcejales, por orden del Consejo de Estado, serán llamados por el Tribunal Administrativo de Santander para que certifiquen si en el periodo que les correspondió coadministrar al municipio de Bucaramanga, fue aprobada una prima técnica para favorecer al alcalde del periodo 2001-2003, por cuanto las Actas de las sesiones donde fue aprobada dicha prima técnica, desaparcieron de los archivos del Concejo.

Además, porque otras dos demandas contra Villabona Carrero, presentadas por Heberto Espitia y Serafín Trujillo, al parecer eran autodemandas, donde desaparecían las pruebas con el fin de llevar el caso a un 'limbo jurídico' para torpedear la investigación y blindar al procesado Villabona Carrero y, que de esta forma, se negara la posibilidad de la acumulación de procesos, lo que buscaba una decisión de “cosa juzgada”.

Esta 'jugada maestra' no se les dio, por cuanto ahora el proceso se reinicia desde cero, con todas las pruebas acumuladas en contra del entonces candidato a la alcaldía de Floridablanca. Con estas actuaciones al parecer, tanto el candidato a la alcaldía como Espitia y Trujillo querían engañar a la justicia para beneficio del primero.

A LA ESPERA DE NUEVO FALLO

Una demanda similar, fue presentada en su momento por la Veedora Pública Laura Janet Ardila Mejía, ante el Tribunal Administrativo de Santander, la que también fue denegada por esa corporación, a través del ponente, Magistrado Rafael Gutiérrez Solano.

La Veedora, al igual que el abogado Eric Chaparro, apeló el fallo, diligencia que está a punto de ser definida por el mismo Consejo de Estado, lo que confirmaría la serie de errores que cometen los Magistrados del Tribunal Administrativo de Bucaramanga (de buena o mala fe), que con sus actuaciones favorecieron en su momento a Edgar Higinio Villabona Carrero, quien hoy es funcionario público: Labora como Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Salud de Santander.

La demanda de Laura Janet Ardila Mejía, invoca también la violación del Concejo al artículo 48 numeral 4 de la Ley 616 del 2000, por indebida destinación de recursos públicos, pero expone que Villabona Carrero, además de ser servidor público (en su época de concejal) era funcionario de la Defensoría del Pueblo por cuanto había firmado un contrato con esa entidad, que lo cobijaba hasta 27 días después de su posesión como concejal, sin que se hubiese conocido que hubiera presentado renuncia de la Defensoría para incursionar en el Concejo.

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