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Publicado el 12 de marzo de 2016

Plan de Desarrollo 'gaseoso' para víctimas de la violencia

El abandono a las víctimas se materializa en el departamento de Santander, con la no convocatoria de sus representantes al Consejo Departamental de Planeación, encargado de realizar y socializar el borrador del Plan de Desarrollo Departamental, ‘Santander nos Une’. Para el gobierno seccional, los periodistas víctimas de la violencia armada no existen.

La improvisación parece fue el factor primario para la escogencia de los integrantes de la Mesa de Trabajo que estudia el denominado “Plan de Desarrollo Departamental, ‘Santander nos Une’”, carta de navegación para el gobernador Didier Alberto Tavera Amado a lo largo de su cuatrienio como mandatario seccional 2016-2019”.

Ese es el sentir de la comunidad periodística santandereana amenazada dentro del conflicto armado que vive el país. Inclusive, no existe en el Consejo Departamental de Planeación un representante de la población víctima de la violencia armada que reside en Santander, la que supera las 250.000 personas.

Las “Estrategias tema de desarrollo prevención, protección, atención, asistencia y reparación de las víctimas en el conflicto armado”, son gaseosas, volátiles e imprecisas, dentro del documento que será presentado a la Asamblea de Santander para su aprobación a través del régimen ordenanzal. No concreta nada en absoluto para favorecer a la amplia población víctima de la violencia (amenazados, desplazados, familiares de personas asesinadas, etc.).

Uno de los apartes del mencionado documento, señala que: “Las víctimas del conflicto armado forman parte de la población vulnerable, su atención será prioritaria con enfoque de derechos y deberes con protección reforzada por los entes territoriales que conforman el estado. Se implementará para su atención la información recopilada en el Registro Único de Victimas (RUV) con el fin de hacer seguimiento y evaluación al proceso de reparación, protección y asistencia en coordinación permanente y fluida con la Unidad Nacional de Victimas para el retorno y la reubicación”.

No especifica el documento, en forma clara, a la población afectada por la presencia en Santander de actores armados como la guerrilla, paramilitares, delincuencia común y las llamadas ‘BACRIM’ que también han amenazado, asesinado y desplazado personas de sus sitios de labores.

Es solo un formulismo para aprobar partidas dentro del presupuesto seccional, sin ningún norte específico, lo que puede ser aprovechado para desviar los recursos destinados a los amenazados, hacia otros menesteres y hacia otras manos en una forma irresponsable como ocurrió en el pasado con los recursos para la población afrocolombiana en Santander” alertan periodistas afectados por el conflicto armado en el departamento.

A MEDIAS

El norte ‘gaseoso’ del próximo Plan de Desarrollo de Santander con relación a la población afectada con el conflicto armado, solo tiene como ‘visión’, “facilitar los procesos de retorno de las poblaciones desplazadas, a partir de la promoción y construcción de redes ciudadanas de apoyo para la recuperación del tejido social en los lugares de retorno y el impulso de proyectos de desarrollo regional acordes a las potencialidades del territorio y la orientación de la gobernabilidad hacía una política integral para la protección de la población civil de manera especial a aquella con enfoque diferencial”.

Las necesidades más sentidas por parte de la población víctimas son: Vivienda, generación de ingresos, la falta de educación, de salud, de proyectos productivos, los programas de nutrición que contemplan los niños menores de 5 años, bajos recursos, incapacidad al trabajar en grupo, falta de preparación, la carencia de canales de comercialización de los pocos productos que ofrecen, la falta de infraestructuras por desarrollo proyectos agroindustriales y, el acceso a tierras, entre otras.

Hoy, el gobierno de Santander no vislumbra ni cuenta con la capacidad institucional de ofertar a las victimas, programas relacionados con el fortalecimiento de competencias (Oferta y Demanda), un acceso real al sistema micro-financiero; a la formación y recuperación del tejido productivo, al desarrollo de infraestructura social, al empleo de choque, a la concurrencia en proyectos movilizadores, a la gestión micro-empresarial, a la atención integral hacia la mujer; tampoco se soslaya la proyección de centros de escucha, capacitaciones, apoyo al adulto mayor, realización de talleres, atención integral, canalización de insumos hacia el desarrollo de potencial productivo, de generación de ingresos y empleabilidad, entre otros aspectos.

El pasado 9 de febrero (fecha clásica del periodismo colombiano) la gobernación a través de su oficina de prensa, informaba que “El Ministerio del Interior, a través del Grupo de Articulación a la Política de Víctimas, secretarios de despacho, miembros de alcaldías y líderes de la región, participó en el grupo de coordinación territorial en materia de políticas para las víctimas de conflicto armado con el fin de construir el documento que será incluido en el Plan de Desarrollo Departamental “Santander nos Une”.

Más adelante anunciaba que el secretario del Interior del departamento, Manuel Ricardo Sorzano, había afirmado que “Este documento incluirá a los actores del conflicto y estará integrado por todos los segmentos de la sociedad, lo cual es un reto para el gobierno departamental en cabeza de nuestro gobernador”.

Sin embargo, para analistas de la situación de las víctimas de la violencia en Santander, el anunciado documento no está plasmado en el Plan de Dearrollo, pues “al leer el proyecto del Plan de Desarrollo, las iniciativas allí planteadas para las víctimas, no pasan de ser simples enunciados que podrían convertirse en letra muerta como ha sido la tradición de los Planes de Desarrollo en el departamento durante las últimas administraciones”.

¿PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL PARA VÍCTIMAS?

En Santander las víctimas del enfrentamiento armado no han sido visibilizadas por el gobierno, al no ser tenidas en cuenta para ser apoyada ni beneficiadas a lo largo de los cuatro años del actual periodo constitucional.

El continuo desplazamiento forzado y de otros hechos victimizantes desde y hacia las distintas cabeceras municipales del departamento, incluso desde otros departamentos, se origina por la inseguridad que sienten las personas, las familias, ante las amenazas generalizadas por los grupos armados al margen de la ley que los obligan a abandonar su lugar de origen, despojándolos de sus propiedades.

Las víctimas tratan de sobrevivir en los municipios santandereanos donde llegan en busca de oportunidades que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. La problemática antes descrita genera una serie de consecuencias: Las más graves o delicadas son la miseria, el abandono, el hambre, la mendicidad, la perdida de costumbres y tradiciones.

La pérdida de la autoestima, los asesinatos selectivos, las masacres, la presión a producir cultivos ilícitos, entre otras, han obligado a que un gran número de familias en condición de desplazamiento hagan parte hoy de los cinturones de pobreza y miseria, residenciados en barrios con crecimiento desordenado, en invasiones o asentamientos humanos.

No hay dentro del Plan de Desarrollo “Santander nos Une”, un claro ‘Plan de Acción Territorial para las Víctimas’, que ordene el rol que el despacho del gobernador y cada secretaría, deberán tener para mejorar la situación socio-económica a las víctimas de la violencia armada con residencia en el departamento, con la organización de un Plan integral que les garantice a las víctimas, el goce de los beneficios a los que tienen derecho, menos existe una distribución -en porcentaje anual- de los recursos a utilizar a lo largo de estos cuatro años.

De acuerdo con conocedores del manejo administrativo oficial, la obtención de recursos para el apoyo a las víctimas del conflicto armado, lo podría hacer la gobernación ante el Ministerio del Interior y demás Ministerios que puedan vincularse, Organizaciones No Gubernamentales de carácter nacional e internacional con accionar en el departamento de Santander, recursos que vayan de verdad hacia el mejoramiento social de la población en mención.

Solo, el Plan de Desarrollo “Santander nos Une” establece para los cuatro años: “apoyar seis (6) procesos de la Ruta de Reparación Colectiva y la implementación de las medidas incluidas dentro del Plan Integral de Reparación Colectiva-PIRC; apoyar tres (3) proyectos de retorno/reubicación de población víctima del desplazamiento forzado en el departamento de Santander y temas de restitución de tierras; realizar 4 acciones de acompañamiento para el funcionamiento de la Mesa Departamental de Víctimas de Santander”, lo que se constituye en un “ínfimo esfuerzo” anunciado por el gobierno seccional hacia las víctimas del conflicto armado residenciadas en esta zona del país, según los observadores.

¿Y LOS PERIODISTAS AMENAZADOS?

El Plan de Desarrollo "Santander nos une" no identifica a las víctimas de la violencia armada en el departamento. En el caso de los periodistas, parece que el actual gobierno desconoce el número de víctimas que hoy residen en los municipios del departamento, donde Bucaramanga y Barrancabermeja son núcleos princpales de comunicadores amenazados.

Los periodistas, dentro de la invisibilidad en que se encuentran como víctimas de la violencia armada en Santander, no fueron llamados para conformar el llamado Consejo Departamental de Planeación. De ahí "la poca atención que en estos cuatro años tendrán los comunicadores víctimas de la violencia, de parte del gobierno seccional", han dicho quienes conocen por dentro el ambiente gubernamental seccional.

Sin embargo, en este departamento existen más de 150 periodistas víctimas de la violencia armada, entre amenazados y desplazados, por denunciar la corrupción administrativa en los ámbitos municipales y departamental y, la presencia de organizaciones armadas fuera de la Ley.

Santander, dentro del baño de sangre que ha sufrido el país, ha aportado 11 vidas de periodistas, desde que la violencia se acrecentó a partir de 1989. La última víctima mortal sufrida por el periodismo santandereano, se presentó en el año 2002.

NORMATIVIDAD

La Ley 1448 de 2.011 Ley de víctimas y restitución de tierras tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas dentro de un marco de justicia transicional que posibilite hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, justicia y reparación con garantías de no repetición, la ley regula lo concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación ofreciendo herramientas para que estas reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía.

Se considera víctimas para efectos de la Ley aquellas personas que individual o de manera colectiva, hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1.985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

Otras normas que regulan el apoyo a la población desplazada y víctima de la violencia en Colombia, son: Ley 387 de 1997, el artículo 288 de la Constitución Política de Colombia, la Sentencia T-025 de 2.004, Sentencia C-370 de 2006 ambas de la Corte Constitucional, los Autos 383 de 2.010, 219 de 2011, Decreto 4800 de 2011, por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2.011, Decreto Ley 4635 de 2.011, Decreto 4829 de 2011, los CONPES 3712 y 3726, Decreto 790 de 2.012, Ley 975 de 2005, Ley 1450 de 2011, entre otras.