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Presidente Santos en contra del pueblo colombiano

Mientras los colombianos se quejan por los abusos que cometen la empresas prestadoras de servicios públicos con el cobro-sanción exagerado por reconexión,
el Presidente e la República les da vía libre a esas empresas para que sigan
con dichas andanzas, en contravía a lo ordenado por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado.


La Presidencia de la República objetó el Proyecto de Ley aprobado por el Congreso, donde le prohibían a las empresas prestadoras der servicio público domiciliario, sancionar a sus usuarios para reconectales los servicios. El proyecto de Ley, objetado por el Presidente Santos, luego de habedr sido aprobado por Cámara y Senado, estaba listo para la sanción presidencial y pasar a convertirse en Ley de la República.

Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron que el Presidente Juan Manuel Santos lo objetó sin dar más explicación.

SENTENCIAS VIOLADAS

A pesar de que el Presidente de la República, esté a favor de las empresas prestadoras de servicios públicos, las altas Cortes se han apersonado de la situación ante las reiteradas quejas de los usuarios, presionados por pagos irregulares por parte de las empresas prestadoras de los servicios públicos.

La Corte Constitucional a través de la Sentencia de Unificación SU-1010 de 2008 sostiene que las empresas de servicios públicos domiciliarios no están facultadas para imponer sanciones a sus usuarios.

La misma Corte, en su Sentencia T-328/09, determinó que en los casos en los cuales las empresas de servicios públicos han impuesto multas a los usuarios, la acción de tutela resulta procedente para garantizar sus derechos porque considera que los actos por medio de los cuales se imponen ese tipo de sanciones no son actos administrativos, y, en consecuencia, se constituyen en vías de hecho que pueden impugnarse a través de este mecanismo extraordinario.

La Constitución Política, no prohíbe que las empresas ocupen una posición dominante en un mercado determinado. Lo que impone al Estado es la obligación de evitar o controlar cualquier abuso que personas o empresas hagan de ella en el mercado nacional

Por su parte el Consejo de Estado, a través del documento radicado bajo el número 25000-23-24-000-2008-00282-01 con fecha diez y ocho (18) de septiembre de dos mil catorce (2014), reconoce que “las empresas de servicios públicos domiciliarios ostentan per se una posición de dominio frente a sus usuarios, tal como lo reconoce el artículo 14. 13 de la ley 142 de 1994”, sin embargo, no están facultadas para imponer sanciones o multas a nombre de la reconexión de un servicio.

En Bucaramanga, empresas como GASORIENTE y CLARO han sido denunciadas por abusar con la imposición de cobros-sanciones para el usuario a los que les cortan los servicios por falta de pago oportuno.

Varios Juzgados de la ciudad han hecho caso omiso a las quejas a través de Tutelas, sin pararse un momento a revisar las Sentencias que prohíben tales abusos.

EL PROYECTO

El Proyecto de Ley pretende reformar la Ley 142 de 1994 (Régimen de los servicios públicos domiciliarios) para adicionarle un Parágrafo al Artículo 96 y así eliminar el cobro del cargo por reconexión o reinstalación del servicio público domiciliario de inmuebles residenciales en los estratos 1, 2 y 3, si la causa de la suspensión o corte ha sido solo la mora en el pago de las facturas; por otro lado, se modifica el Artículo 142 para establecer un plazo máximo de reconexión o restablecimiento del servicio de 24 horas, contados a partir de que el usuario haya eliminado la causa de la suspensión del mismo.

El Proyecto de Ley señala unos límites particulares a esta exoneración en el cobro del cargo por reconexión, dado que se indica que es exclusivo para bienes inmuebles de carácter residencial, es decir, que tienen como destinación final servir de casa de habitación de familias y no para otro tipo de actividades como industriales o comerciales.

Por otra parte, se especifica que el beneficio se aplica solo para aquellos inmuebles catalogados como estratos 1, 2 y 3, los cuales son ocupados por usuarios de menores ingresos y que por esta misma razón en ocasiones deben recibir subsidios por parte del Estado para poder acceder a la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

La iniciativa también prevé de manera puntual que la exoneración en el cobro de la reconexión procederá cuando la causa de la suspensión del servicio sea la mora en el pago y el usuario se encuentre a paz y salvo con la empresa por esta misma razón, y no bajo otros eventos como el fraude o alteración en las conexiones, acometidas o medidores.

¿QUÉ VIENE AHORA?

Luego de la negativa del Presidente Juan Manuel Santos Calderón para sancionar con su firma y promulgar el Proyecto que acaba con el cobro-sanción que imponen las empresas prestadoras de servicios públicos a los colombianos que no cancelen a tiempo dichos servicios, la Casa de Nariño deberá regresar el Proyecto al Congreso con sus argumentos sobre los cuales se fundamentó para que no se constituyera en Ley de la República.

De acuerdo con lo previsto por la Constitución Política, el Gobierno dispone del término de seis días para devolver con objeciones cualquier Proyecto cuando no conste de más de veinte artículos; de diez días, cuando el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta artículos; y hasta de veinte días cuando los artículos sean más de cincuenta. Términos que aparte de ser computables en días hábiles y completos, tienen carácter preclusivo para el Gobierno, pues el propósito del constituyente fue el de imponerle a éste el deber de sancionar o devolver el proyecto de ley oportunamente al Congreso con objeciones, ya que su papel consiste en concurrir al proceso de formación de la ley, pero no le es posible entrabar o paralizar el proceso legislativo cuando éste se encuentra para la respectiva sanción.

Es por ello que la misma Constitución prevé, que si transcurridos los indicados términos, el Gobierno no hubiere devuelto el Proyecto con objeciones, el Presidente deberá sancionarlo y promulgarlo; así como que, si el Presidente no cumpliere con el deber de sancionar las Leyes en los términos y según las condiciones que la Constitución establece, las sancionará y promulgará el presidente del Congreso.

Hay que hacer claridad que el Proyecto en mención, pasó para sanción presidencial el 10 de octubre, hace cerca de 3 meses y hasta ahora se conoce la negativa prsidencial para su sanción.

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OBJECION PRESIDENCIAL

Son dos las condiciones que se requieren para que la Corte Constitucional pueda emitir un pronunciamiento sobre las objeciones propuestas, con el fin de dirimir la controversia de constitucionalidad suscitada entre el Gobierno y el Congreso, en caso de que esta exista por el Propyecto de Ley que acaba con las sanciones para quienes no cancelen a tiempo sus servicios públicos en los estratos 1, 2 y 3:

1.- Que dentro de los términos perentorios señalados en el artículo 166 Superior, el Proyecto de Ley sea objetado por el Presidente de la República por motivos de inconstitucionalidad al momento de pronunciarse sobre su sanción.

2.- Que cumplida la anterior condición el Congreso insista, es decir, que rechace las objeciones con arreglo al procedimiento previsto para tal efecto en la Carta Política. Satisfechas estas exigencias, la Corte puede analizar de fondo las objeciones presidenciales como árbitro del diferendo jurídico que se presenta entre dos ramas del poder, por lo que proferirá, como guardiana de la integridad y supremacía de la Carta Política una decisión definitiva, que si es de exequibilidad obliga al Gobierno a sancionar dicho Proyecto, y en caso contrario, conduce al archivo del expediente, salvo que la inexequibilidad del Proyecto sea parcial lo que se deberá indicarlo a la Cámara en que tuvo su origen para que, oído el Ministro del ramo, rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte y una vez cumplido este trámite, remita a la Corte el Proyecto para fallo definitivo, de acuerdo con el artículo 167 de la Constitución Política de Colombia.


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