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Preocupante situación carcelaria en Santander

- La Procuraduría verificó el cumplimiento de aspectos esenciales para el mejoramiento integral de las condiciones de las personas privadas de la libertad y el goce
efectivo de sus derechos constitucionales. En seis meses la situación
carcelaria ha empeorado en el Departamento.
- Llaman a audiencia a exgerente de hospital en el Municipio de Vélez.


En un informe detallado, presentado por la Procuraduría General de la Nación sobre las instituciones que conforman el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario en el Departamento de Santander, se revela la presencia de hallazgos encontrados durante la vigencia 2016 en los ocho establecimientos penitenciarios y carcelarios de la región, para que, desde sus competencias constitucionales y legales, propendan por la adecuada consecución de los fines de la pena y las medidas de aseguramiento. 

En desarrollo de la función preventiva asignada por la Constitución Política nacional, el órgano de control verificó el cumplimiento de aspectos esenciales como hacinamiento, educación, trabajo, alimentación, trámites judiciales y/o administrativos, salud e infraestructura y guardia, para el mejoramiento integral de las condiciones de las personas privadas de la libertad y el goce efectivo de sus derechos constitucionales.

RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN

Concluida esta actuación preventiva, la Procuraduría Regional de Santander determinó lo siguiente:

Hacinamiento: 
El departamento de Santander tiene capacidad para albergar 3.634 internos. Pese a lo anterior, en la actualidad hay 6.526 personas privadas de la libertad, lo que genera un sobrecupo de 2.892, equivalente al 79.51%; la cárcel Modelo de Bucaramanga es el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario que presenta mayor hacinamiento con el 209.51%.

Por su parte, el establecimiento con menor cantidad de reclusos es la Penitenciaría de San Gil, donde se presenta un 0.76% de hacinamiento. Precisa la Procuraduría, que existen 2.685 personas con detención y prisión domiciliaria.

Educación
De las 6.526 personas privadas de la libertad en Santander, 2.035 se encuentran inscritas en programas educativos, es decir, solo el 31.18% de la población reclusa recibe algún tipo de formación pedagógica. 

Alimentación: 
Todos los establecimientos visitados cumplen con buenas condiciones en la manipulación, preparación y suministro de la alimentación a los internos.  

Trámites judiciales y/o administrativos: 
Existe un elevado número de investigaciones disciplinarias contra internos.  La situación actual muestra posibles problemas de convivencia dentro de la comunidad; al parecer, las relaciones entre el personal de guardia y la población reclusa son conflictivas. Derechos de petición y salud son los dos temas más recurrentes en la presentación de Acciones de Tutelas.

Salud: 
La falta de profesionales especializados, de una adecuada red externa de atención, de personal de apoyo y vehículos para el traslado de los internos, ha propiciado que a la fecha exista un total de 1.220 órdenes médicas y exámenes especializados represados.

Infraestructura: 
En los centros penitenciarios que tienen sobrepoblación carcelaria es común encontrar las mismas deficiencias, las cuales hacen referencia a la falta de espacio físico para la tenencia de las personas y, carencia de baterías sanitarias y duchas, espacios para recreación, talleres y adecuación de enfermerías, entre otros.

Guardia: 
El número total de guardias resulta insuficiente frente al número de población reclusa, muchos de ellos ejercen funciones administrativas y/o se encuentran con restricciones laborales, lo cual agudiza el problema.

El informe de la Procuraduría destaca que, del número total de reclusos, solo 687 personas se encuentran inscritas en programas de trabajo, cifra que equivale al 10.52%.

En el Departamento de Santander existen 10 establecimientos penitenciarios: Las cárceles del Distrito Judicial de Bucaramanga y San Gil; Barrancabermeja, Socorro, Vélez, Málaga, San Vicente de Chucurí, Zapatoca, el establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad ‘Palogordo’ de Girón y, el ‘Buen Pastor’ (Reclusión de mujeres) con sede en Bucaramanga.

TODO SIGUE PEOR

Ya en mayo del año pasado, en una inspección similar, el Ministerio Público encontró graves circunstancias que en ese momento debían enfrentar los internos de las cárceles de Santander.

En ese entonces, la Procuraduría visitó siete de los nueve centros de reclusión del Departamento donde había, igual que hoy, hacinamiento, insuficiencia de personal de guardia, represamiento de la atención en salud e incumplimiento de acciones judiciales.

Tras la visita además se determinó que es una constante la falta de asepsia y de un medio adecuado para transportar a los enfermos.

Estos hechos son frecuentes en la cárcel “Modelo” de Bucaramanga, la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Girón “Palogordo”, el centro de reclusión de Mujeres de Bucaramanga y los penales de San Gil, Barrancabermeja, Vélez y Socorro. En ese momento existía un sobrecupo de 3.020 internos.

En mayo de 2016, la Procuraduría advirtió que en seis de los siete establecimientos carcelarios se evidenciaron distintos niveles de hacinamiento que oscilaban entre el 19,52% y el 212%.

El número de guardias, al igual que hoy, era insuficiente para la remisión de internos, con lo cual se afectaba la atención en salud y se generaba el incumplimiento de los estándares de seguridad, revelaba un informe de la Procuraduría.

Otro aspecto crítico en las cárceles santandereanas en mayo de 2016, tenían que ver con el represamiento de la atención en salud y de los procedimientos médicos extramurales que ascendían a cerca de 2.589 en los centros penitenciarios.

Siete meses después, la situación carcelaria en Santander tiende a empeorar, ante la desidia del Gobierno nacional que no se preocupa por la surte que puedan correr las personas que por distintas razones llegan a las cárceles del Departamento.

A AUDIENCIA EXGERENTE DEL HOSPITAL
REGIONAL DE VÉLEZ (SANTANDER)

En las instalaciones de la Procuraduría Regional de Santander se cumplirá la audiencia contra Rosa Delia Gómez de Gaviria, en su condición de gerente de la Empresa Social del Estado (E.S.E) Hospital Regional de Vélez (Santander) para la época de los hechos, por presunto desconocimiento de las normas que rigen la contratación estatal.  

La investigación busca establecer si la entonces funcionaria con facultades para contratar incurrió en falta disciplinaria por, al parecer, adquirir durante la vigencia 2013, productos farmacéuticos y material quirúrgico médico por un monto que asciende a $651’718.540, sin adelantar el proceso de contratación exigido, esto es, convocatoria pública o contratación directa; adelantó el proceso con solo las facturas de las compras hechas a firmas como Cohosan, Cointe, La Economía, Rem Equipos y Representaciones M y M.

El Ente de control consideró que con su actuar, la investigada pudo haber desconocido el régimen propio de contratación de la entidad y los principios de responsabilidad, transparencia y economía que regulan la contratación estatal, así como los de moralidad y responsabilidad que rigen la función administrativa del Estado. 

De manera provisional, la falta de Gómez de Gaviria fue calificada como gravísima, cometida con culpa gravísima, por el incumplimiento de normas que le obligaban a adelantar un procedimiento para la adquisición de medicamentos y del material médico quirúrgico que se requería para la prestación del servicio de salud que brindaba la entidad hospitalaria a su cargo.

Durante la diligencia disciplinaria que tendrá lugar este 23 de enero de 2017, a partir de las 8 de la mañana, la exfuncionaria de la E.S.E podrá rendir su versión sobre de la conducta que se le endilga. 


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