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Serpa quiere tomarse la Procuraduría en Santander:
Tres "conocidos de autos" son sus candidatos

Los aspirantes del liberalismo para el Ministerio Público Regional, acumulan siete procesos penales que son llevados por la Fiscalía General de la Nación en
Bucaramanga. Serpa hizo nombrar a una investigada por la Procuraduría
como Jefe Nacional de Planeación de esa entidad.


Luego de obtener una Procuraduría Delegada y la Jefatura de Planeación de la Procuraduría General de la Nación, el exgobernador de Santander y actual Senador por el partido Liberal, Horacio Serpa Uribe, presentó a tres de sus ‘alfiles’ como candidatos a ocupar la Procuraduría Regional del Departamento; dos de esos ‘alfiles’ políticos, hicieron parte del cuestionado gobierno de Bucaramanga a cargo del Liberal Luis Francisco Bohórquez Pedraza; una tercera ocupó un cargo directivo dentro del Gobierno de Serpa en Santander. Los tres están vinculados a procesos penales en su contra.

Fuentes de entero crédito desde Bogotá han confirmado a instancias de un trabajo de la Unidad de Investigación de periodioportada.com que Serpa Uribe, dentro de la repartición  burocrática al interior de la Procuraduría General de la Nación y a través de pactos dentro de la política partidista en la capital del país, ha recibido hasta el momento el nombramiento de dos de sus recomendados en una Procuraduría Delegada y en la Jefatura de Planeación Nacional mientras espera de que uno de sus recomendados, conocidos de autos, llegue como Procurador Regional en el Departamento de Santander.

Con esa arremetida para obtener cargos en una entidad encargada de investigar las faltas disciplinarias y administrativas de los funcionarios, “Horacio Serpa lo que busca es blindarse y blindar a sus amigos inmersos en investigaciones”, coincidieron en afirmar a este medio periodístico, abogados y expertos en política partidistas consultados en Bogotá y Bucaramanga.

LOS ‘RECOMENDADOS’ DE SERPA

Con la salida de su ‘pariente’ Alejandro Ordóñez Maldonado de la Procuraduría, entendidos en la materia de Justicia Administrativa y Disciplinaria, creyeron que el político Serpa Uribe no tendría cabida en la nueva administración de esa rama del Ministerio Público; sin embargo se equivocaron, al conocerse un pacto político que favoreció a su hijo Horacio José Serpa con la Presidencia del Concejo de Bogotá y de paso permite el ingreso de Serpa Uribe al poder de la Procuraduría General de la Nación con ramificación a la Procuraduría Regional de Santander y algunas Procuradurías Provinciales como el caso de Barrancabermeja, donde uno de sus prohijados partidistas, es el Alcalde Darío Echeverri Serrano, quien está ‘emproblemado’ ante la comunidad por el incumplimiento de sus promesas políticas cuando era candidato, y ahora se encuentra inmerso en un Proceso de Revocatoria de Mandato, para el cual la comunidad recoge las firmas necesarias con el fin de hacer realidad la convocatoria a una nueva elección de Alcalde.

El Senador y copresidente del partido Liberal, Horacio Serpa Uribe, “utiliza su investidura para vincular a sus allegados a cargos públicos donde lo puedan defender de las acciones investigativas que siguen en su contra”, sin tener en cuenta sus antecedentes éticos, disciplinarios y penales, han dicho quienes conocer el pasado y presente político del veterano dirigente liberal.

Entre sus “recomendados” se encuentra Leandro Alberto Ramos Castiblanco, quien ha sido contratista con el Estado (entre ellos la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección, Ministerio de Defensa) a quien presentó para el cargo de Procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

Consuelo Ordóñez de Rincón, cuestionada como Secretaria de Planeación durante el Gobierno-Serpa en Santander y quien por interpuesta persona a través de su Fundación COHERENCIA contrató con la ODEBRECHT en 2012 la firma que tenía la construcción de la Ruta del Sol Fase II. La Fundación de Ordóñez de Rincón, contrató con ODEBRECHT, cuando ella ejercía como Directora de la Oficina del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB). No existe nada anormal en lo disciplinario, solo es un comportamiento antiético.

La misma Consuelo Ordóñez estuvo envuelta en un escándalo cuando quiso imponer como Directora del AMB el reciclaje a los bumangueses, donde estaba de por medio su Fundación COHERENCIA.

Como Directora del Área Metropolitana de Bucaramanga, Ordóñez de Rincón quiso obligar a los bumangueses a reciclar para beneficiar a la COOPERATIVA COOPRESER de una empleada de su FUNDACIÓN COHERENCIA; entre otras cosas, fue la FUNDACIÓN COHERENCIA fundada por Consuelo Ordóñez, la encargada de promocionar  e implementar, entre los años 2011 y 2012, la llamada ruta del reciclaje en Bucaramanga, lo que indica que el gobierno de la capital santandereana preparaba desde sus inicios, el rentable negocio de la recolección del reciclaje, que se presentaba como un lucro redondo del Alcalde de la época, Luis Francisco Bohórquez y la cuestionada funcionaria, su Directora de la Oficina del Área Metropolitana.

(Leer: El ‘negocio redondo’ de Consuelo Ordóñez de Rincón)

Con la implementación del Decreto 0096 de 2013 por parte del entonces Gobierno de Bucaramanga, que obligaba a los bumangueses a separar sus residuos, se beneficiaban algunas Cooperativas y Fundaciones creadas para reciclar.

Según entendidos en material ambiental, consultados por periodicoportada.com, en ese momento consideraban que la expedición del Decreto 0096 del 5 de junio de 2013, era un acto improvisado, de irresponsabilidad administrativa, con claros tintes de beneficio para un sector y que no aguantaba la revisión de una autoridad administrativa. Sin embargo, esas autoridades administrativas y disciplinarias, ni siquiera se dieron por enteradas de la existencia de dicho Decreto, de ahí que no ocurrió amonestación y menos una sanción para los responsables de dicho documento autoritario.

(Leer: ¿A quién beneficia el proceso de reciclaje por Decreto en Bucaramanga?)

CON PROCESO EN LA PROCURADURÍA

La recomendada de Horacio Serpa, Consuelo Ordóñez de Rincón, figura con un proceso en la Procuraduría General de la Nación ante una queja presentada, cuando fue Directora de la Oficina del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), “por la firma del contrato de prestación de servicios profesionales Nº 000060 con el Abogado Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta”.

La queja fue presentada en el año 2013 y solo 3 años después, con fecha 18 de julio de 2016, entró a etapa probatoria dentro de una investigación disciplinaria, lo que indica que el proceso está vigente.

Lafont Pianeta, es un Abogado costeño contratado por Ordóñez de Rincón por valor de $580’000.000 dentro del pleito suscitado entre la AMB y la CDMB (Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga) por la tenencia de la ‘autoridad ambiental’ en las áreas urbanas de los Municipios de Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón.

El contrato de Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta se extendió por tres años, y debía ser pagado así: $145’000.000 por las acciones necesarias para responder la demanda y $435’000.000 como prima de éxito en caso de que se declarara la legalidad del Acuerdo que creó la Subdirección Ambiental, según lo publicado por el periódico Vanguardia Liberal. Como se recordará ese proceso jurídico fue ganado por la AMB.

Cada una de esas entidades (La AMB y la CDMB) buscaban quedarse con lo recaudado por concepto de sobretasa al Impuesto Predial en los Municipios integrantes del Área Metropolitana de Bucaramanga. Según los entendidos, “para eso no se necesitaba invertir recursos públicos en procesos de ninguna naturaleza; le correspondía a la Entidad que la Ley ha designado para su correcto manejo”.

La misma Consuelo Ordóñez de Rincón, cuando fue Directora de la AMB, fue denunciada por abusar de su cargo, al ordenar la retención de vehículos y enviarlos a parqueaderos que dependían del departamento de Santander, lo que se convertía en una atribución abusiva por parte de la funcionaria.

(Leer: Directora de la AMB abusa de su cargo)

Hoy Consuelo Ordóñez de Rincón con todos esos antecedentes, de la mano del Senador Horacio Serpa Uribe, ejerce el cargo de Directora Nacional de Planeación en la Procuraduría General de la Nación, la entidad que la investiga y aún no le ha definido su situación jurídico-disciplinaria desde hace 4 años.

LOS CANDIDATOS A PROCURADOR REGIONAL

Las habilidades de Horacio Serpa Uribe, a lo largo de sus más de 45 años de actividad político-partidista, le han dado la experiencia necesaria para ‘nadar’ en las aguas de los cargos oficiales sin inmutarse.

Después de haber logrado para sus amigos, los cargos de Procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y la Jefatura Nacional de Planeación dentro del mismo Ente de investigación disciplinaria, ahora busca que otro de sus “amigos” ostente el cargo de Procurador Regional de Santander.

Para tal fin ha postulado los nombres de Kadir Crisanto Pilonieta Díaz, Edgar Fernando Pérez Rodríguez y Laura Cristina Gómez Ocampo.

Kadir Crisanto nPiloneta Díaz fue aspirante al Concejo de Bucaramanga en las elecciones de 2011, en representación del partido AFROVIDES donde alcanzó 1.237 votos y no logró curul. En el 2012 se posesionó como Defensor del Espacio Público durante el gobierno del liberal “Lucho” Bohórquez, constituyéndose en el ‘azote’ de los vendedores ambulantes a quienes ultrajó para sacarlos del espacio que ocupaban con su pequeño comercio, hasta el punto en que sus funcionarios, los de la Secretaría del Interior, junto con unidades de la Policía Nacional, les destruían las carretas, las zorras utilizadas por los vendedores informales para ofrecer sus productos en las calles.

Luego, en el 2014, Pilonieta Díaz se posesionó como Defensor del Pueblo en la Regional Santander para una labor que pasó desapercibida pese a su presencia en las cárceles para denunciar lo que ya era de público conocimiento: El hacinamiento humano.

De avasallador del pueblo como Defensor del Espacio Público en Bucaramanga, Kadir Crisanto Pilonieta Díaz, pasó a Defensor del Pueblo, lo que deja entre la comunidad bumanguesa un sabor agridulce sobre lo que pueden hacer los ‘Caciques políticos’ con sus ‘ahijados’.

Fue tanto su avasalladora actuación contra los pobres de la ciudad, que sin tener en cuenta que los vendedores estacionarios tenían “permisos y licencias otorgadas por las autoridades competentes desde hace 28 años, sin contemplación alguna incurriendo en vías de hecho y con violencia sobre nuestros bienes y nuestras familias, tratándonos peores que vulgares delincuentes”, los ultrajó, según reza una de las denuncias penales instauradas contra el funcionario.

Su actuación como Defensor del Espacio Público, le conllevó a Kadir Pilonieta Díaz a ser ‘pieza procesal’ al estar denunciado ante la Fiscalía, tal como lo confirman documentos en poder de la Unidad Investigativa de periodicoportada.com.

Son 5 las denuncias penales que recaen sobre Kadir Crisanto Pilonieta Díaz, las que ‘están vivas’ dentro de los procesos de investigación y que en cualquier momento podrían conllevarle malos ratos.

El prontuario cobija las denuncias radicadas bajo los números:
- 680016000160200909574
Instaurada el 21 de septiembre de 2009, remitida por la Gobernación de Santander a través del entonces Asesor de la Gobernación, Ricardo Vega Jiménez (Delito: Contrato sin cumplimiento de requisitos legales-Investiga: Fiscalía 23 seccional-).

- 680016008828201301310
Presentada el 19 de junio de 2013 por Mariano Fonseca Fonseca (Delito: Falso testimonio-Investiga: Fiscalía 15 seccional-).

- 680016008828201301595
Instaurada el 16 de agosto de 2013 por Saúl Ortiz (Delito: Prevaricato por acción-Investiga: Fiscalía 35 seccional-).

- 680016000160201505929

Presentada por Nisson Alfredo Vahos Pérez (Delito: Fraude procesal-Investiga: Fiscalía 19 seccional-).

- 680016008828201302425

Instaurada por Nepomuceno Estupiñán (Delito: Prevaricato por omisión-Investiga: Fiscalía 35 seccional-).

Todas las investigaciones contra Kadir Crisanto Pilonieta Díaz, candidato de Horacio Serpa a la Procuraduría Regional de Santander, están enmarcadas dentro del Sistema Penal Oral Acusatorio.

Otro de los candidatos presentados por Serpa Uribe para la Procuraduría Regional de Santander, es Edgar Fernando Pérez Rodríguez, abogado que ha ocupado posiciones como Secretario de Gobierno, Concejal y Personero del Municipio de Lebrija (Santander). Ocupó también el cargo de Director Territorial Oriente de la Superintendente de Servicios Públicos, que atiende los usuarios de los Departamentos de Santander, Norte de Santander y Arauca.

Sobre Pérez Rodríguez pesa una denuncia penal, radicada bajo el número 680016008828201402131, instaurada el 14 de noviembre de 2014 por Jorge Alberto Pérez Sandoval, quien lo acusa del delito de Abuso de Función Pública, cuando ocupaba la Dirección Territorial Oriente de la Superintendente de Servicios Públicos.

Además de los dos antes mencionados, surge el nombre de Laura Cristina Gómez Ocampo, quien fuera Secretaria de Educación del entonces Gobernador Horacio Serpa Uribe, donde tuvo complicaciones jurídicas hasta el punto en el que el Fiscal 20 de Bucaramanga la responsabilizó por irregularidades contractuales. El Ente acusador le imputó los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público.

Según la Fiscalía, El contrato fue suscrito el 19 de agosto de 2008 entre la Secretaría de Educación de la Gobernación con la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, representada legalmente por Naimen Martínez Pérez, quien a su vez delegó al Presidente de la Federación Comunal de Santander, en cabeza de Gustavo Herrera, para la suscripción y ejecución del contrato, por un valor de $250’000.000.

En dicho contrato se habrían presentado actos corruptos como cobrar $5.000 por cada bolsa de agua, (cuando su valor comercial era de $1.000 pesos), así como presentar a menores de edad como si fueran médicos. Incluso, habrían presentado la compra de 5 balones por $585.000, pero los esféricos jamás estuvieron a disposición de los deportistas. Estos son los presuntos hallazgos del ente acusador.

Por estos hechos, fueron privados de su libertad Naimen Emiro Martínez, Presidente Nacional de la Confederación de Acciones Comunales y, el dirigente comunitario de Bucaramanga, Gustavo Herrera, vinculados a una investigación penal por supuestos malos manejos en el desarrollo del contrato; Naimen Emiro Martínez recobró su libertad mientras que Laura Cristina Gómez Ocampo está libre, al igual que Diego Fernando Mendoza, supervisor del contrato, pero ambos vinculados a la investigación. Herrera se mantiene en prisión.

En el 2015, la Procuraduría Regional de Santander, Ente a la que está postulada para dirigir, profirió pliego de cargos y abrió proceso verbal contra Gómez Ocampo quien ocupaba la Gerencia del Servicio Integrado de Transporte METROLÍNEA en Bucaramanga; la acusación fue hecha en su calidad de exsecretaria de Educación de la Gobernación de Santander.

La decisión del Ministerio Público, que además vinculaba al excandidato Liberal a la Gobernación de Santander, Luis Fernando Cote Peña, en ese entonces Secretario de Gobierno de la Gobernación, y a varios exfuncionarios de la Administración Departamental que ejercían funciones en 2010, se remite a que habrían incurrido en la presunta omisión de sus deberes como miembros del ‘Comité de Conciliación’.

De manera específica, la Procuraduría halló que los funcionarios se negaron a emprender una Acción de Repetición contra el exgobernador de Santander Miguel Jesús Arenas Prada, también liberal, para recuperar la millonaria suma que pagó el Departamento como indemnización a varios exempleados de la Contraloría departamental, desvinculados de la entidad por una reestructuración propiciada en su mandato.

También, sobre la entonces Secretaria de Educación, recayó una Sentencia emitida el 3 de agosto de 2010 por la Juez Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, en la que sancionaba con arresto de tres días, al Gobernador Horacio Serpa y a su Secretaria de Educación, Laura Cristina Gómez Ocampo, por desacato a una Tutela interpuesta por la Personería del Municipio de Suratá, tal como lo reseñó en su momento el Ministerio de Educación.

LAS INVESTIGACIONES CONTRA HORACIO SERPA
EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GRAVES PROCESOS
CONTRA HORACIO SERPA

El hoy Senador Horacio Serpa Uribe, quien busca tener para sí la Procuraduría Regional de Santander con base en la repartición política, tiene en su contra ocho procesos de investigación abiertos por la Procuraduría, uno de ellos cuando fue Gobernador de Santander y otros durante su labor como Senador de la República.

El primero de los procesos fue radicado hace 9 años bajo el número 2008-280650 ante la Coordinación del Comité de CAJANAL de la Procuraduría. La queja permaneció ‘dormida’ durante los 6 primeros años; la primera acción se produjo el 11 de febrero de 2014 cuando entró a “estudio preliminar”. De ahí en adelante, no ha avanzado.

Los demás procesos fueron enviados por la Procuraduría a la Corte Suprema de Justicia por ser de tipo penal. En esas investigaciones, Serpa Uribe sigue sindicado por el crimen del dirigente político Álvaro Gómez Hurtado; además, está procesado por su comportamiento como Gobernador de Santander (periodo 2008-2011) y, sus actuaciones como Senador de la República, por los delitos de Prevaricato por Acción u Omisión, Peculado en favor de terceros, Peculado por Apropiación y, presuntos vínculos con grupos paramilitares.

Sobre estos presuntos hechos delictivos, donde se menciona el nombre de Horacio Serpa Uribe, la Corte Suprema de Justicia ha sido ‘paquidérmica’ para adelantar las investigaciones correspondientes.

Serpa Uribe con la presentación de sus tres ‘alfiles’ para la Procuraduría Regional de Santander, busca ‘atravesársele’ a las aspiraciones de otros grupos políticos, cuyos candidatos no tienen ninguna anotación de tipo judicial en la Fiscalía ni en la Procuraduría.


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