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Publicado el 07 de septiembre de 2018
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Tragedia humana y ambiental soporta
comunidad en el sur de Bolívar

Lo que encontró la Defensoría del Pueblo durante una visita realizada en las últimas horas a esta región colombiana, fue un escenario de flagrante, sistemática
y creciente violación a los derechos humanos.


En esa zona del país "se viola el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, al trabajo, a la educación, al alimento, al libre tránsito, incluso, a vivir en un medio ambiente seguro", reza en uno de los apartes de la alerta temprana de inminencia N° 056 de 2018, la segunda que en menos de 9 meses emite la entidad para garantizar la seguridad y los derechos de quienes viven en los municipios de Tiquisio y Norosí.

En noviembre próximo se cumplirá un año desde cuando la Defensoría del Pueblo en Colombia, divulgó la primera alerta de lo que ocurre en esa región del Magdalena Medio y conminó a las autoridades responsables para que tomaran cartas en el asunto, es decir, para que de inmediato activaran las rutas y demás mecanismos necesarios para proteger y garantizar la vida de las comunidades de los dos municipios bolivarenses. A la fecha, nada han hecho.

Ahora es inminente el riesgo en el que está la vida de más de 20 mil personas que viven en los 13 corregimientos y en las 72 veredas, jurisdicción de Tiquisio; al igual que lo están los poco menos de 18 mil habitantes de Norosí.

En esos dos municipios y en las veredas Puerto Coca, Quebrada del Medio, Bocas del Solís, Mina Seca, Aguas Negras, El Sudán, Tiquisio Nuevo, La Ventura y Caño Guacamayo, los civiles viven y sobreviven en medio de cruentos enfrentamientos armados de empresas criminales, denunció la Defensoría del Pueblo.

EXTORSIÓN A TODOS Y POR TODO

Las amenazas y los homicidios de los líderes comunitarios son el pan de cada día en esta zona del sur de Bolívar, donde la ciudadanía está sitiada por los grupos armados ilegales de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, disidencias de las FARC y desde mayo pasado, también por la guerrilla del ELN, que reapareció en escena.

TODOS COBRAN ‘IMPUESTOS’.

En el sur de Bolívar los campesinos pagan el ‘impuesto a la agricultura’ y los mineros el ‘impuesto al oro’. En la zona rural y urbana de Tiquisio y Norosí, tenderos, ganaderos, comerciantes, finqueros, transportadores y pescadores, están obligados a pagar la exigencia de los violentos. Las víctimas no denuncian por temor a represalias.

Sumado al cobro de los paramilitares y los reductos de las FARC, desde mayo de este año la guerrilla sentenció a la población para que pague la ‘compensación’ por los 12 años en los que no cancelaron el ilegal tributo.

La exigencia de este cobro injusto y violento es también una forma de ejercer dominio en la población, a la que imponen ‘normas de convivencia de obligatorio cumplimiento”, advirtió en su informe el defensor del Pueblo, Carlos Negret.

DESESCOLARIZACIÓN Y RECLUTAMIENTO FORZADO DE MENORES

El Defensor constató que en el 2018 1.004 niños no van a la escuela. Por físico miedo, sus padres decidieron no enviarlos más a clases. Este año hubo una balacera a menos de diez metros de la escuela de Tiquisio.

Los niños en el sur de Bolívar están siendo víctimas de reclutamiento forzado. A estos grupos ilegales de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las disidencias de las Farc y a la guerrilla del ELN, les decimos que en sus manos los menores deben tener el cuaderno y el lápiz y no un fusil”, dijo el Defensor Nacional del Pueblo.

INVESTIGAN PRESUNTAS AUTO AMENAZAS DE LOS MAESTROS

Dijo Carlos Negret, que “el programa ‘Ser pilo paga’, no pegó en el sur de Bolívar. En esa zona los niños no están estudiando. Además, hacen falta 46 profesores y más grave todavía: las comunidades en esos dos municipios, dijeron que allí los maestros se auto amenazan para salir de la zona y, al parecer, en complicidad con algunos funcionarios de la Secretaría de Educación de Bolívar, logran el trasladado. Notificamos a la Fiscalía y a la Procuraduría, para que inicien las respectivas investigaciones”.

DESDE CHINA LLEGARON PARA
EXPLOTAR ORO EN LA ZONA

El Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Negret, dijo además que fue testigo de toda la maquinaria pesada que opera en ‘Mina Estrella’, donde corroboró que 40 ciudadanos chinos, son quienes explotan la riqueza aurífera.

Migración Colombia debe iniciar pronto un operativo para verificar si es legal su estadía en el país, de lo contrario deben ser expulsados de inmediato y, además, revisar si tienen el título minero legal que autoriza la explotación de esta mina de oro”, recalca.

De otra parte, a punta de fusil, las estructuras de crimen organizado exigen a los campesinos sembrar más coca y prohíben erradicar las matas que son cultivadas. La deforestación indiscriminada tiene en riesgo la reserva ecológica El Saltillo y la autoridad ambiental no vigila.

Del ecosistema ubicado en la vereda Aguas Frías, se extraen 5 mil pies de madera, equivalentes a la tala de 50 árboles por día. El maderable lo comercializan en Bucaramanga; de la zona, la madera sale en camiones que, sin control alguno, circulan por las cabeceras de los municipios de Tiquisio y Rionegro.

Como consecuencia de lo anterior hay una inmensa tragedia ecológica en el sur de Bolívar. Hago un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Bolívar, con sede en Magangué, para que cumpla con su labor. Si otorga permisos para la tala de especies madereras, debe hacer presencia en la zona y verificar la cantidad que está siendo talada, porque es innegable que hay deforestación y nadie está atento de la situación”, alertó el Defensor, a sabiendas que El Saltillo es una importante reserva hídrica en el sur de Bolívar y, al igual que la población civil, está en riesgo inminente.

Como consecuencia de lo anterior hay una gran tragedia ecológica en el sur de Bolívar, a la que se suma el hecho de que la comunidad, si más opciones de vida, explota oro con cianuro y mercurio. “El Estado, el Gobierno y las autoridades en Colombia están en mora de brindarles garantías de producción y comercialización, para que lo hagan como cuando eran mineros artesanales”, concluyó el Defensor del Pueblo en Colombia.

La zona motivo de la alerta temprana, es un territorio estratégico por su riqueza natural, el potencial productivo, y su cercanía con el río Cauca. Este corredor que une las montañas del departamento de Bolívar con la Mohana sucreña, es disputado por la delincuencia organizada, con el fin de mover armas, combatientes, insumo para procesar alucinógenos, y traficar estupefacientes.

(Tomado de elenfoque.com.co)

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