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Publicado el 20 de noviembrede 2014

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Sancionados directivos de las UTS

La Procuraduría sancionó al rector, subdirector financiero y asesora jurídica de la
entidad por acomodamiento de licitaciones a favor de sus amigos.

En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación, inhabilitó al rector de las Unidades Tecnológicas de Santander y destituyó a otros tres funcionarios, al hallarlos responsables de la manipulación de licitaciones para beneficiar a determinadas empresas y personas.

Según la Procuraduría Regional de Santander, las directivas de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), limitan la libre concurrencia de oferentes en las licitaciones e interventorías que adjudica la entidad.

HECHOS

El hecho concreto por el cual se origina el fallo de primera instancia, se originó en la licitación pública Nº 003-2012, para la construcción del nuevo edificio de las UTS, la Procuraduría Regional de Santander. La licitación fue abierta el 19 de junio de 2012, cerrada el 19 de julio y, adjudicada el 8 de agosto del mismo año.

Luego de las investigaciones, el Ministerio Público encontró responsabilidad en el rector Óscar Omar Orozco, el subdirector financiero, Fabio Niño, la asesora jurídica, Claudia Patricia Niño Ariza, y el profesional universitario Luis Felipe Saavedra Lagos, en la presunta formulación irregular de pliegos de condiciones para la “construcción de la primera etapa del proyecto ampliación y adecuación de la sede principal de las Unidades Tecnológicas de Santander UTS en Bucaramanga”, por valor de $18.599’739.602, entregada al Consorcio UTS 2012, cuyo representante legal es Mario Valderrama Cordero. (Ver contrato)

Para la Procuraduría, el direccionamiento del contrato entregado se observó en el Pliego de Condiciones definitivas, donde la experiencia específica que se exigía existía un ítem que señalaba: “Se evaluará a partir de la información consignada en el anexo, para personas naturales o jurídicas que demuestren actividad en la ingeniería civil o arquitectura, a través de la terminación de contratos con entidades públicas o privadas. Se debe presentar un (01) contrato terminado dentro de los TRES (03) AÑOS anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, cuyo valor ejecutado sea superior a 1.5 veces el presupuesto oficial, Este contrato que certifique esta experiencia no puede hacer parte de los contratos con los que se acredita la experiencia general”.

El contrato que presentó como experiencia el consorcio de los Valderrama para quedarse con el contrato fue uno ejecutado en el municipio la Jagua de Ibirico (departamento de Cesar) cuyo objeto era “Construcción y mejoramiento de las instituciones educativas (institución educativa José Guillermo Castro Castro Escuela Mixta Nº 2 sede Nº 3, institución educativa José Guillermo Castro Castro Escuela Mixta Nº1 sede nº 1 , institución educativa José Guillermo Castro Castro sede Ana Aguilar, institución educativa Luis Carlos Galán sede Timotea Meneses, institución educativa José A. Castro rurales: institución educativa agropecuaria La Victoria, institución educativa Boquerón del municipio de La Jagua de Ibirico”, por valor de $52.795’400.00. Este contrato en su momento, fue criticado en el departamento de Cesar, por presuntas irregularidades en su suscripción y ejecución.

Otro de los contratos para reforzar el anterior fue el “mejoramiento y construcción de áreas complementarias en los centros educativos Luis Carlos Galán, La Palmita y Juan Ramón Ibirico” por valor de $20.080’,040.000.

Y un tercero de los contratos presentados para justificar el direccionamiento en el Pliego de Condiciones, fue el realizado con el Instituto para la Juventud, el Deporte y Recreación de Bucaramanga -INDERBU-, por valor de $24.984’840.000 para “ajuste de diseños a fase III, construcción del Coliseo Cubierto Bicentenario y reubicación de zonas deportivas aledañas en la Unidad Deportiva Alfonso López en el municipio de Bucaramanga-Santander”., otro contrato cuestionado en su momento.

Para el Ministerio Público, existió direccionamiento en este sentido, con lo que les quitaron la posibilidad a otros oferentes para participar, de ahí que solo se presentó una propuesta: La ganadora.

Según la Procuraduría, “… este tipo de limitaciones para demostrar la experiencia desnaturalizan el mismo concepto de lo que se tiene por experiencia”; sostiene el ente de control que esa clase de exigencias eran “caprichosas” pues no obedecen a ningún criterio técnico.

En el fallo de primera instancia existen fuertes señalamientos por cuanto la licitación restringió la participación a través de consorcios con la exigencia de porcentajes específicos de experiencia para los integrantes, cuando la naturaleza de esa figura es “aunar esfuerzos” con el fin de calificar a una presentación.

INTERVENTORIA ACOMODADA

La Procuraduría también encontró presuntas violaciones a los principios de contratación estatal en la adjudicación de la interventoría de la obra, entregada a otro consorcio con el mismo nombre (Consorcio UTS 2012), para cuya entrega, los directivos de las UTS utilizaron criterios como que la experiencia del personal solo era válida si había sido en obras para instituciones educativas. (Ver contrato)

El consorcio UTS 2012’ que ‘ganó’ la interventoría, cuyo representante legal era Luis Alfonso Martínez Barragán, tenía entre sus integrantes al exdirector del INVÍAS seccional Santander, Álvaro García Parra, quien hará una de las interventorías de las obras que empezarán a ejecutar las empresas con participación de los Valderrama en el municipio de Bucaramanga. Dicha interventoría también la integra Gloria Villabona, quien es la hermana del subsecretario de Infraestructura de Bucaramanga, Óscar Villabona. 

Un aparte del fallo, sobre el tema dice: “De todo lo expuesto se colige, no sólo la limitación a la libre concurrencia de posibles interesados (por la imposición de condiciones restrictivas, desproporcionadas e irrazonables), sino también de la igualdad porque a los interesados no se les brindaron idénticas oportunidades”.

En este caso de la interventoría, de tres proponentes que presentaron documentos solo uno cumplía con las exigencias, lo que hacía evidente la restricción destinada al direccionamiento del contrato.

SANCIONADOS Y DESTITUIDOS

Ante tanta ‘avalancha’ de irregularidades, la Procuraduría General de la Nación sancionó al rector de las Unidades Tecnológicas de Santander, Oscar Omar Orozco, con suspensión por un término de cinco meses, al haber incurrido en una falta grave a título de dolo “por no haber cumplido con sus deberes de control y vigilancia”, debido a que pese a que había delegado la contratación, seguía siendo el responsable. 

Además, el fallo destituyó al subdirector financiero, Fabio Niño, a la asesora jurídica, Claudia Patricia Niño Ariza; además de la destitución, estos funcionarios fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por un término de 12 años. Fabio Niño y Claudia Niño incurrieron en una falta gravísima a título de dolo, por lo que los destituyó e inhabilitó por un término de 12 años.

Junto con los anteriores, el fallo cobijó también al profesional universitario Luis Felipe Saavedra Lagos con 10 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Para Carlos Arturo Rojas, quien tiene contrato de prestación de servicios con las UTS como abogado, pata “prestar los servicios profesionales como abogado para representar y defender judicialmente a las Unidades Tecnológicas de Santander en los procesos que se adelantan ante las jurisdicciones contencioso administrativo, constitucional y penal, hasta la finalización de cada proceso, atendiendo con eficiencia los términos procesales, los requerimientos judiciales y demás actuaciones que puedan darse en el desarrollo de cada proceso judicial, de tal forma que se garantice la plena y total representación y defensa de las Unidades Tecnológicas de Santander”, y quien actúa como defensor de los sancionados, “la Procuraduría emitió un concepto personal y no comprobó que solo una empresa pudiera cumplir con esas condiciones”. Señaló que “solo en Santander podemos estimar que alrededor de 25 podían competir; otra cosa es que no se hubieran presentado y eso no es potestad de la entidad”. El fallo, que es de primera instancia, fue apelado por los sancionados.

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