Publicado el 24 de septiembre de 2014

'Tambalea' cobro de Valorización en Bucaramanga

Cuando faltaban tres días para entregar su fallo, el Tribunal Administrativo de Santander, determinó trasladar el proceso al Consejo de Estado al esgrimir que no
tiene competencia para fallar.

El pago de Valorización el que ha querido aplicar el gobierno del autollamado ‘alcalde social’ Luis Francisco Bohórquez Pedraza a 128.000 bumangueses, tendrá que esperar un largo plazo, mientras el Consejo de Estado determine cuál será el rumbo de la decisión.

La demanda inicial fue interpuesta el pasado 3 de abril por la Procuraduría General de la Nación  contra el cobro de Valorización, fue fallada en primera instancia, el pasado 26 de agosto, por el Juzgado Segundo Oral Administrativo de Bucaramanga que determinó la suspensión provisional de dicho cobro; el gobierno ‘social’ interpuso su apelación, lo que llevó al proceso ante el  Tribunal Administrativo de Santander. En las últimas horas, este último ente decidió que no tiene competencia para fallar el caso por lo que lo envió al Consejo de Estado.

Considera el Tribunal Administrativo de Santander, que “no es posible entrar a resolver el recurso de apelación contra el auto que decretó la suspensión provisional del acto administrativo demandado, ya que lo que se impone para este Despacho es dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 1437 de 2011 que prescribe que: “en caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible”.

Con fundamento en lo anterior, el Tribunal determinó, enviar por competencia, a la Sección Primera del Consejo de Estado, el proceso para su fallo de última instancia, con lo que el cobro de Valorización sufre una nueva modificación en cuanto al cumplimiento de fechas que había impuesto el ‘alcalde social’ para que los 128.000 bumangueses sometidos a ducho pago, se acogieran a una supuesta rebaja del 50% del total a pagar.

Con esta decisión, la suspensión provisional del cobro se mantendrá hasta que el Consejo de Estado tome una decisión, lo que puede tomar meses o hasta más de un año.

EL CASO

La ponencia que solicitaba que el Tribunal enviara el proceso al Consejo de Estado, fue firmada por el magistrado Milciades Rodríguez Quintero, con fecha del pasado 18 de septiembre.

Para Rodríguez Quintero, “la competencia de los jueces administrativos no incluirán las de tramitar y decidir acciones de nulidad contra actos administrativos de carácter general...”, por lo que, “no es posible entrar a resolver el recurso de apelación contra el auto que decretó la suspensión provisional del acto administrativo demandado”. (Ver documento)

La demanda de nulidad había sido instaurada por Gustavo Villamizar Motta en representación de la Procuraduría Judicial 160, el pasado 3 de abril, donde solicitaba la declaración de ilegalidad del acto administrativo con el que el ‘alcalde social’ aplicaba la distribución del pago de la Valorización, pese a un vicio de ilegalidad con la conformación la Junta de Propietarios, integrada por amigos del alcalde.

En ese momento el procurador Villamizar Motta aseguró que el municipio encabezado por el alcalde Luis Francisco Bohórquez Pedraza, vulneró los principios de participación de la comunidad y socialización en el proceso.

Con la decisión del Tribunal de enviar el proceso de Valorización al Consejo de Estado, la suspensión provisional se mantendrá por mayor tiempo, mientras tanto siguen en curso otras 263  demandas presentadas, también contra la Valorización del ‘alcalde social’.

¿QUÉ VIENE AHORA?

Pese a las críticas elevadas por el autollamado ‘alcalde social’ contra el Tribunal Administrativo de Santander, a través de su boletín de prensa, (lo que podría configurar en una falta disciplinaria de parte del ejecutivo municipal), la decisión judicial ya está tomada y los plazos ‘otorgados’ para el pago de Valorización, de manera obligatoria tendrán que extenderse; mientras tanto, los constructores continuarán con su labor hasta que se agoten los recursos.

Una vez se agoten los recursos, las obras podrían quedar paralizadas para convertirse en posibles elefantes blancos, que en caso de que el fallo del Consejo de Estado sea contrario a la intención del alcalde, podrían convertirse en un ‘despilfarro’ de recursos oficiales y por ende, objeto de acciones penales contra quienes ordenaron su ejecución.

Hoy el autollamado ‘alcalde social’ está metido en una encrucijada, de la que puede salir mal librado y, que de acuerdo con voceros sociales, “se haría justicia para con la comunidad afectada por la imposición de pago de obras que en nada beneficiarán el desarrollo vial de la ciudad”, capital del departamento de Santander.


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