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Publicado el 14 de junio de 2018
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Investigado gobernador de Norte de Santander
por adjudicación del PAE

William Villamizar Laguado, espera juicio por la dilapidación de $6.000’000.000 en un contrato de suministro de materiales pétreos, durante su pasada gestión. La Procuraduría también investiga a otros dos gobernadores por irregularidades en contratación del Programa de Alimentación Escolar.


La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra dos gobernadores de Norte de Santander, formuló pliego de cargos al mandatario encargado en Putumayo, e inició indagación preliminar contra funcionarios de la alcaldía de Cartagena por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE.

En Norte de Santander el Ministerio Público inició proceso investigativo disciplinario, en contra del actual gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, así como a otros dos funcionarios de su gobierno, por presuntas irregularidades en la adjudicación de cuatro convenios para ejecutar el PAE por un monto superior a los $51.000’000.000.

De acuerdo con la investigación, la gobernación adjudicó los convenios a través de contratación directa, con lo que habría omitido, al parecer, convocar a una convocatoria pública, tal como se requería en atención al objeto contractual y las actividades que se debían desarrollar.

De igual forma, la selección del contratista se habría realizado, de manera aparente, sesgada y subjetiva sin tener en cuenta su idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto contractual.

Los convenios que son objeto de la investigación fueron otorgados por la gobernación a la ‘Corporación de Desarrollo Social Tanai Jawa’ entre el 25 de enero de 2016 y el 5 de enero de 2017.

La investigación disciplinaria también cobija a la gobernadora encargada, Sonia Arango Medina, y a la secretaria de Educación del departamento, María Fabiola Cáceres Peña.

Villamizar Laguado, hoy está a la espera de la fijación de fecha para un juicio penal que debe soportar, en el que la Fiscalía lo acusa de dilapidar $6.000’000.000, en un contrato de suministro de materiales pétreos, donde al parecer, se violaron los principios de contratación pública lo que causó un detrimento al departamento, cuando fue por primera vez gobernador de Norte de Santander.

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PAE PUTUMAYO

La Procuraduría General de la Nación, también formuló pliego de cargos al gobernador encargado de Putumayo, Oscar Darío Mallama Quetama, y a otros dos funcionarios de la administración, por presuntas irregularidades en la planeación, celebración y ejecución de un contrato por más de $9.900’000.000, para el suministro de alimentación a estudiantes de las instituciones educativas del departamento en el 2017. El pliego de cargos también se aplica al secretario de Educación del departamento, Jorge Enrique Ferrín Dorado, y al jefe de la Oficina de Contratación, José Luis Moreno Lozano.

Para el Ministerio Público, el contrato se habría adjudicado a la unión temporal ‘El Putumayo Somos Todos 2017’, conformada por Seval Logística y la Fundación SAC de Colombia, sin que la gobernación contara con los estudios técnicos y financieros precisos, que permitieran establecer el presupuesto oficial de la licitación pública y soportar el valor estimado.

Entre las presuntas irregularidades que se investigan están posibles sobrecostos por más de $26’000.000 en los precios de las raciones alimenticias, situación que habría reducido el número de menores beneficiados por el programa.

La Procuraduría también investiga si los pliegos de condiciones contaban con reglas objetivas, justas, claras y completas que aseguraran una selección imparcial del contratista, y la solicitud de la utilización de un sistema biométrico para controlar el número de menores atendidos, exigencia que habría limitado la inscripción de oferentes y generado, al parecer, un direccionamiento en la contratación. Esa herramienta en la práctica no fue utilizada por la empresa seleccionada.

También, la gobernación ofreció un puntaje específico para el oferente que implementara un análisis microbiológico y físico-químico como control de los alimentos entregados, a pesar de que ese mecanismo estaba contemplado en las obligaciones propias del contrato. Para el Ministerio Público esa condición adicional podría haber limitado la participación de empresas o entidades interesadas en licitar, porque hacía más oneroso el valor del contrato a ejecutar.

De igual forma, la Procuraduría investiga las condiciones generales del proponente escogido, y si las empresas que la conforman cuentan con la capacidades jurídicas y financieras, y las condiciones de experiencia y de organización necesarias para ejecutar un contrato como el adjudicado, que tenía como objetivo beneficiar a 57.729 estudiantes del departamento.

Por esos hechos, la conducta desplegada por los funcionarios, habría violado los principios de transparencia, responsabilidad y el deber de selección objetiva en la contratación pública, al incumplir los lineamientos técnicos fijados por el Ministerio de Educación para el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

TAMBIÉN EN CARTAGENA

En la capital del departamento de Bolívar, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la alcaldía, por presuntas irregularidades presentadas en la planeación y selección del operador del PAE en la ciudad.

La medida fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Cartagena tras la decisión de la Secretaría de Educación de declarar desierta la convocatoria pública que buscaba contratar al operador del servicio para 2018.

El ente de control solicitó a la Secretaría de Educación, los soportes del proceso precontractual adelantado, así como un informe detallado del estado actual del PAE en la ciudad y la forma como se va a ejecutar, para proteger el derecho a la educación de 89.000 estudiantes.

EN SANTANDER CINCO CAPTURAS Y UNA CONDENA

En este departamento, por graves irregularidades en la contratación y manejo del Programa de Alimentación Escolar PAE, son varias las personas que se encuentran privadas de su libertad, luego que la Fiscalía le indilgara una serie de delitos contra la administración pública. Una de ellas ya recibió condena.

La sentencia condenatoria recayó sobre Luisa Fernanda Flórez Rincón, representante legal del operador ‘Surcolombiana del PAE Santander 2016’, se dio luego que Germán Trujillo, conocido como el ‘Zar del PAE en Colombia’, se entregara a finales del pasado mes de mayo y devolviera $2.183’000.000, dinero que habría sido cobrado de forma irregular, como presentar documentos por tamales comprados en una región de Huila por $30.000 cada uno, para los estudiantes de Santander. Estos tamales nunca fueron repartidos entre la población estudiantil.

Ante la entrega de su jefe Germán Trujillo, Luisa Fernanda Flórez Rincón, la representante legal del operador ‘Surcolombiana del PAE Santander 2016’ aprovechó para hacer un preacuerdo con la Fiscalía, para beneficiarse con una rebaja de pena. Ella aceptó la responsabilidad, por lo que la justicia le dosificó la pena a 42 meses de prisión.

Los delitos, según el fiscal, en los que incurrió fueron peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado. Esta es la primera condena por irregularidades del contrato PAE 2016 en Santander.

Por este proceso continúan con medida de aseguramiento carcelaria, la hoy exsecretaria de Educación Departamental, Ana de Dios Tarazona; el hoy exdirector departamental del Plan de Alimentación (PAE), Aníbal González Sánchez; y el hoy exinterventor del PAE, Fernando Medina Monsalve. Con medida de aseguramiento domiciliaria, se encuentra Germán Trujillo, el propietario de la empresa contratista del PAE.


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