Alcalde de Bucaramanga en contra de la Corte Constitucional

Durante más de 30 horas, 80 reclusos y cerca de 270 trabajadores de la cárcel Modelo de Bucaramanga estuvieron sin agua porque el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga cortó el servicio bajo el argumento de que el centro penitenciario no ha pagado una factura por más de $1.000’000.000, con lo que trasgredió varias Sentencias que sobre la suspensión del servicio ha emanado la Corte Constitucional de Colombia.

La suspensión del servicio de agua potable a la cárcel Modelo de Bucaramanga, fue hecha por guardianes y personal directivo del centro carcelario que en su momento se vieron afectados en su integridad personal por lo que consideran un “absurdo” del acueducto.

Nos vimos en la penosa situación de que cortaron el servicio de agua, acá en la cárcel Modelo de Bucaramanga, donde se ha afectado el patio número uno, donde están los privados de la libertad, el agua es un elemento esencial para todos los seres humanos y no es la primera vez que sucede”, dijo Diego Muñoz, presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios de Colombia en Santander, a la cadena radial BLU Radio en la capital de Santander.

INTERVIENE LA PERSONERÍA

La Personería de Bucaramanga, tras la denuncia, acercó un diálogo entre los quejosos de la cárcel Modelo y directivos del Acueducto Metropolitano, en procura del restablecimiento del servicio.

Rafael Picón, el titular de la Personería bumanguesa indicó que se contactó con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, porque a pesar de que la deuda supera los $1.000’000.000 el corte del agua no puede aplicarse porque se trata de derechos humanos; tras varias horas de diálogo “se llegó a un acuerdo de pago y el Acueducto Metropolitano”, dijo el personero Picón.

La determinación de quitar el servicio de agua a la cárcel Modelo, tomada por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, ha sido objeto de críticas por expertos económicos y sociales no solo de la ciudad sino en el ámbito nacional, y por la ciudadanía en general, que ve cómo se les recortan sus derechos fundamentales, vitales y básicos, con las determinaciones adoptadas por el gobierno de Bucaramanga a través del acueducto, decisiones que van en contravía a la propia Constitución Política de Colombia y a normas internacionales que cobijan el respeto ciudadano.

HABLAN LOS EXPERTOS

En un debate que tuvo como escenario el concejo de Bucaramanga, intervino el reconocido economista Aurelio Suárez Montoya, quien luego de analizar las finanzas de la empresa, sostuvo que “la empresa no va a ser privatizada; la empresa ya está privatizada. La empresa quedó privatizada con estos estatutos”. Y más adelante enfatizó: “Volvieron la empresa un negocio”.

Esto es ilegal! No se les puede cortar el agua. Empiezan a aparecer los efectos del “gobierno corporativo” privado en el Acueducto impuesto por el alcalde Rodolfo Hernández. Solo ganancias con el agua. Horrible”, recalcó Aurelio Suárez.

Suárez Montoya es analista económico, político e internacional y consultor en áreas públicas y privadas; actualmente es columnista en diversos medios de comunicación como El Espectador y El Tiempo. Hoy hace parte de panel de la cadena radial BLU.

Hoy, es preocupante lo que sucede en el acueducto que surte de agua a los municipios de Bucaramanga, Girón y Floridablanca, servicio que el alcalde bumangués Rodolfo Hernández Suárez ofreció a Barrancabermeja para solucionar el problema de turbiedad del líquido que consumen los barranqueños, sin pensar el costo que ello conlleva al transportar el líquido por 117 kilómetros que es la distancia entre las dos más importantes ciudades del departamento de Santander.

El debate sobre la privatización del acueducto en la capital de Santander “amerita su profundización. Sobre todo, considerando las experiencias negativas de privatización de servicios públicos en el ámbito nacional e internacional”, dijo en su columna en un periódico local el economista y ambientalista Jaime Puentes Brugés, quien en una columna anterior citaba fuentes académicas que advertían que “la tendencia mundial es a “municipalizar” los servicios, es decir, “convertir en municipal un servicio público que estaba a cargo de una empresa privada”.

Ha sido tan “aberrante” la decisión del alcalde de Bucaramanga al privatizar el Acueducto, que está en marcha una campaña, que un portal de la Internet ha tomado partido para que el alcalde Rodolfo Hernández Suárez, entre en conciencia de que todo en la vida no es el dinero y que como primera autoridad del municipio tiene entre sus obligaciones la de preservar la vida de sus conciudadanos.

La página de la Internet hagamoseco.org ha hecho un llamado al alcalde Hernández para que conserve el acueducto como empresa de carácter público, y se pregunta ¿Por qué es importante esto? Para rematar: “De esto depende el servicio, con carácter de servicio público, al servicio de los bumangueses y no de las utilidades de los empresarios privados”.

EL ACCESO AL MÍNIMO VITAL DE AGUA

Un artículo publicado en la página de la Internet asuntoslegales.com.co ayuda a explicar lo que hoy ocurre en Bucaramanga, donde el, alcalde a través del Acueducto Metropolitano, deja a un lado lo ordenado por Sentencias recientes emanadas por la Corte Constitucional.

Para mayor entendimiento de la situación que hoy vive Bucaramanga, donde el mínimo vital para favorecer a los más necesitados no existe, transcribimos el texto completo del artículo publicado en la página asuntoslegales.com.co, titulado “El acceso al mínimo vital del agua”:

“Desde la expedición de la Sentencia T-426 de 1992, la Corte Constitucional ha venido construyendo conceptualmente el mínimo vital, como un derecho fundamental a que se proteja de forma especial a las personas en situación de necesidad manifiesta, para que se les garantice la no reducción en su valor intrínseco como seres humanos, al no contar con condiciones que les permitan llevar una existencia digna.

¿Qué dice la nueva norma sobre el agua?

Aunque la Constitución Política de Colombia no establece expresamente el acceso al agua como parte del derecho fundamental al mínimo vital, cuatro artículos de la carta si establecen obligaciones sobre la materia en cabeza del Estado, que han sido reconocidas por vía jusrisprudencial por la Corte Constitucional para darle un contexto a dicho derecho, junto con normatividad internacional que le es oponible al país (p. ej. como obligaciones deducibles de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales). Esos artículo son: (i) el artículo 8º que prevé la obligación de proteger las riquezas naturales del país, dentro de las que se debe incluir el agua (p. ej. Sentencia T-760 de 2015), (ii) el artículo 79 que exige la protección de las fuentes hídricas (p. ej. Sentencia T-891 de 2014), (iii) el artículo 365 que define la necesidad de asegurar la existencia de redes de acueducto y alcantarillado para todos los habitantes del territorio nacional (p. ej. Sentencia C-126 de 1998), y (iv) el artículo 80 que dispone “el manejo planificado de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución…”. (p. ej. Sentencia T-100 de 2017).

¿Qué otros aspectos se tienen en cuenta en esta nueva jurisprudencia?


En ese contexto, la jurisprudencia constitucional reconoce también que, para garantizar el derecho humano al mínimo vital de agua, el abastecimiento de este bien debe reunir cinco condiciones: (i) cantidad suficiente; (ii) disponibilidad; (iii) de calidad adecuada; (iv) ser accesible físicamente; y (v) ser asequible para los usuarios (p. ej. Sentencias T-578 de 1992, T-232 de 1993 y T-891 de 2014).

Ahora bien, se ha planteado recurrentemente el saber si el reconocimiento del derecho al mínimo vital de agua potable, impide que los prestadores del servicio corten el suministro del servicio ante la falta de pago de sus suscriptores y la respuesta por parte de la Corte Constitucional (p. ej. Sentencia T-100 de 2017), es que no, ya que debe haber una corresponsabilidad de los usuarios en el pago de las facturas, para remunerar las inversiones que se requieren para garantizar la calidad, la continuidad y la cobertura del servicio.

No obstante, existe un vacío en el régimen de servicios públicos, en lo que se refiere a personas en situación de necesidad manifiesta (niños, mujeres en estado de embarazo, personas con enfermedades catastróficas, desplazados, etc.), frente a las cuales se ha urgido en los algunos de los pronunciamientos citados, para que los prestadores adopten medidas especiales que permitan la continuidad de la protección del derecho al mínimo vital.

Por tanto, hoy existe un reto para el sector, en el sentido de que se expidan normas jurídicas de carácter legal, que concilien la necesidad de que se remuneren adecuadamente las inversiones que hacen los prestadores en el sector, con la necesidad de garantizar el derecho al mínimo vital de agua en los casos de las personas en situación de necesidad manifiesta”.

Pero además de lo dicho por asuntoslegales.com.co, la Corte Constitucional, en Sentencia del pasado (2018), ordenó a las empresas públicas, la no suspensión del servicio de agua potable por falta de pago cuando hay menores de edad en las viviendas. Según el Alto Tribunal, se tomó esta decisión ya que cuando las empresas cometen estos actos, vulneran los derechos fundamentales de las personas, en especial de los menores de edad, quienes resultan ser los más afectados. La orden a las empresas públicas fue da luego de una acción de tutela interpuesta por una familia del municipio de La Argentina, Huila, que argumentó que por no pagar su factura del agua a tiempo y no llegar a un preacuerdo con el acueducto del sector, la situación de salud de los menores estaba en detrimento.