Los condenados por la Corte que se beneficiarían con segunda instancia

En Santander, varios serían los políticos que han sido condenados y que les cobijaría la iniciativa liderada por el Centro Democrático -CD-, relacionada con la segunda instancia para los aforados.

Mientras continúa la discusión sobre si es viable o no la aplicación de la revisión de condenas por parte de la Corte Suprema de Justicia, son por lo menos 250 las 250 personas, además de Andrés Felipe Arias, quienes se podrían beneficiar gracias a un fallo de la Corte, con algo clave: La retroactividad.

La iniciativa que presentará el CD para que en Colombia se instituya la segunda instancia para el personal aforado, busca beneficiar a su integrante, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de cárcel, al interior del escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), por haber incurrido en irregularidades al otorgar subsidios para el desarrollo del campo a familias acaudaladas del país. Además, también tiene pendiente el pago de una multa de $30.000’000.000.

Según el fallo en su contra, el exministro Arias cometió las irregularidades en la aplicación de los convenios 03 de 2007, 055 de 2008 y 052 de 2009, suscritos con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), comprometiendo recursos por un monto de $280.000’000.000.  

En la ejecución de estos convenios Arias, según la justicia, desconoció las instancias de la función pública, no ejerció especial control y la repartición de subsidios no fue ajustada a la ley, para beneficiar a reconocidas y adineradas familias de distintas partes del país, entre ellas la Costa Caribe y Santander, actuando motivado por fines políticos y a sabiendas de lo ilícito de su proceder. 

El fallo condenatorio de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, indicó que el exministro fue hallado culpable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. El mismo fallo señala que en el caso no aplica la casa por cárcel, sin embargo, Arias fue dejado libre lo que aprovechó para fugarse. Luego de ser extraditado por los Estados Unidos, el exministro del gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue enviado a una guarnición militar, en lugar de haber sido recluido en un centro penitenciario.

LEY RETROACTIVA

Una de las consecuencias inmediatas de la tormenta político-jurídica que desató la extradición a Colombia de Andrés Felipe Arias, fue el anuncio del Centro Democrático sobre su intención de presentar un proyecto de ley que garantice la doble instancia para los aforados, de manera retroactiva.

Para muchos analistas y opinadores, se trataría del trámite de una ley con nombre propio que se presentará con la única intención de beneficiar al exfuncionario del gobierno Uribe. Los más moderados consideran que la medida tendría su origen en un propósito noble de otorgarle el derecho de una doble instancia a aquellas personas que hayan sido condenadas y sustenten desacuerdos u errores notorios en sus condenas que deban ser revisados.

Otros más desconfiados, como el columnista Héctor Riveros, han manifestado que el proyecto de ley sería un paso más en la estrategia para lograr que la condena que fue proferida contra Arias, sea anulada para que éste recupere sus derechos políticos y pueda presentarse como el candidato del Centro Democrático para las próximas elecciones presidenciales. Más allá de determinar quién tiene la razón en cuanto al hecho originador de la nueva iniciativa del gobierno, vale la pena recordar que, de ser aprobada, la garantía de la doble instancia de manera retroactiva reabriría varios de los procesos de casos tan emblemáticos como la parapolítica o el proceso 8.000. 

IMPLICACIONES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA COLOMBIANO

Lo que la iniciativa del CD pretende, según expertos juristas, es que aquellas personas que hayan sido condenadas por un juez en única instancia, tengan la oportunidad de que sus casos sean revisados por un segundo juez que determine la condena definitiva y sirva de organismo de cierre.

Sin embargo, más allá del caso particular del exministro uribista, aprobar la ley de segunda instancia de manera retroactiva podría traducirse en un desbarajuste institucional que, además de reabrir procesos cerrados hace años, podría costarle al Estado miles de millones en multas.

Otros más desconfiados, han manifestado que el proyecto de ley sería un paso más en la estrategia para lograr que la condena que fue proferida contra Arias, sea anulada para que éste recupere sus derechos políticos y pueda presentarse como el candidato del Centro Democrático para las próximas elecciones presidenciales.

Es casi seguro que una buena parte de quienes en el pasado fueron condenados en única instancia se valdrían de la ley que pretende aprobar el Centro Democrático para reabrir sus procesos. De ser aprobada, estos son algunos de los escándalos ya cerrados que tendrían que ser revisados por una segunda instancia: el Proceso 8.000 con 26 congresistas condenados; la parapolítica con 70 parlamentarios condenados; la Yidispolítica con 3, el Carrusel de la contratación con 2, y el caso de Odebrecht con 2 más.

Si la nueva iniciativa del gobierno ve la luz en el Congreso, todos aquellos que soliciten la revisión de una segunda instancia tendrían derecho a hacerlo. Esto podría llevar a que aquellos que fueron condenados, pagaron su pena y sean encontrados inocentes en una segunda instancia, demanden al Estado por cifras multimillonarias que los colombianos tendrían que pagar con sus impuestos.

Existe un consenso casi general en algunos sectores de la opinión pública sobre el hecho de que independientemente de si es o no culpable, la condena de 17 años para Andrés Felipe Arias es desproporcionada. No obstante, lo que genera controversia es que el partido de gobierno busque impulsar iniciativas legislativas con nombre y apellido, sin pensar en las consecuencias que estas puedan tener para el Estado como un todo. Está aún por verse cuál será la posición del Presidente.

LOS EFECTOS EN SANTANDER

En este departamento, son varias las personas que se beneficiarían en caso de ser aprobada la denominada “Ley Andrés Felipe Arias”, todos dirigentes políticos que estuvieron inmersos en la llamada parapolítica por lo que fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia.

Entre quienes están atentos al desarrollo de los acontecimientos sobre la presentación y posible aprobación de la ley de la retroactividad jurídica, se encuentran en exgobernador Hugo Aguilar Naranjo quien fuera condenado en el 2013 a nueve años de prisión por, según el fallo de la Corte, aliarse con paramilitares para alcanzar el triunfo en las elecciones de 2003 a la gobernación de Santander.

De igual manera están en la lista los exparlamentarios Nelson Naranjo Cabarique y Rafael Castillo elegidos para el período 2002-2006 condenados en el 2012; Óscar Josué Reyes (diputado del Partido Conservador y senador entre 2006 y 2010) condenado en el 2012; Luis Alberto Gil (diputado y senador) condenado en el 2012; Alfonso Riaño (representante a la Cámara 2006-2010) condenado en el 2012, todos del Partido Convergencia Ciudadana. También se beneficiarían Néstor Iván Moreno Rojas condenado en el 2014 por hechos de corrupción al interior del gobierno de Bogotá liderado por su hermano Samuel Moreno Rojas, y Yidis Medina Padilla condenada en el 2008 por la Corte Suprema de Justicia, al admitir que recibió ofrecimientos por parte de funcionarios del Gobierno Nacional a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitió que Álvaro Uribe Vélez aspirara a un segundo mandato presidencial.