Elecciones en Santander: Llueven las demandas ante el CNE

Por lo menos la inscripción de dos candidatos a la gobernación de Santander, podrían estar incursos en irregularidades.

Los santandereanos tienen seis posibilidades para elegir al próximo gobernador del departamento. Luego del cierre oficial de inscripciones, quienes aspiran a dirigir al departamento en el periodo 2020-2023, son: Mauricio Aguilar por el Movimiento Siempre Santander, con el aval del partido Conservador; Leónidas Gómez, del Movimiento Dignidad Santandereana avalado por el Polo Democrático Alternativo; Ángela Hernández Alvarado, con aval del Partido de la U; Elkin Bueno Altahona, candidato de Cambio Radical; Emiro Arias, del Movimiento Santander No Se Rinde, y David Suárez, por el Movimiento Santander En El Corazón.

En total, seis aspirantes para el máximo cargo departamental, quienes recorren los 87 municipios con los que cuenta el departamento de Santander en busca del favor popular, sin embargo, algunos de ellos soportan demandas ante el Consejo Nacional Electoral -CNE- por presuntas violaciones al código electoral.

Los candidatos Ángela Hernández Alvarado, y Leónidas Gómez Gómez, hoy ven en peligro su continuidad en el proceso electoral, al afrontar sendas demandas ante el CNE.

ÁNGELA HERNÁNDEZ EN SALMUERA

La actual diputada y candidata Ángela Hernández Alvarado, enfrenta ante Consejo Nacional Electoral una acción que busca impedir su continuidad como aspirante a la gobernación. Es acusada de haber incurrido en doble militancia.

La demanda señala que, siendo integrante del Partido de la U, la hoy aspirante apoyó la campaña de su esposo, Jefferson Vega al Senado de la República, quien tenía el aval del Partido Conservador. 

Bertha Ximena Sepúlveda, quien firma como demandante en la acción, presentó como prueba de lo denunciado más de 80 fotos y 40 videos en los que aparece Hernández haciéndole campaña a su esposo Jefferson Vega. 

Apareció en vallas publicitarias y asistió a reuniones políticas donde se observan afiches en los que compartía publicidad con el señor Jefferson Vega Buitrago, quien aspiró al Senado de la República por el Partido Conservador Colombiano para el periodo 2018-2022 con el número 77”, indica la denunciante.

En el escrito, se advierte que es un caso abierto de doble militancia y por eso el CNE debería “decretar la revocatoria de la inscripción, al considerar que, con el material probatorio obrante a esta instancia del proceso, existe plena certeza del desconocimiento del artículo 107 superior”. “Las inhabilidades surgen cuando no se tienen las calidades personales para ejercer un cargo o dignidad por condiciones tales como la doble militancia”, dice la denuncia.

Los magistrados del Tribunal electoral, tendrán bajo su responsabilidad el examen de esta y otras denuncias llegadas al CNE, sobre estos casos y determinar si la candidata Hernández puede continuar o no siendo aspirante a la Gobernación de Santander. Hasta el momento, la candidata Hernández no se ha pronunciado sobre este tema.

LEÓNIDAS GÓMEZ PENDE DE OTRA DEMANDA

Mientras tanto, el candidato que representa al Polo Democrático Alternativo, también está incurso en una acción de solicitud de revocatoria directa del acto de su inscripción, ante el Consejo Nacional Electoral.

El abogado Álvaro Rueda Urquijo quien entabló la acción, considera que el hoy candidato a la gobernación, “se desempeñó a partir del 20 de julio del año 2018 y hasta el 18 de diciembre del mismo año como senador de la república. El senado le aceptó la renuncia, el mismo día en que presentó la renuncia (18 de diciembre)”. Significa esto, según el demandante, que el senador Gómez Gómez “ocupó el cargo para el que fue elegido por los santandereanos, solamente 4 meses y 28 días”, por lo que considera Rueda Urquijo, que “hubo un engaño al elector, pues la gente le dio un mandato para que la representara en el Congreso de la República durante cuatro años y Leónidas Gómez decidió retirarse del congreso sacrificando una credencial de senador de la república que por derecho propio le correspondía al departamento de Santander”.

Para el denunciante, “la Constitución Política de Colombia en los artículos 180 y 181 declara unas incompatibilidades para los servidores públicos, en este caso para un senador de la república que se rige por la Carta Magna”.

El referido artículo, señala que los congresistas no podrán desempeñar cargo o empleo público o privado durante su periodo constitucional (cuatro años). Mientras tanto el artículo 181 establece que esas incompatibilidades de los congresistas “tendrán vigencia durante el período constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior”.

Álvaro Rueda sostiene que si Leónidas Gómez renuncio el 18 de diciembre del año 2018, “solamente hasta el 18 de diciembre de 2019 se podría desempeñarse en otro cargo, público o privado”. También se refiere el denunciarte a la Ley 5ª de 1992 que regula al Congreso de la República, a los servidores públicos, establece en su artículo 284 que “las incompatibilidades tendrán vigencia durante el período constitucional respectivo. En caso de renuncia se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior”, con lo que reafirma lo ordenado por la Constitución Política colombiana.

Pese a estos argumentos, dice Álvaro Rueda, en caso de ganar las elecciones del próximo mes de octubre para la gobernación de Santander, Leónidas Gómez se posesionará el primero de enero de 2020 sin ningún problema, pero encuentra inconvenientes: “Para que él se posesione en el eventual caso de ser electo gobernador, tendrá que ganar estas elecciones el 27 de octubre del año en curso y ya para esa fecha, el candidato podría estar incurso en una inhabilidad sobreviniente; pues, para el primer día de las inscripciones que fue el 27 de junio, Leónidas Gómez tenía solo seis meses y 28 días de haber renunciado a su cargo de senador y no el año que por Constitución debería guardar para inscribirse a un cargo por elección popular”.

Dice el denunciante que Leónidas Gómez, “después del 19 de diciembre se podría posesionar en un cargo público de carácter nominal y administrativo, como es el nombramiento a un cargo público,, pero cuando se trata de cargos de elección popular se requiere unos actos de trámite para poderse materializar el acto complejo o compuesto, que en este caso es su posesión en su condición de gobernador de un departamento, que es un cargo uninominal”.

Pero a lo anterior, le preceden otros actos de carácter administrativos, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, como la inscripción en el Formulario E-6”, dice Rueda Urquijo. El siguiente acto administrativo simple sería el documento que le expide la Registraduría como gobernador. Estos dos actos no producen de fondo una decisión administrativa hasta que Gómez Gómez se posesione. Cuando se posesione, el acto administrativo de posesión lo expedirá otro órgano del Estado que es la gobernación, en este caso, de Santander. Ahí, dice Rueda Urquijo, “a Leónidas Gómez le sobreviene una inhabilidad, toda vez que él no ha dejado transcurrir el tiempo que la Constitución le otorga que es de un año antes para ejercer”.

Por su parte, la Sesión Quinta del Consejo de Estado ha sido reiterativo en que las inhabilidades inician en el momento en que la persona se inscriba como candidato. Considera Álvaro Rueda Urquijo, “que tiene como ciudadano, la obligación de poner en conocimiento a la autoridad nacional electoral de estas presuntas irregularidades en las que podría estar incurso el candidato del Polo Democrático Alternativo para la gobernación de Santander”.

Será entonces, el Consejo Nacional Electoral, el que en los próximos dos meses defina la situación en que se encuentra el candidato a la gobernación de Santander, Leónidas Gómez Gómez. De lo contrario, las acciones se enrumbarán hacia el Consejo de Estado, la última instancia en esta situación que se presenta dentro de la política eleccionaria santandereana.

Para los electores surge aquí la incertidumbre de que tanto Ángela Hernández Alvarado como Leónidas Gómez, puedan estar incursos en posibles irregularidades, que de una u otra manera podrían truncar sus aspiraciones de convertirse en gobernadores de Santander.