“La Central de Espionaje de Didier Tavera”

Por las calles de Bucaramanga transitan todos los días más de tres mil quinientos abogados en el ejercicio de su profesión, pero ninguno de ellos ha tenido el valor de reclamarle con vehemencia al gobernador Didier Tavera, el haber auspiciado que se vulnerara el derecho a la intimidad de todos los santandereanos.

Por: OSCAR JAHIR HERNANDEZ

Para el año 2017, la Gobernación de Santander puso sus ojos en el documento CONPES 3582 del año 2009, y decidió interpretar a su conveniente acomodo el concepto de participación ciudadana alrededor de la ciencia y la tecnología, con lo cual suscribió tres convenios con las Unidades Tecnológicas de Santander, la Universidad de Pamplona y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. EMTEL E.S.P. El objetivo del gobierno nacional era que los colombianos generaran propuestas de innovación en materia de tecnologías digitales, un cometido que se ha venido logrando con la existencia de aplicaciones como las de Rappi, Tappsi, Hogaru o 1doc3.

Iniciativas que están sustentadas en el capital privado y que terminan redundando en beneficio de la sociedad gracias al aporte de esas empresas. Pero como en el gobierno de Didier Tavera todo es al revés, decidieron tomar ese objetivo gubernamental para acomodarlo a sus propios intereses. Para los que aún siguen creyendo que las ejecuciones de esos convenios están encaminadas a la instalación de 900 cámaras en las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja por motivos de seguridad; me permito informarles que según el acta número 002 del día 19 de julio de 2017 de la secretaría del interior de la Gobernación, la misma policía le informó a su grupo de telemática que dichos dispositivos cumplen un fin investigativo distinto a los de seguridad física. Así que, si usted es de esos ciudadanos que aún creen en las nobles intenciones de este gobierno en materia de vigilancia, lo invito a que analicemos juntos la letra pequeña de los convenios que le dieron vida a un unicornio llamado “laboratorio ciudadano”.

Miles de veces hemos escuchado en nuestra vida sobre la importancia de leer la letra pequeña, y a pesar de las advertencias, aún seguimos sin hacerlo. Dado que el ritmo diario en materia periodística no permite detenerse con más profundidad en los hechos que son noticia, los ciudadanos no pueden conocer todo lo que en algún momento puede llegar a afectarlos, y eso es precisamente lo que sucede con el proyecto denominado “innovación por una cultura ciudadana participativa mediante la investigación del comportamiento social apoyado en tic en el área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja”. ¿No entendieron nada? ¡No se preocupen!, se los voy a resumir de la siguiente forma: “Nos van a espiar mediante un programa de computación para que algunos funcionarios puedan comercializar nuestros datos y patrones de conducta sin ninguna autorización legal”. ¿Ahora si me hice entender?

Esta deducción se obtiene al leer los estudios previos del convenio interadministrativo entre la Gobernación de Santander y las Unidades Tecnológicas: “La disponibilidad de la información recopilada en una plataforma abierta permitirá a terceros desarrollar aplicaciones en el ámbito de la industria digital, con los efectos colaterales nada desdeñables de obtener beneficios económicos derivados de la comercialización de la información a terceros”.

Esta es la letra pequeña que todos los periodistas deberían leer antes de salir a aplaudirle a este gobierno propuestas que atentan contra las libertades de todos los ciudadanos, y sobre todo, que vulneran flagrantemente la ley de protección de datos en Colombia (Ley 1581 de 2012) y el derecho a la intimidad que tienen las personas en el desarrollo diario de sus actividades.

¿EFECTOS COLATERALES NADA DESDEÑABLES?

Al honorable equipo jurídico de la gobernación de Santander, se le olvida que los efectos colaterales se llaman “colaterales” porque en la gran mayoría de los casos algo resulta adverso a lo que se inicialmente se pretendía. Así como cuando los afectados por los secuestros de la guerrilla crearon un mecanismo de defensa privado que terminó “colateralmente” transformándose en un fenómeno paramilitar.

Así que observar en los estudios previos que le dan nacimiento a un proceso contractual superior a los $18.000’000.000, que pueden llegar a existir “efectos colaterales nada desdeñables”, es una inmensa sandez que más valía no haberse escriturado nunca, y menos cuando a las personas que piensan vincular al proyecto de observación se les denomina “red de cooperantes” (Aquí están los integrantes de la red).

LOS CONVENIOS ADMINISTRATIVOS

El primer convenio que le da vida a todo esto es el número 879 del 05 de abril de 2017 por un valor de $3.341’080.647 entre la Gobernación de Santander y la Unidades Tecnológicas de Santander, para “apoyar el desarrollo de los objetivos” del proyecto líneas arriba ya mencionado; el segundo de ellos es el número 883 del 05 de abril de 2017 por un valor de $14.100’234.210 entre la Gobernación de Santander y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. EMTEL E.S.P., para “la ejecución del componente tecnológico del proyecto de innovación que aquí se trata”, y el tercer convenio es el número 885 de 2017 del mismo 05 de abril de 2017 entre la Gobernación de Santander y la Universidad de Pamplona, por un valor de $1.058’000.000 para la interventoría en todos sus aspectos de los dos convenios anteriores.

Hasta aquí van $18.500’000.000 para un proyecto que solo muy pocos lo entienden técnicamente, y dentro de esos pocos se encuentra el ingeniero de sistemas Omar Lengerke Pérez, rector de las UTS.

¿EXISTEN INTENCIONES OCULTAS EN LA RECTORÍA DE LAS UTS?

Vamos por partes. Si existe alguien que entienda la verdadera dimensión de un proyecto de investigación de comportamiento en la ciudad, ese es Lengerke, y por eso no deja de ser preocupante que se le quiera ocultar a la ciudadanía la adquisición de un software especializado de analítica de video, que no es otra cosa más que inteligencia artificial capaz de identificar de forma específica a alguien en particular al interior de la ciudad en el momento que se estime conveniente.

Esto ya no es una película de ciencia ficción, es la realidad. Los defensores del proyecto dirán que es una ayuda importante a la hora de resolver un delito o ayudar a las autoridades a capturar un delincuente, pero quizás no se han puesto a pensar que esa base de datos será capaz de identificar en las calles a las parejas homosexuales con el riesgo de que los ciudadanos sean posteriormente clasificados por sus gustos sexuales, sin que nadie les garantice que algún grupo homofóbico no tendrá acceso a esa información.

Y si se quiere algo peor, tengan en cuenta que quien maneje la central de información de este proyecto, podrá saber en tiempo real el sitio exacto donde se encuentra una persona del común, pero también podrá ubicar con exactitud al alcalde de Bucaramanga, a un empresario, a un veedor, o a un dirigente sindical. ¡Unos efectos colaterales nada desdeñables! ¿verdad señor gobernador? Por eso es tan importante hacerse la siguiente pregunta: ¿A quién se le ocurrió poner en el convenio la comercialización de la información de los ciudadanos? ¿A usted señor Lengerke?

EL GOBERNADOR QUE VENDIÓ A LOS SANTANDEREANOS

La imagen de una persona es un dato de carácter personal que requiere una serie de protocolos para su tratamiento, pero a los santandereanos les van a robar sus patrones de conducta desde que salen de su casa hasta que regresan a ella, y esta es la hora en que no se sabe quiénes se van a beneficiar realmente de este espionaje.

Por eso no deja de ser sorprendente que los periodistas locales estén aplaudiendo la instalación de las renombradas 900 cámaras, y no tengan ni la menor idea de dónde se alojarán los datos que se van a recoger con ellas, quiénes los van a manejar, y quiénes los van a comercializar. Están vendiendo la vida de los ciudadanos y nadie se ha dado cuenta.

EMTEL, UNA EMPRESA DE DUDOSA REPUTACIÓN

La empresa encargada del componente tecnológico para analizar las vidas de los ciudadanos en el departamento, es la cuestionada Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. EMTEL E.S.P., responsable en gran medida del encarcelamiento del alcalde de Popayán a raíz de la celebración de un convenio interadministrativo en el cual fue otra empresa la que terminó ejecutando el contrato (Quipux S.A.S.), de la misma forma que está pasando en este caso, pues debe darse a conocer que Emtel E.S.P. no es quien está al frente de la ejecución del convenio con la Gobernación de Santander, sino una empresa privada denominada Inversiones Tecnológicas de América S.A., con quien Emtel E.S.P. suscribió un contrato por casi $11.000’000.000 para ejecutar las mismas actividades por las cuales se hizo el convenio interadministrativo.

Muchos podrían decir que lo que hizo Didier Tavera, fue celebrar un convenio para omitir la obligación de adelantar un proceso licitatorio, porque al final de cuentas terminó entregándosele a un particular. Una situación por la cual también podría irse preso, pero de una manera mucho más rápida que con el PAE.

Y eso sin descontar la gran preocupación que debería causar el hecho de que Emtel E.S.P. haya sido embargada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y que según la calificadora de valores Value and Risk, tenga una calificación BB (Doble B menos) en su capacidad de pago. Otro contratista más de esos que le encanta al “gobierno que nos une”.

¿CONTRATOS AMAÑADOS?

La responsabilidad de las UTS en este asunto va más allá de ser una simple receptora de los dineros departamentales, pues uno de los primeros contratos que se celebraron con los dineros del convenio, fue con la empresa Aprendizaje Interactivo S.A.S. (Contrato 2597 de 2018) representada por Ricardo Caro Aponte, por un valor superior a los $390’000.000 para diseñar la estrategia en la gestión de la información, empresa que presenta más de tres direcciones en la ciudad de Bogotá sin que se sepa cuál de ellas sea la real.

El segundo contrato se ejecutó con la Fundación FACEIT (Contrato 2426 del 13 de noviembre de 2019) por un valor superior a los $858’000.000 para implementar una estrategia de apropiación de contenidos en Big Data y Open Data para la creación de aplicaciones, pero lo curioso de esto, es que su equipo de trabajo son las siguientes personas: Fabio Alberto Cortes Gómez, Sandra Patricia Gutiérrez, Leandro Silva Garavito y Fabián Ricardo Caro Aponte, quienes resultan ser toda la cúpula directiva de la primera empresa que se contrató: Aprendizaje Interactivo S.A.S.

Dentro de las obligaciones que tiene la Fundación para con las UTS, está la de llevar a cuatro integrantes del laboratorio ciudadano a la ciudad de Barcelona-España los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2019, para asistir al Congreso Mundial de Ciudades Inteligentes. Sería bueno preguntarle al rector Lengerke quienes fueron esos 4 afortunados.

Hasta el día de hoy se han contratado 34 personas naturales en el desarrollo del proyecto de innovación por un valor de $690.575.200, en donde solo los contratos de 10 personas representan el 62% de esos dineros, dentro de las cuales se encuentran Andrea María Navarrete Mogollón, fundadora del movimiento Mujeres Bici-bles, Claudia Milena Salinas Calderón, excandidata al Concejo de Bucaramanga por el partido conservador en el año 2015, y John Manuel Delgado Nivia, exsecretario de Desarrollo de Santander en el gobierno de Richard Aguilar y hoy director del laboratorio de cultura ciudadana, quien es la persona más beneficiada quedándose con el 20% de la contratación.

¡SEÑORES DIPUTADOS DESPIÉRTENSE!

La contratación del proyecto de innovación con la puesta en funcionamiento de las 900 cámaras, tiene un agravante mucho peor: incumple la Ley de protección de datos personales. Para entender el asunto se consultó con un experto en el manejo de protección de datos y propiedad intelectual, quien manifestó lo siguiente respecto a los convenios celebrados: “La Gobernación de Santander se encuentra en estado de violación de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, porque en su calidad de responsable de la información no está cumpliendo las siguientes obligaciones legales:
1. No cuenta con una Política de Protección de Datos.
2. No tiene un Aviso de Privacidad que dé a conocer la referida política.
3. No tiene registradas todas las bases de datos personales de la Gobernación en el Registro nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
4. No ha adoptado un Manual de Políticas y Procedimientos para garantizar el cumplimiento de la Ley.
5. No ha designado una persona o área responsable de la atención de PQR´s de los titulares de datos personales.
6.  No ha identificado los “Encargados” de datos personales, calidad que en principio pueden estar ostentando las UTS, EMTEL SA ESP y los “cooperantes” en el proyecto.
7. No ha verificado que los “encargados” de sus datos personales estén cumpliendo la Ley de protección de datos. 
8. No ha definido las responsabilidades de la Gobernación, en relación con los titulares de datos vinculados con el proyecto.
9. No ha definido las responsabilidades de los “encargados” en relación con los titulares de datos vinculados con el proyecto.
10.  No ha identificado si hay Transmisión o Transferencia Internacional de datos, y si ello se hace a destinos seguros.
11. No ha establecido los procedimientos de acceso, actualización, supresión y rectificación de datos de los titulares de los datos vinculados en el proyecto.
12. No ha hecho una “evaluación de impacto de datos personales” al tratamiento de los datos que se recolectarán con ocasión del proyecto.
13. No ha establecido un programa de gestión y manejo de violaciones de seguridad vinculada con el proyecto.
14. No ha establecido los mecanismos para impedir el acceso no autorizado de terceros a los datos personales vinculados con el proyecto.
15. No ha establecido un sistema de auditorías de cumplimiento de hábeas data de los “encargados”.
16. No ha precisado las actividades que los “aliados del proyecto”, “la comunidad académica”, “agentes comunitarios” y “cooperantes”, realizarán en relación con los datos personales vinculados con el proyecto
”.

Vistas, así las cosas, no puede entenderse cómo una institución pública que no ha sido capaz de cumplir con sus obligaciones propias en materia de Ley de protección de datos personales, vaya a ser capaz de brindarle seguridad jurídica a los datos personales de una sociedad entera.

¿VAN A SEGUIR APLAUDIENDO?

La información de una persona hoy en día resulta ser más importante que la persona misma, y por eso es que saber lo que hace un ciudadano desde que se levanta hasta que se acuesta se convierte en una oportunidad de negocio que, de conformidad con los estudios previos del proceso contractual, terminará favoreciendo económicamente a algunos, pero pondrá en riesgo la vida de muchos otros.

Para nadie es un secreto que en la ciudad de Barrancabermeja conviven líderes sociales y desmovilizados de los grupos armados, quienes al igual que los ciudadanos de a pie, terminarán siendo identificados por el software perteneciente a este convenio, el cual indicará las pautas de comportamiento de cada uno de ellos incluyendo a que sitios asisten, con quienes se hablan y a que colegio llevan a sus hijos. Esta es una situación muy delicada como para que los periodistas salgan a decirle a los ciudadanos que se pueden quedar tranquilos con la instalación de las cámaras.

Este es un momento propicio para que los grupos sociales como la comunidad LGTBI, los movimientos sindicales, los estudiantes universitarios, los líderes sociales, los veedores ciudadanos, los reinsertados y los desplazados por la violencia, presenten su voz de protesta ante la inminente vulneración de sus libertades civiles. Si esta información fuera manejada por la policía y los demás organismos de seguridad del Estado, la responsabilidad sería evidente. Pero al día de hoy lo único que sabemos es que la manejarán los directivos de una institución educativa que para muchos está controlada políticamente por una familia: Los Tavera. (Tomado de https://oscarjahir.com/la-central-de-espionaje-de-didier-tavera/)